Juan Viera Benítez
1.-Un Problema Estructural
Los dramáticos incendios que han estado arrasando algunas comarcas de la región extremeña no se deben solamente a las elevadas temperaturas ni a la fuerza de los vientos, hay otras causas estructurales muy determinantes de estas fatalidades.
El desarrollo del capitalismo provoca el vaciamiento del mundo rural, la división entre el campo y la ciudad, el cambio climático y la ruptura de la unidad del ser humano con la naturaleza. Esas causas estructurales se acompañan de políticas coyunturales orientadas hacia la ganancia y la especulación que ahondan esta problemática general.
La ganancia es el motor que impulsa la penetración del mercado en todos los aspectos de la vida social; ahí, aparece el estado como fiel servidor y débil amortiguador de la anarquía en la que nos envuelven los intereses de los ricos industriales, financieros y latifundistas que imponen sus intereses desde la bolsa madrileña.
En Extremadura, los diferentes gobiernos regionales han seguido servilmente las decisiones emanadas desde Madrid. En esta línea de sumisión, nunca han incentivado la vida en el mundo rural para favorecer la rentabilidad económica de quienes viven de las explotaciones agrarias, ganaderas o forestales. Por tanto, resulta evidente que una de las causas de la destrucción de hábitat de nuestros bosques, de la vida de la fauna y flora, es la expulsión de nuestros agricultores, de la liquidación de las explotaciones agrarias y ganaderas, la pérdida de la presencia humana y animal necesaria que facilita el cuidado de los campos y montes.
La acumulación rápida de capital sustituye a toda la reproducción de la vida humana. En este marco mercantil se multiplica la incentivación de actividades impregnadas de especulación y lucro, como la enorme irresponsabilidad de promover urbanizaciones en terrenos forestales, o diferentes acciones relacionadas con la caza, con la madera, el corcho o cualquier otra intencionalidad que busque ampliar sin perjuicios algunos la acumulación capitalista directa o indirectamente.
2.- Deterioro de las infraestructuras físicas y sociales.
Los recortes presupuestarios del Estado y de las Comunidades Autónoma conducen a los pueblos al deterioro en los servicios públicos de sanidad, educación, centros residenciales, transporte público, el desgaste de las infraestructuras físicas, a lo que se une la dejadez en la protección de los montes públicos sin reparar conscientemente en los riesgos de incendios. Según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea, citados por Europa Press, los presupuestos destinados a la prevención de los incendios forestales han disminuido notablemente en el Estado español. Estos recortes en los fondos destinados a la prevención y lucha contra los incendios tienen unos efectos notables en las precarias condiciones laborales y en los recursos materiales de quienes hacen frente a estos dramáticos fenómenos.
Las Comunidades Autónomas privatizan estos servicios para beneficios de las empresas privadas con unas consecuencias notables en el abandono del cuidado y el desbroce de los montes, la falta de regularidad en los trabajos de desbroce, adecuación de áreas cortafuegos y vigilancia que reducen el riesgo de propagación del fuego en los incendios, la falta de limpieza de hierba seca de las cunetas de las carreteras, caminos y en las entradas en los pueblos, etc. que deben cuidarse en el otoño, invierno y primavera, porque de otro modo en el verano se transforman en potenciales elementos combustibles de incendios, cada vez más destructivos por unas altas temperaturas que acompañan al cambio climático.
3.- La influencia de las políticas de la UE, de la PAC.
A la desidia y dejadez de todas las administraciones del Estado Español para la prevención y lucha contra esta avalancha de incendios que han destruido y destruyen la España vaciada, se le suman las Políticas de la Unión Europea, y en particular la Política Agraria Comunitaria (PAC) que da muestras de la poca consciencia institucional y de sus dirigentes ante estos potenciales desastres.
Según la organización agraria la Unión de Uniones, las propuestas de la PAC no facilitan en nada la prevención de los campos y de los montes públicos puesto que: “unas de las medidas obligatorias a los productores de cultivos permanentes (olivar, viñedo, frutal de secano, etc.) es la llamada BCAM 5 (buenas prácticas agrarias y medioambientales). Esta norma obliga a dejar en los cultivos permanentes que tengan una pendiente superior al 10% una franja de tierra sin labrar para que se produzca pasto en la misma, que llegado el calor se seca. Al mismo tiempo para acceder a las ayudas de los eco regímenes o bien hay que dejar el 40% de la superficie con cubierta vegetal (pasto) o triturar los restos de poda, para mantener una cubierta, de pastos o de leña seca, ambos propagadores del fuego. Las plantaciones de olivar y de frutal de secano que están labradas sirven como contrafuego, en cambio, las que están cumpliendo con las normas de la PAC están propagando los fuegos e incendiando los cultivos”.
