«En su calidad de propietario de los medios de producción, (el capitalista) se apropia también de los productos y los convierte en mercancías. La producción se transforma en un acto social, en cambio la apropiación sigue siendo un acto individual: el producto social es apropiado por el capitalista individual. Contradicción fundamental de la que se derivan todas las contradicciones de la sociedad».
Federico Engels, Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico.
«La producción capitalista no es ya producción de mercancías, sino que es, sustancialmente, producción de plusvalía. El obrero no produce para sí mismo, sino para el capital. Por eso, ahora, no basta con que produzca en términos generales, sino que ha de producir concretamente plusvalía. Dentro del capitalismo, sólo es productivo el obrero que produce plusvalía para el capitalista o que trabaja por hacer rentable el capital».
Carlos Marx, El Capital, tomo 1, sección 5, cap. XIV.
Terminamos las reflexiones iniciadas en una primera entrada, que coincidió con el inicio de la acampada que realizaron las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), en la que empezamos a analizar la forma en que el Capital extrae beneficio de este sector. Y culminamos una vez que la acampada de las compañeras terminó -no así sus movilizaciones, que continúan- consiguiendo un compromiso de estudio de viabilidad por parte del alcalde de Sevilla, demostrando así estas trabajadoras un enorme ejemplo de dignidad y de lucha.
En aquella primera entrada repasamos cómo el ejemplo que representan estas trabajadoras, como las que protagonizaron la acampada sevillana, sirven para denunciar actitudes que muchos desconocen, como son el deterioro premeditado de un servicio básico y esencial, el empeoramiento de las condiciones laborales de las trabajadoras (de un sector compuesto intencionadamente por mujeres) y su relación directa con el lucro de intereses privados, a nivel no sólo nacional sino internacional.
Enumeramos porque es necesario expresarlo con claridad:
- deterioro intencionado de un servicio esencial
- aumento del beneficio a través del empeoramiento de las condiciones laborales
- doble explotación de las mujeres
- implicación directa de los intereses privados y el entramado global
En la primera parte resumimos en una imagen la cuestión, comparando en dos cuadros un servicio municipalizado (y controlado/supervisado por las trabajadoras) frente a la realidad del servicio privatizado, tal como es en la mayoría de municipios, que puede servir de resumen o base, que acontinuación desgranamos:
En aquella primera parte explicábamos que el conflicto expuesto por las trabajadoras del SAD es perfectamente paradigmático pues explone de manera muy explícita las contradicciones principales de la sociedad en que vivimos, que es la sociedad capitalista, dadas las peculiaridades modernas.
No hablamos de un negocio.
Para empezar, este conflicto ejemplifica cómo se produce la acumulación de capital, sin ser el caso prototípico de producción industrial o de intercambio básico de mercancías. La atención domiciliaria es un servicio, que no produce un beneficio material cuantificable, no produce una determinada mercancía ni un valor que pueda anotarse en un asiento contable o en una cuenta bancaria. Su resultado es el cuidado y atención de personas dependientes (mayores o personas con discapacidad, ya sea permanente o temporal).
El beneficio que las empresas del sector obtienen se produce a través de los fondos públicos con los que se nutren estas actividades. Esos fondos, públicos insistimos, se otorgan por concurso «libre» (explicaremos luego las comillas) a empresas privadas que gestionan la actividad a través de la subcontratación de personal especializado. Pues bien, como veremos ese paso de fondos a empresas supone un aunténtico trasvase de capital, no sólo el directo en presupuesto sino también en el deterioro de los servicios públicos para provocar la necesidad de la participación privada.
En el caso de Sevilla, el presupuesto general para el año 2023 nos indica que la partida dedicada al SAD fue de 66.868.990 euros. Se trata de la cuarta partida en cuanto a volumen de dinero, tras los presupuestos para policía local, transporte urbano y atención social a empleados, por encima de partidas como limpieza viaria, mantenimiento de edificios, salubridad o planes de empleo. Esas partidas suelen proceder en su mayoría, 80%, de las comunidades autónomas y parte del Estado, 20%, a través de la AGE.
Además, este año pasado la Junta de Andalucía abonó 350 millones de euros a las entidades que gestionan el SAD. Como decimos, cantidades económicas muy interesantes que sin embargo los responsables se esfuerzan en presentar cínicamente como una actividad «poco rentable».
El plusvalor se obtiene de las espaldas de las trabajadoras.
El principal problema al que nos enfrentamos cuando analizamos cualquier conflicto social, tal como indica Engels en la cita que abre esta entrada, es la apropiación de unos cuantos del trabajo productivo, que es colectivo.
Se produce así la principal contradicción, que en este caso especial tiene una peculiaridad que lo convierte en una paradoja más retorcida aún (como sucede cuando se trata de Sanidad o Educación). Esta es que hablamos de una necesidad básica, un bien tan esencial como es el cuidado de las personas más frágiles -aparte de los niños pequeños- que es considerada una actividad lucrativa y no un pilar básico de la convivencia. Si empleáramos el mismo lenguaje mercantil, podría decirse que los cuidados a los dependientes no es un gasto, sino una inversión.
