Varios trabajadores de la empresa Ares Capital, dependiente de Moove Car y que trabajan con Uber, aseguran que están siendo «amenazados» por su empresa.
Moove Cars es la empresa más grande de VTC en España. El gigante de este polémico modelo es el que más licencias VTC controla en el país, con Uber, además de contar con grandes accionistas como el fondo de inversión estadounidense King Street Capital Management.
Ya en época de pandemia fue una empresa conocida por «polémica conducta» con sus trabajadores, sancionándolos por bajo rendimiento voluntario.
Los trabajadores de este gigante estuvieron en ERTE debido a la pandemia y ya se fueron ido reincorporando poco a poco a sus puestos de trabajo.
«Lo que está haciendo la empresa, como tienen el compromiso de la salvaguarda del empleo tras un ERTE, es sancionar a los trabajadores por no llegar al objetivo de facturación. Algo que nosotros no podemos controlar porque es la empresa la que nos asigna los clientes. Nosotros no somos como los taxis, no nos pueden parar por la calle», explicaban en algunas declaraciones de ese entonces.
En ese marco, había dos cuestiones fundamentales: por una parte la empresa es la que ofrece clientes a los trabajadores a través de la app y no lo están haciendo, por eso no llegan al objetivo. Por otra parte, la empresa hace una media de la facturación de los trabajadores sin tener en cuenta las horas trabajadas. A más horas, más facturación así que están despidiendo a los que hacen cuarenta horas porque no llegan al objetivo, dando el mensaje de que deben trabajar muchas más horas para no ser sancionados.
El proceder de la empresa fue el siguiente: llamaban a los trabajadores para comunicar a los mismos que estarán suspendidos de empleo y sueldo durante una temporada. En esa misma conversación solían decirles que dicha situación se alargaría y les ofrecían que se dieran de baja de la empresa y puedan cobrar el paro, amparados por el artículo 41 del Estatuto de los trabajadores.
Se jugaba (y se sigue haciendo) con el miedo y con la necesidad de las personas trabajadoras, porque sabían que si los sancionaban sin empleo y sueldo no tenían nada que llevar a casa, por eso mucha gente firmaba.
En este caso, 18 delegadas y delegados han sido sancionados por defender y reivindicar cuestiones de salud laboral, vulnerando el derecho a la libertad sindical.
El Partido Comunista de los trabajadores de España ha iniciado una campaña de solidaridad obrera, en todo el país.
