15 años de infrafinanciación de las universidades públicas por parte de la extrema derecha ayusiana en la Comunidad Autónoma de Madrid ha llevado a la quiebra de la Educación Superior como derecho en esta región. Simultáneamente la derecha aprueba, en contra de todos los informes de los organismos universitarios (Consejo de Política Universitaria, agencias acreditadoras…) pues no cumplen los mínimos establecidos para ser consideradas universidades ni responder al fin de las mismas, la creación de «universidades-negocio» privadas. Ayuso ya va por la decimocuarta. Pronto triplicarán a las públicas en la Comunidad de Madrid. Juanma Moreno en Andalucía está haciendo la misma política de recortes en la pública, aunque al final ha tenido que destinar una financiación extra a la Universidad de Málaga ante la revuelta del profesorado.
En Francia los rectores de las 120 instituciones miembros de France Universités han decidido pasar de las palabras a los hechos y declarar el 3 de diciembre día de movilización por las «universidades en peligro». Las nuevas medidas gubernamentales del gobierno de Macron no sólo podrían llevarles a posponer inversiones y contrataciones de personal, sino también a cerrar campus periféricos gracias a los cuales estudiantes, algunos de ellos procedentes de zonas rurales desfavorecidas, tienen acceso al sistema de educación superior. Los gobernantes de extrema derecha de Países como Francia y Holanda (gobernado por el «Partido de la Libertad») aplican recortes presupuestarios brutales a las Universidades públicas con el fin de estrangular la Educación Superior pública y favorecer el negocio privado.
El objetivo de esta guerra abierta y sin prisioneros de la extrema derecha y de la derecha extrema en Europa es evidente, como explica Clara Ramas: acabar con la universidad pública tal y como la conocemos en un ataque con un frente más amplio que se completa con la guerra a la educación obligatoria o la sanidad pública. El enemigo de esta guerra tiene un nombre: lo público. No es una metáfora o una figura retórica. Es un programa político.

Los fondos buitre han visto que la rentabilidad del 12% que ofrece este ámbito de negocio no lo ofrece ahora prácticamente ningún otro sector «legal». La facturación de las universidades-negocio privadas en España ha crecido un 44,7% en cinco años. Es el nuevo nicho de oportunidad de beneficios que se alza como oferta para fondos como Black Rock, especialmente los máster online. Y los dirigentes políticos de la derecha extrema y de laextrema derecha (anarcocapitalistas y libertarianos) velan por los intereses del libre mercado no por el bien común de la ciudadanía…, que les elige.
Debemos crear un frente común que avance en políticas públicas universitarias que pongan un dique de contención a esta degeneración de las finalidades de la universidad vinculada al conocimiento, la investigación y la transformación social hacia el bien común, tal como plantea la Conferencia de Rectores, Uni-Digna, el grupo parlamentario Sumar y otros colectivos en este decálogo de líneas estratégicas esenciales:
1. La financiación de las Universidades Públicas: el 1% PIB previsto en la LOSU para 2030, ha de aproximarse a los porcentajes europeos (2 % PIB) y adelantarse en el tiempo a 2026.
2. La planificación de un sistema financiero plurianual en el que todas las Universidades Públicas deberán tener una financiación en 2025 de al menos 6.678,15 € por alumno (media nacional, donde Navarra llega a 8.749,62€ por alumno) en todas las Comunidades Autónomas.
3. Una moratoria en la creación de nuevas universidades privadas. Los informes de los organismos de evaluación de las universidades y del Ministerio para que se apruebe una universidad privada serán preceptivos y vinculantes, con carácter retroactivo. Ninguna Comunidad Autónoma podrá autorizar una nueva universidad privada que no cuente con la valoración positiva de estos organismos. Se revisarán todas las universidades privadas creadas hasta ahora para revisar que cuentan con los requisitos exigidos legalmente y establecer las medidas sancionadoras y de supresión en caso de incumplimiento de los requerimientos exigidos.
