La costumbre mediterránea de cocinar en casa, basada en los ingredientes vegetales y la cocción saludable, parece condenada a muerte por la invasión de la barbarie (nunca más apropiado este término). El sueño húmedo de los magnates de los supermercados se está haciendo realidad y ya resulta más barato (en términos monetarios inmediatos) comprar comida ultraprocesada que preparar una comida fresca en casa. Esto no es una percepción, sino una realidad respaldada por datos.
En cualquier supermercado hoy, un par de kilos de patatas y media docena de huevos, ingredientes básicos de una tortilla, cuestan más de cinco euros, buscando las opciones más baratas, sin contar el gasto en luz o gas, aceite, etc. En cambio, una tortilla precocinada cuesta unos 2.50 euros. Resulta más asequible la comida industrial. Por ejemplo, una pizza congelada de marca blanca (de 2 a 3 euros) o un paquete de salchichas de baja calidad (semejante precio) pueden ser la solución de una comida para una familia, con un coste mínimo de tiempo y energía.
Una ensalada con lechuga, tomate, atún, cebolla y aceite de oliva, o un guiso de lentejas con verduras frescas, puede superar fácilmente los 4-5 euros en ingredientes, sumado al coste de tiempo (compra, preparación, limpieza). En cambio, una lata o un paquete ya preparado se pueden adquirir por menos precio. No se trata ya de dejadez o de falta de tiempo, se trata de que ya es inasequible para muchas familias (más para personas que viven solas) la costumbre de cocinar en casa.
La capacidad de compra se encuentra estancada. No es solo el precio absoluto de la comida, sino la relación entre ese precio y lo que ingresa una familia. Los salarios en España han tenido un crecimiento muy por detrás de la inflación. El SMI (Salario Mínimo Interprofesional) ha subido, pero parte de la población sigue en umbrales de bajos ingresos.
Según datos del INE, el poder adquisitivo de los hogares españoles se ha visto erosionado. El salario moda (más frecuente) en España durante 2023 (últimos datos obtenidos por el INE) fue de 15.574 euros anuales brutos. Muy similar al SMI para 2025, fijado en 1.134 euros mensuales (14 pagas), equivalente a 15.876 euros anuales brutos (hay que añadir la brecha salarial de género, situada en el 15,7%).
Esto quiere decir que un trabajador en España, después de afrontar los elevados gastos en vivienda, servicios, movilidad y otros gastos corrientes, apenas dispone de lo justo para acometer la cesta de la compra. Cuando el dinero no llega a fin de mes, la decisión de compra se basa en el coste inmediato más bajo, no en la calidad nutricional a largo plazo. La comida industrial, densa en calorías y barata, se convierte en la opción más lógica para estirar el presupuesto.
Otro aspecto es el impacto desigual en la cesta de la compra. La inflación no ha golpeado por igual a todos los productos. Productos frescos como el aceite de oliva, la leche, los huevos, las frutas y las verduras han experimentado subidas de precio muy superiores al IPC general. Factores como el coste de la energía o transporte, más los costes de producción, disparan el precio final de venta al menor.
En cambio, los alimentos ultraprocesados se ven favorecidos. Las grandes corporaciones de alimentación tienen economías a escala, cadenas de suministro globales optimizadas y un poder de negociación enorme con los distribuidores. Pueden absorber mejor parte de la subida de costes y mantener precios bajos y muy competitivos. Además, sus ingredientes base (aceites de palma o girasol refinados, almidones) son commodities globales cuyo impacto en el precio final es menor que el de un producto fresco perecedero.
Las grasas y azúcares se ven así favorecidos frente a las proteínas y vitaminas, pues la estructura de costes hace que sea más barato producir calorías vacías (ultraprocesados) que nutrientes (frescos).
El contexto Imperialista en la UE es en este caso también un factor decisivo. La dependencia estructural y la relación centro-periferia dentro de la UE, provoca que España ocupe un rol periférico. De ese modo, la Política Agraria Común (PAC), si bien proporciona subsidios, ha tendido a beneficiar a grandes explotaciones y a orientar la producción hacia una agricultura intensiva para la exportación. Esto encarece el mercado local para algunos productos frescos y favorece un modelo de estandarización que nutre a la industria procesada.
España está sujeta a las normas de la UE que priorizan la libre competencia. Esto significa que debe competir con productos de otros países con menores costes laborales o estándares de producción menos estrictos, ejerciendo una presión a la baja sobre los precios que reciben los agricultores y ganaderos locales. Al mismo tiempo, las grandes multinacionales de la alimentación (muchas de ellas alemanas, francesas o suizas) operan en un mercado sin fronteras, consolidando su poder.
Otro factor es la dependencia energética. La alta dependencia energética del exterior (que encarece toda la cadena de producción y transporte de alimentos frescos) es un problema europeo que impacta con más fuerza en las economías periféricas como la española.
Por último, en el esquema europeo, países como España se han especializado en turismo, construcción y una agricultura de exportación, sin haber desarrollado una industria tecnológica o de alto valor añadido sólida. Esto condena a la economía a una mayor vulnerabilidad a las crisis y a salarios medios más bajos, reforzando el círculo vicioso del bajo poder adquisitivo.
En conclusión, el contexto europeo de dependencia mantiene a la economía española en una posición de debilidad (salarios bajos, dependencia energética, políticas desfavorables para la clase trabajadora).
Esto resulta en salarios estancados y un bajo poder adquisitivo para una parte significativa de la población. La inflación post-pandemia y de la crisis energética golpea con más fuerza a los alimentos frescos, esenciales para una dieta saludable. En cambio, la industria de los ultraprocesados, gracias a su poder económico y a sus eficientes cadenas de producción, puede ofrecer calorías baratas que se convierten en la opción más racional para familias con el presupuesto ajustado.
El resultado es un problema de salud pública (aumento de la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares) y un deterioro de la soberanía alimentaria, donde lo que se come no lo decide la cultura o la salud, sino la lógica del mercado y la desigualdad estructural.
