El caso tiene una importancia que va más allá de la cifra concreta. Una trabajadora de Iberia debía haberse reincorporado el 9 de junio de 2021 tras su excedencia voluntaria, pero la empresa no la reincorporó hasta el 1 de noviembre de 2022. Por esos diecisiete meses de retraso, se reconoció una indemnización equivalente a los salarios que habría percibido: 50.747,30 euros brutos. La compañía pretendía entregar solo 33.899,20 euros netos o, en su defecto, que se practicaran los descuentos. El Supremo le ha dado la razón en el criterio de liquidación: la trabajadora percibirá 33.899,20 euros netos, no los 50.747,30 euros brutos.
Desde una perspectiva obrera, conviene leer esta sentencia sin eufemismos. No se trata de que la trabajadora “pierda” una indemnización por capricho fiscal ni de que el Tribunal haya puesto en duda el derecho a ser indemnizada. Lo que se discute es cómo se paga una cantidad cuya medida legal es exactamente la de los salarios que la empresa impidió percibir. Si el parámetro es el salario, el tratamiento también es el del salario: retenciones de IRPF y cotizaciones sociales. La sentencia recuerda que los salarios dejados de percibir no dejan de ser rendimientos del trabajo por el hecho de abonarse después, mediante una sentencia.
Esto tiene una lectura doble para la clase trabajadora. Por un lado, el importe que llega al bolsillo es menor que el bruto reconocido, y esa diferencia puede generar una sensación natural de agravio, sobre todo cuando quien causó el perjuicio fue la empresa al retrasar la reincorporación. Nadie debería normalizar que una trabajadora espere diecisiete meses para volver a su puesto y que, además, tenga que litigar para cobrar lo que corresponde. Por otro lado, la aplicación de cotizaciones no es un mero recorte: puede tener efectos en la carrera de cotización, en el acceso a prestaciones y en la protección social futura. Una cantidad pagada sin cotizar puede parecer más alta el día del cobro y dejar después a la persona trabajadora con menos derechos.
El Supremo también aborda el papel del juzgado al ejecutar la sentencia. Cuando el órgano judicial pone cantidades a disposición de la persona trabajadora, actúa como pagador y debe cumplir las obligaciones legales de ingreso ante Hacienda y la Seguridad Social. La Sala sostiene que entregar el bruto sin practicar los descuentos obligatorios agravaría la posición de la empresa deudora, que después tendría que ingresar esas cantidades con posibles recargos e intereses, y permitiría un enriquecimiento injustificado de quien percibe más de lo que legalmente le corresponde.
Aquí está el núcleo del mensaje: la responsabilidad empresarial no puede convertirse en una contabilidad favorable al incumplidor. Si una compañía retrasa la reincorporación, debe responder; pero esa respuesta se calcula conforme a las reglas laborales, fiscales y de Seguridad Social, no según la fórmula que más le convenga en cada momento. La sentencia evita que la empresa pueda beneficiarse de una ejecución defectuosa y, al mismo tiempo, evita que la trabajadora reciba una cantidad superior a la que legalmente le corresponde. Es, en esencia, una decisión sobre rigor en la ejecución de los derechos laborales.
Conviene subrayar que el Tribunal no anula el reconocimiento del derecho. La trabajadora sigue teniendo derecho a una indemnización por los salarios no percibidos durante el periodo en que la empresa no cumplió su obligación de reincorporarla. Lo que cambia es la forma de liquidación: se aplican las retenciones y cotizaciones ordinarias. Además, el Supremo señala que, al efectuarse las cotizaciones del periodo controvertido, desaparece el perjuicio específico que resoluciones anteriores habían apreciado por la falta de alta y cotización durante la prolongación indebida de la excedencia. La trabajadora conserva, eso sí, la posibilidad de pedir a la Administración tributaria la devolución de cantidades que considere indebidamente retenidas.
Para quienes trabajan, esta sentencia deja varias lecciones prácticas. Primera: cuando se reclamen salarios dejados de percibir, la cantidad bruta y la cantidad neta no son la misma cosa, y conviene saber desde el principio qué se está pidiendo y cómo se ejecutará. Segunda: una indemnización calculada por equivalencia salarial no recibe automáticamente el tratamiento de indemnización exenta; si reproduce salarios, se le aplican reglas salariales. Tercera: el derecho a reclamar no termina con la condena; la ejecución también es terreno de disputa, y las empresas pueden recurrir incluso sobre cuestiones aparentemente técnicas como las retenciones.
También es importante no confundir este pronunciamiento con una legitimación del retraso empresarial. La reincorporación tardía sigue generando responsabilidad. El Supremo reitera su doctrina: cuando la empresa no reincorpora en tiempo a una persona en excedencia voluntaria, puede generar una indemnización por daños y perjuicios, fijada en principio por referencia a los salarios dejados de percibir. En este caso, la trabajadora limitó su reclamación a esos salarios y no alegó ni acreditó daños adicionales, como la incertidumbre laboral o la necesidad de buscar otros ingresos. Eso no significa que esos perjuicios sean irrelevantes en otros supuestos; significa que, en este proceso, no fueron objeto de reclamación ni prueba.
La excedencia voluntaria sigue siendo una figura delicada para la plantilla. Durante ella no se devenga salario ni se cotiza por cuenta de la empresa, y el reingreso no siempre es automático: depende de la solicitud en tiempo y forma y de la existencia de vacante o de la mejora prevista en convenio. Por eso, cuando la empresa retrasa injustificadamente la reincorporación, el perjuicio no es solo económico inmediato: afecta a la estabilidad, a la planificación vital y a la protección social. La sentencia reconoce esa realidad al mantener la indemnización, aunque ajuste su liquidación a la normativa aplicable.
En definitiva, la decisión del Tribunal Supremo es correcta en su lógica jurídica y útil para evitar distorsiones en la ejecución de las sentencias laborales. Pero no debe presentarse como una victoria neutra para todos por igual. La trabajadora ha tenido que esperar, reclamar y sostener un litigio para obtener una compensación por un periodo en el que la empresa no cumplió. Que el pago se haga neto es coherente con la naturaleza salarial de la cantidad reconocida y con las obligaciones de cotización; que haya tenido que llegar hasta el Supremo para precisarlo dice mucho de la asimetría de poder que sigue existiendo entre quien trabaja y quien decide cuándo, cómo y si cumple sus obligaciones laborales. La sentencia fija una regla clara: cuando la indemnización equivale a salarios dejados de percibir, se paga como salario, con sus retenciones y cotizaciones.
