Los docentes la educación pública no universitario de la Comunidad Valenciana serán convocados a partir del 11 de mayo a una huelga indefinida después de que las negociaciones con la Consejería de Educación se hayan roto y los profesores no hayan conseguido sus reivindicaciones; estas incluyen la recuperación del poder adquisitivo perdido, la reducción de ratios de alumnos y de la burocracia que tienen que realizar, recuperación de las plantillas docentes recortadas, y la mejora de las infraestructuras educativas públicas.
La decisión está tomada y es que será una huelga indefinida y semana a semana las organizaciones convocantes irán analizando y valorando qué tipo de movilizaciones se harán realizando.
La mayoría del profesorado valenciano era favorable a iniciar el 11 de mayo una huelga indefinida, según una encuesta en la que participaron cerca de 10.000 profesores y que se dió a conocer el sábado pasado. Los sindicatos estiman que “está agotada la negociación con la Consejería en el momento en que no solo no presentó ninguna propuesta sobre retribuciones, sino que informó que hasta otoño no se negociaría ninguna subida salarial por problemas con los presupuestos”.
Huelga de educadoras infantiles en Madrid
Las educadoras infantiles de 0 a 3 años de la Comunidad de Madrid mantienen su huelga indefinida desde el pasado 7 de abril; la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) tiñe las calles de amarillo para denunciar la precariedad de este sector, conformado por mujeres en un 97%, y reclamar una mejora urgente de las condiciones laborales que permita «garantizar una educación pública, universal y de calidad».
El conflicto comenzó con la negociación del convenio colectivo, cuando los sindicatos mayoritarios aceptaron tablas salariales con un aumento de una miseria: 16 euros. Finalmente y como remate, la nueva Ley Educativa “al ver que nos excluía y que sólo contemplaba la gratuidad para las familias”, lo que hizo que se unieran todas independientemente del modelo de gestión, explica Rosa Marín, educadora infantil y portavoz de PLEI
Las trabajadoras describen una realidad marcada por «una economía de subsistencia». Muchos centros antiguos sobreviven con presupuestos que obligan a priorizar gastos básicos. «La Comunidad te da un dinero que tienes que repartir en partidas. La alimentación y el gasoil se llevan la mayor parte; tener dinero para hacer algo más es impensable», relata una educadora infantil sobre las dificultades de mantener una infraestructura que no se remodela. Las malas condiciones de las infraestructuras se traducen también en una pésima climatización. En julio, la situación es crítica: sin aire acondicionado, las aulas se convierten en una pesadilla, donde el calor se combate con pingüinos portátiles que disparan la humedad en el aula.
La falta de inversión afecta incluso a la seguridad física, faltan estructuras de juego, material didáctico y material de patio.
Otra de las exigencias de las educadoras infantiles es la bajada de ratios para garantizar la seguridad en el aula. Actualmente, Madrid se rige por una normativa que permite cifras que duplican las recomendaciones de la Unión Europea. Mientras que la Comisión Europea establece una profesional por cada 4 bebés, una por cada 6 criaturas de uno a dos años y una por cada 8 de entre dos y tres años, en Madrid los límites son: 8 bebés, 14 niños de 1-2 años y hasta 20 de 2-3 años.También hay exigencias salariales ya que estas profesionales, con el modelo actual, tienen tablas salariales por debajo del SMI y sin reconocimiento de su categoría profesional, personal docente.
El problema de fondo no es coyuntural, sino estructural: responde a un modelo que convierte derechos en servicios y cuidados en mercancía. Cuando se externalizan ámbitos tan sensibles como la educación infantil, los pliegos de condiciones y la inversión pública terminan subordinándose a la lógica del beneficio empresarial. En ese equilibrio desigual, quienes acaban pagando el precio son las trabajadoras, con salarios bajos, inestabilidad y falta de reconocimiento y, en última instancia, los propios niños y niñas. No es aceptable que las educadoras que acompañan una etapa tan vulnerable y decisiva trabajen en condiciones de precariedad mientras las administraciones eluden su responsabilidad directa.
Pero hay una cuestión aún más profunda: no podemos seguir tratando la infancia como si fuera un producto dentro del engranaje del mercado. La educación en los primeros años no es un servicio cualquiera ni un espacio donde optimizar costes, sino un derecho fundamental y una inversión social de primer orden. Convertirla en objeto de lucro implica aceptar recortes, ratios elevadas y condiciones laborales deterioradas que impactan directamente en la calidad del cuidado y del desarrollo emocional, cognitivo y social de los menores.
La gestión de la etapa más determinante de la vida de un ser humano no puede quedar en manos de intereses empresariales cuyo objetivo principal es la rentabilidad. Requiere compromiso público, estabilidad, recursos suficientes y una mirada que sitúe el bienestar de la infancia y de quienes la cuidan en el centro de las políticas.