4. Creación de una unidad fiscalizadora en la Conferencia General de Políticia Universitaria para la inspección de las universidades privadas. Inspección de todas las universidades privadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos para realizar su labor por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Supresión de aquellas que no cumplan todos los requisitos.
5. Supresión de toda financiación de las universidades privadas con fondos públicos.
6. Planificación por la Administración de la oferta de plazas universitarias públicas, acorde con las necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado, configurando un mapa universitario equilibrado, proporcional y universal que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida a través de una universidad pública. No eliminando titulaciones necesarias.
7. Universidad laica: Todas las Universidades deben respetar la libertad de conciencia de toda la comunidad universitaria. Derogar los acuerdos concordatarios con la jerarquía católica de 1979 y los acuerdos con otras religiones de 1992. Sacar cualquier religión confesional de la Universidad, eliminando asimismo la simbología y actividades religiosas o rituales. Lo cual facilita una convivencia plural y diversa en las Universidades, que respete todas las creencias personales sean religiosas, agnósticas o ateas. La Universidad es un espacio para la razón, la argumentación y la ciencia, no para la creencia.
8. Sistema generalizado de becas-salario, no condicionadas a notas sino a situación socioeconómica, que posibilite la plena dedicación al estudio de todo el estudiantado universitario sin depender de su familia, especialmente destinado al acceso de los sectores económicamente desfavorecidos. El estudio es una actividad socialmente útil, y por lo tanto debe ser retribuido, con sujeción naturalmente a responsabilidad en su desempeño, regulando a tal efecto la continuidad de los estudios universitarios. Esta retribución sería la concreción para los estudiantes del salario social vinculado a un trabajo garantizado que se tendría que establecer a todos los efectos como derecho general de toda la población
9. Autogobierno democrático universitario: Una Universidad gestionada por la propia comunidad universitaria, superando los modelos gerencialistas centrados en costes y rendimientos. Potenciando la participación y la corresponsabilidad de sus miembros, mediante la toma de decisiones colegiada, la electividad de sus cargos y una gestión interna responsable basada en el trabajo en equipo, la corresponsabilización de la comunidad universitaria, la cooperación y la transparencia. Equilibrando la representación democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno. Conversión de los Consejos Sociales en órganos de colaboración y control por parte de la sociedad civil comprometida socialmente y sin intereses privados de beneficios, cuya finalidad sea la utilización de los recursos públicos en las Universidades y la orientación de los objetivos de las mismas hacia intereses sociales generales: la preservación del planeta y sus recursos
10. Evaluación de todo el sistema universitario para la mejora: Evaluación que englobe a todo el sistema universitario (Ministerio, Administraciones, Universidades, etc.), todos los componentes universitarios (docencia, investigación, gestión, Administración y transferencia) y que facilite información para mejorar en todas estas dimensiones, y no para la clasificación de las universidades en rankings. Evaluación de la actividad docente universitaria mediante intercambio y deliberación para la mejora mediante la autoevaluación y la coevaluación, que valore la renovación y formación pedagógica del profesorado. Evaluación de la producción científica sobre la base de modelos de Ciencia Abierta u Open Science para el bien común y la paz, que fomenten el carácter social y colaborativo de la investigación, eliminando el factor de impacto como elemento de evaluación y priorizando las publicaciones de acceso abierto gratuito (tanto en acceso como en publicación y no considerar ciencia abierta las revistas que cobran APCs o tienen Acuerdos Transformativos), en consonancia con el mandato europeo “Horizonte 2020” y la Declaración DORA, permitiendo que la transferencia de conocimiento tecnológico y social sea de dominio público. Evaluación de la dimensión de compromiso social de la Universidad como agente dinamizador para la transformación social y la vinculación del proceso de formación universitaria con el componente de compromiso social con el entorno social en el que se desarrolla su labor.