4.- Las deficientes políticas públicas.
El capitalismo en su expansión transforma todo en mercancía, destruyendo la naturaleza, alterando la vida humana, creando una enorme presión sobre la salud pública e incrementando las desigualdades. Los diferentes ámbitos del Estado, central y regional, se centran en servir a los intereses de los sectores sociales bien situados económicamente, abandonando las necesidades más elementales del pueblo llano, vivienda, empleo, protección social, cuidado del medio rural, etc. Un ejemplo significativo de este abandono, es el empleo por parte de las administraciones autonómicas y locales de sumas importantes de dinero en actividades taurinas y de ocio, dejando de lado servicios públicos esenciales.
En los entornos rurales faltan servicios públicos, otros se privatizan, todo en detrimento de la autonomía municipal y en detrimento de la población trabajadora del mundo rural. Las familias más expuestas son aquellas que viven en viviendas mal aisladas, trabajan al aire libre o carecen de acceso a medios de refrigeración. Hay que tener en cuenta que el 33 % de la población extremeña vive en el umbral de la pobreza. En muchas empresas agrícolas, de frutas y hortalizas la explotación alcanza cotas considerables a consecuencia de las exigencias patronales para mantener un elevado ritmo productivo, todo prima sobre la adaptación de horarios o el acceso a descansos y zonas de sombra.
5.- La torpeza de nuestros dirigentes institucionales.
Resulta una burla al pueblo extremeño que las autoridades regionales quieran atribuirse la eficacia y rapidez en el apagado de los incendios que han arrasado más de 15.000 Has de terrenos. Con una manipulación de los medios públicos tratan de ocultar un fracaso que si fueran honestos debiera llevar a una inmediata dimisión. No debiera ser menos ante el abandono de la protección preventiva de los montes públicos, el abandono de las inversiones necesarias para fortalecer con recursos humanos y materiales los medios y las infraestructuras necesarias para proteger la economía y la vida de quienes viven en los pueblos, así como la falta de organización y coordinación con el sector privado, con los propietarios particulares, de los suficientes y adecuados planes de prevención para no sólo prevenir sino, también, para luchar contra los incendios.
La incapacidad e impotencia de estos dirigentes institucionales queda de manifiesta cuando ante la falta de medios humanos regulares no ha quedado más remedio que acudir a los voluntarios de la zona, identificados y dotados con suerte con un chaleco y equipos de protección individual. Una administración que lleva tiempo abandonando los servicios públicos que pudieran prevenir estos sucesos dramáticos para la población y la naturaleza. Cuando todo está perdido acuden al gobierno central reclamando una rápida intervención del Ejército que tarda en llegar o no llega. La catástrofe no es algo improvisado, ha venido largamente preparada y planificada. Son muestras de las políticas del Capital Especulativo contra las clases trabajadoras y la vida rural.
6.- La movilización popular en defensa de la vida y la naturaleza.
Ante este abandono de las administraciones públicas es urgente que la población junto con movimientos sociales defensores de la vida y la naturaleza exijan unas Políticas Públicas que planifiquen, ordenen e incentiven las diferentes actividades agrícolas, ganaderas o forestales, para recuperar la soberanía alimentaria, los precios de las producciones agrícolas al objeto de que los campesinos recuperen la rentabilidad económica de sus explotaciones y la aplicación de la cadena alimentaria en beneficio de quienes producen y consumen los alimentos.
Es muy urgente que las instituciones aprueben presupuestos para la protección de los bosques, la eliminación de la vegetación seca y de todos los materiales inflamables, las inversiones necesarias para la contratación de guardias forestales, bomberos, e infraestructura de extinción de incendios, etc. El gobierno debe compensar de manera urgente, sin retrasos, en la totalidad económica necesaria a todas las familias afectadas para la recuperación de sus viviendas y economías. En este sentido, los miles de millones que el gobierno de España va a destinar para el armamento para las matanzas humanas se destine a planes de prevención, apoyo a los campesinos afectados, al incremento de las plantillas de profesionales de lucha contra los incendios, para adquisición de elementos para la prevención y apagado como: vehículos, aviones y helicópteros de extinción de incendios. Seguro que esto sería económicamente mucho más rentable para la población que la compra y producción de armas destinadas a la muerte de seres humanos. En resumen, necesitamos la acumulación de fuerzas sociales necesarias para derrotar al Capital Especulativo que devora a la naturaleza y a la ser humano.
