Claridad

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Hay momentos históricos en los que una sola cuestión política absorbe a todas las demás. Un ejemplo muy claro de este single-issue politics lo acabamos de presenciar en las elecciones del Reino Unido. Los tories ganaron porque se dieron cuenta de que el Brexit era la cuestión que iba a determinar el resultado electoral. Por eso basaron su campaña en una propuesta clara para llevar a cabo el Brexit lo antes posible. Los laboristas no fueron capaces de entender esto y optaron por dar prioridad a otras cuestiones. Su postura sobre el Brexit fue errática y poco clara, y por eso perdieron.

Creo que el nuevo gobierno de España debería entender que se enfrenta a una situación similar con respecto al conflicto en Cataluña. El proceso independentista catalán va a ser la cuestión política que determine el éxito o el fracaso del gobierno en esta legislatura. O aprovecha los próximos cuatro años para plantear una solución duradera al conflicto igual que los tories hicieron con el Brexit, o me temo que en cuatro años la situación habrá empeorado todavía más y la unión de la derecha y la extrema derecha en España ganará las elecciones (independientemente de los éxitos o fracasos del gobierno actual en otras cuestiones).

A mi entender, la resolución deseable del conflicto en Cataluña pasa por la celebración de un referéndum de independencia. A continuación haré una propuesta para realizar dicho referéndum. Para ello me inspiraré en la llamada Ley de Claridad canadiense. En mi opinión, se debería proponer una Ley de Claridad española que permitiera abordar los conflictos independentistas dentro del país siguiendo las pautas recogidas en este artículo.

Primero expondré brevemente las posturas defendidas por ambas partes. Por un lado, los llamados partidos constitucionalistas se niegan tajantemente a la celebración de cualquier referéndum que ponga en cuestión la indivisibilidad de España. Para ello recurren al artículo dos de la Constitución: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. La Constitución fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 por una amplia mayoría (también en Cataluña). Por tanto, la unidad de España es indisoluble y no puede estar sujeta a referéndum en ninguna comunidad autónoma, ya que, tal y como sostiene el artículo uno: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

Por su parte, los partidos independentistas catalanes sustentan sus reivindicaciones en una lectura ampliada del derecho de autodeterminación recogido por la Carta de las Naciones Unidas, según el cual “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. La incorporación de este artículo a la Carta de las Naciones Unidas tenía por objeto facilitar los procesos de descolonización. No obstante, el independentismo catalán sostiene que también es aplicable a Cataluña porque en siglos pasados se produjeron varias guerras civiles en suelo catalán en las que una amplia parte de la población defendió la separación de España. Para legitimar esta postura recurren además a los referéndums de independencia celebrados en numerosos territorios no conformados por colonias, como por ejemplo los referéndums de independencia de Quebec, Escocia o Noruega.

Por consiguiente, el escollo aparentemente insuperable del enfrentamiento entre independentistas y constitucionalistas en Cataluña se cristaliza en una disquisición legal en la que una parte sostiene que la Carta de las Naciones Unidas tiene prevalencia sobre la Constitución española, y otra parte que sostiene lo contrario.

No obstante, una lectura más profunda de este conflicto nos conduce a una idea que es anterior al debate sobre la prevalencia de un texto u otro. Esa idea es la de la indivisibilidad. Así, da la impresión de que si el artículo dos de la Constitución española no hiciera referencia a la “indisoluble unidad” de España, la necesidad de encontrar un método democrático para solucionar el conflicto en Cataluña ya habría sido expuesto por parte del constitucionalismo. De igual modo, el nacionalismo catalán solo parece negar la indisolubilidad de España, pero no de Cataluña, pese a que la mayoría de catalanes no se declara en favor de la independencia en las encuestas y que la mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña solo sea producto de la distribución no proporcional de escaños. Para el independentismo catalán basta una mayoría parlamentaria para declarar la independencia de Cataluña e instaurar una república independiente indisoluble y sin ningún mecanismo en su legalidad que garantice el derecho de autodeterminación o de reunificación con España a ninguno de sus territorios.

Por tanto, soy de la opinión de que el verdadero problema es el término indisolubilidad, y que este debería desaparecer de la propuesta de resolución del conflicto.

Canadá se enfrentó a este mismo problema en la década de 1990 durante el desafío independentista de Quebec. El encargado de desbloquear el conflicto fue el Tribunal Supremo de Canadá mediante la Ley de Claridad. Esta ley estableció tres parámetros para la celebración de un referéndum de independencia en cualquiera de los territorios canadienses. (Victoria Carbajal los recogió en su artículo “El Ejemplo de Quebec”):

  1. No se puede celebrar un referéndum de manera unilateral.
  2. La pregunta ha de ser clara y hay que establecer un mínimo de participación.
  3. Las comarcas que no apoyen la independencia no se unirán al nuevo país.

A mi entender, estos tres parámetros deberían servirnos de guía para el enunciado de una Ley de Claridad española que estuviera conformada por los siguientes postulados:

  1. Si en un plazo de seis meses, en una comunidad autónoma se recoge un mínimo del 50% de firmas de los empadronados mayores de edad con nacionalidad española en favor de una consulta soberanista, se habrá de celebrar un referéndum de independencia en dicha comunidad autónoma en el plazo de los seis meses posteriores.
  2. La pregunta tanto para la recogida de firmas como para el referéndum ha de ser del tipo: ¿Quiere usted que la comunidad autónoma en la que está empadronado se independice de España y pase a ser un estado independiente?
  3. Entre consulta y consulta habrá de pasar un mínimo de 25 años.
  4. La participación mínima para que la consulta sea válida ha de ser del 75%.
  5. Para que una comunidad autónoma se independice de España el sí a la independencia debe ser mayoritario en todas sus provincias.

