España, más cerca de legalizar la explotación reproductiva
Por Gemma Avellan Bisbal (Espai FIGA)
La semana pasada nos sorprendió la noticia de que el Tribunal Supremo avala con una sentencia que una pareja heterosexual española pueda inscribir como ciudadano español a un bebé nacido mediante un vientre de alquiler en Ucrania y, además (y aquí está la novedad), registrarlo en el domicilio familiar, lo que significa equiparar esta práctica con el proceso de adopción internacional. Es decir, que con esto se permite borrar cualquier rastro documental de la procedencia de la criatura, no fuera a ser que, en el futuro, se le ocurra investigar su pasado y saber que «sus padres» lo compraron.
Que pretendan ocultar el origen del bebé ya dice mucho de cómo son conscientes de que esta transacción es reprobable moral y éticamente, además de ilegal en el estado español. Por eso han tenido que ir a un país en guerra en el que no solo es legal sino que permite establecer auténticas granjas de mujeres a la espera de parir los hijos que se llevará otra gente con dinero. Según los datos, en Ucrania nacen alrededor de 2.000 bebés al año mediante esta práctica infame y cruel.
Pero el hecho nos sorprende aún más teniendo en cuenta que esta resolución del TS choca frontalmente con otra anterior, de 2022, del mismo tribunal en la que dice, literalmente, que «el alquiler de vientres vulnera los derechos de las madres y criaturas, ya que son tratadas como objetos y no como personas dotadas de dignidad propia». Por lo tanto, ¿de qué depende que una decisión de este órgano jurídico tenga en cuenta los derechos humanos o no? ¿Está bien legalizar los efectos de una práctica ilegal? ¿Qué ha cambiado desde 2022 para asegurar que ahora se están garantizando los derechos del menor y que no se atenta contra su dignidad?
Sin duda, parece que el TS no tiene en consideración en ningún caso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que asume el estado español. El TS debería saber que la compraventa de seres humanos mediante la explotación reproductiva de mujeres vulnera, al menos, cuatro derechos: el derecho a la integridad física y moral (de la madre), a la libertad, a la vida digna y a la identidad. Este bebé, cuando sea una persona adulta, debe tener el derecho reconocido a saber quién es y de dónde viene. Y, por cierto, en la Declaración de los Derechos Humanos no se hace referencia al derecho a tener un hijo o una hija. Porque no, señores, eso no es un derecho: ¡es un deseo!
La mal llamada gestación subrogada, con el apoyo de varios sectores económicos y políticos neoliberales que creen que todo se puede comprar y vender, y blanqueada por los medios de comunicación, se introduce, poco a poco, en el estado español. El Código Penal dice claramente que esta práctica está prohibida por ir en contra de los derechos humanos, porque no se puede comerciar con personas. Pero, aparte de la legalidad, sería necesario que la sociedad pensara y reflexionara sobre esta transacción en la que actúan la clientela y las agencias facilitadoras que se aprovechan de la situación de mujeres empobrecidas y vulnerables para que gesten sus criaturas, convertidas en bienes de consumo. Que otra mujer fértil y sana pase por un proceso biológico complicado, como es un embarazo, y dé a luz a un bebé, que previamente puedes elegir a la carta y poner las condiciones que quieras, cuesta como mínimo 40.000 euros, de los cuales la mujer gestante se queda una cuarta parte.
En definitiva, algo no va bien cuando se permite de manera subsidiaria que se puedan llevar a cabo estas prácticas, poniendo la excusa del interés superior del menor, el cual no les ha importado nada a la hora de arrancarlo del brazo de su madre. Al final, se trata de un fenómeno que va en contra de los derechos de las mujeres y de los niños y que, además, fomenta la desigualdad entre la gente con dinero y sin escrúpulos que compra mujeres que tienen la necesidad de sobrevivir. Si tenemos claro que la compraventa de órganos es éticamente condenable e ilegal, ¿por qué nos parece que la compraventa de bebés es una prueba de amor?
Hablemos claro: la explotación reproductiva, junto con la explotación sexual o prostitución, aquí y en cualquier país del mundo constituye la esclavitud del siglo XXI. Y, definitivamente, el estado español cada vez está más cerca de legalizarla.