El primer punto parece que en Cataluña está bastante claro y que la mayoría de la población sí que apoya la celebración de un referéndum. Por tanto, ese referéndum de independencia debería celebrarse.

El segundo punto responde a la acertada llamada a la claridad de la pregunta hecha por el Tribunal Supremo de Canadá. La pregunta no debe ser ambigua ni dejar lugar a dudas: ¿Quiere usted la independencia sí o no?

El tercer punto dota a la decisión de romper un país del carácter histórico que le corresponde. La creación de un estado independiente a partir de la escisión de otro estado no puede ser tomada a la ligera. Cuatro referéndums por siglo me parece un plazo adecuado teniendo en cuenta que 25 años es el plazo que más o menos tarda una nueva generación en aparecer.

El cuarto punto establece el mínimo de participación al que se refiere el tribunal canadiense. La participación para tomar una decisión histórica debe ser muy superior al 50%, y por tanto creo que el 75% es una cifra razonable.

El quinto punto es el que más se aleja de lo dispuesto en Canadá. La razón por la cual creo que en España no se debería optar por una solución como la canadiense es que, si nos fijamos bien, la independencia de Quebec habría convertido al nuevo país en un queso Gruyère lleno de agujeros en el que cada comarca podría haber pertenecido a un país u otro. El lío habría sido monumental y el colapso institucional hubiera estado casi garantizado. En España, las comunidades autónomas están divididas en provincias. Es por tanto esa división la que dota a las comunidades autónomas de su dimensión histórica, ya que las comunidades autónomas no se pueden entender sin todas sus provincias constituyentes. Por tanto, la independencia debería decidirse al nivel de las provincias que conforman una comunidad autónoma. Si la independencia no ganase en todas las provincias de una comunidad autónoma, la comunidad autónoma en cuestión no debería declarar su independencia. Asimismo, si la independencia ganara en todas las provincias de una comunidad autónoma, toda la comunidad autónoma debería convertirse en independiente, sin importar lo ocurrido a niveles administrativos más pequeños como municipios y comarcas. Solo así se podría garantizar la viabilidad administrativa del nuevo estado.

Para evitar la unilateralidad a la que se refiere el Tribunal Supremo canadiense, estos cinco puntos deberían someterse a un referéndum consultivo de toda la ciudadanía española. Si una mayoría de españoles se mostrara a favor de una ley como la que propongo, los partidos políticos presentes en el Parlamento español deberían incorporarla a la carta magna mediante una reforma constitucional, que como sabemos necesita de las tres cuartas partes de la cámara para ser aprobada.

Previamente al referéndum consultivo, el Gobierno debería abrir una ronda de negociaciones. Para ello habría que crear una mesa de negociación en la que estuvieran presentes todos los partidos con representación parlamentaria, de manera que los cincos puntos propuestos anteriormente fueran un punto de partida para abrir la negociación. Creo que como acto de buena voluntad y atendiendo a las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, el Gobierno debería amnistiar a los encarcelados y huidos de la justicia por la convocatoria del referéndum del 1 de octubre. Por su parte, el independentismo debería corresponder a este gesto con un cese de hostilidades por parte de la sociedad civil. Transcurrido un plazo razonable y una vez introducidos todos los cambios pertinentes, el Gobierno debería asumir la responsabilidad de convocar el referéndum consultivo.

Estoy convencido de que ningún partido, ni constitucionalista ni independentista, se mostrará en un principio a favor de mi propuesta, pero por eso mismo creo que la propuesta sería apoyada mayoritariamente por la ciudadanía en el referéndum consultivo.

En Cataluña la división de la sociedad es dramática. El procés no solo ha dado lugar a actos de violencia, también está rompiendo familias, amistades y tejidos sociales. La ciudadanía está divida en dos opciones antitéticas y por eso creo que no desea ninguna de las dos. Una propuesta equidistante y democrática que no defienda el programa de máximos de ninguna de las dos facciones enfrentadas supondría un alivio y una perspectiva de salida al conflicto. Los nacionalista españoles bramarán contra toda propuesta de referéndum, los nacionalistas catalanes harán lo mismo contra cualquier alternativa que no sea la independencia, pero creo que la mayoría social, tanto en Cataluña como en el resto de España, mostraría una sabiduría política que rebasaría los frentismos.

A mi entender, el actual gobierno no ha comprendido que se enfrenta a una legislatura single-issue en la que Cataluña va a decidir el futuro de España. En vez de poner encima de la mesa una solución duradera al conflicto como la propuesta más arriba ha optado por la estrategia errónea de dar una patada a la lata. Efectivamente, de esta manera ganará algo de tiempo. Así es como ha conseguido llevar adelante la investidura y evitar unas terceras elecciones, pero después de unos pocos pasos más se ha vuelto a encontrar con la lata. Ahora parece que quiere volver a ganar tiempo con una nueva patada que le permita hacer una reforma del código penal para que los políticos encarcelados salgan de la cárcel. A cambio, espera poder aprobar los presupuestos generales del estado con los votos de los independentistas. Si opta por dar este tipo de patadas durante los próximos cuatro años, el conflicto no se resolverá, sino que se enquistará todavía más. Si la unión electoral de la derecha es la única que presenta una propuesta de resolución duradera al conflicto, ganará las elecciones. Entonces la España negra volverá al poder y las consecuencias serán catastróficas, tanto para Cataluña, como para el resto de España.

Euro delendus est.

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