Bastaría esto para poner punto y final a la discusión. Pero eso no es todo, ni mucho menos. Sucede que esa contradicción principal se ramifica, deriva, se reproduce luego en otras tantas contradicciones, que complican el problema. La diferenciación social entre clase trabajadora y capitalistas subsiguiente a esa primera contradicción implica que, obviamente, el capitalista sólo va a generar esas actividades productivas y servicios en aquellos sectores o lugares concretos donde se pueda producir beneficio.
No tendría sentido que una empresa realizara el enorme esfuerzo de gestionar una ardua tarea como la atención domiciliaria en una ciudad del tamaño de Sevilla si esto le provocara una administración «poco rentable». Por supuesto no lo es, al contrario, es muy rentable, y ya procurará la empresa buscar la manera de que así sea. La rentabilidad para la empresa viene aquí determinada por la mayor explotación que pueda ejercer sobre las trabajadoras. El mayor plusvalor que pueda obtener de cada empleada a partir del presupuesto inicial entregado por el Ayuntamiento.
En la primera parte de esta entrada se comentaron algunos ejemplos (tomados de la experiencia directa de las trabajadoras y delegadas de CGT que realizaron la acampada) sobre cómo las empresas exprimen a sus empleadas. Estas empresas acaban obligando a las trabajadoras a realizar cuadrantes a veces «descuadrados», con horas sueltas, en jornadas partidas y en destinos separados. Y si las trabajadoras se quejan de estos abusos, se les amenazará con el despido o con el empeoramiento de sus condiciones laborales.
Si las empresas pueden ahorrar gastos en las bajas producidas por lesiones propias de la tarea, sin duda lo harán. Ahorrarán también costes en los medios, como grúas. Ahorrarán si pueden en la contratación, mediante las tretas de emplear desde distintos CIFs de manera alternativa. La mercancía «fuerza de trabajo de la empleada» será exprimida hasta la última gota por las empresas. Asimismo la empresa exprimirá como pueda el número de horas de los usuarios (descontando el tiempo de desplazamientos, pues lógicamente cada usuario vive en un lugar diferente) o recortando las llamadas «reposiciones», pues las horas no realizadas por uno u otro motivo ya están pagadas en el presupuesto que el ayuntamiento de turno ha ejecutado.
Trabajadoras del SAD en contacto con este medio explicaron casos como el de una trabajadora embarazada y de riesgo que continúa trabajando y acudiendo a los domicilios de sus usuarios, que curiosamente son quienes se extrañan de que una mujer en su estado vaya a trabajar y le piden que no se esfuerce. Otro caso comentado a este medio señala la situación de una trabajadora diagnosticada de cáncer, que tomando tratamiento de quimioterapia es obligada a recorrer una gran distancia (de ida y vuelta en diversas ocasiones) para acudir a los diversos domicilios que le han sido asignados en su cuadrante.
Golpes de calor, desfallecimientos, dolores de espalda al cargar en peso a los usuarios, en general problemas de salud derivados del riesgo propio de la actividad que no son contemplados por las empresas, que regatea el coste por ejemplo de grúas y mecanismos. Estudios concluyen que uno de los sectores laborales más perjudicados es precisamente el del SAD. Uno a los que más sedantes se prescribe, por problemas como lumbalgia o dolores articulares provocados por el esfuerzo. Solo las fracturas o lesiones muy concretas y determinadas por las mutuas son consideradas enfermedades profesionales. Como ejemplo, recordemos el desamparo al que se sometió al sector durante la pandemia, que a pesar de ser el segundo sector más contagiado –gracias por cierto al ahorro de las empresas en la falta de condiciones laborales para su prevención–, no fueron consideradas como de primera línea, y no se aceptó el contagio como enfermedad profesional.
Por qué son en su inmensa mayoría mujeres.
Esta lógica que intentamos explicar sobre la acumulación de capital, no puede producirse más que con violencia. Una violencia que no necesariamente es explícita, sino velada en muchas ocasiones. Comienza por convertir en lucro una necesidad social. Hemos visto luego que, además, necesita para nutrirse de explotación. Y aquí se riza el rizo, esa explotación afecta en mayor medida a los sectores más frágiles de la población, quienes poseen menos o ningún mecanismo de defensa ante esas agresiones.
Si a los intereses capitalistas les importa bien poco la situación de la clase trabajadora, les parecerá muy adecuado que dentro de la propia clase existan sectores más frágiles. En el caso de las mujeres, se añade a la explotación general la sobre-explotación de encontrarse expuestas a los sectores del cuidado, tradicionalmente considerados de peor categoría, y como consecuencia condenados a peores condiciones laborales.
La familia se presenta como un modelo a seguir, cuyo desarrollo reproduce la sociedad, teniendo en la sexualidad y en la capacidad reproductiva de las mujeres una excusa para la reproducción a nivel laboral de ese modelo social. Como consecuencia, las mujeres se asocian al imaginario de esposa obediente y las tareas a las que parece «predestinada» son observadas no como trabajo, sino como tareas a las que estaba «creada» por naturaleza. Como una especie de fuerza laboral secundaria, se asocia este tipo de trabajos como más propicios para la mujer, por el estereotipo de dulzura y delicadeza que se entiende más favorable para este tipo concreto de tareas.
Hay que explicar además que, en su afán de obtener el mayor plusvalor, las empresas tienden a contratar a una considerable proporción de mujeres inmigrantes. Las empresas subcontratadoras encuentran en estas mujeres a personas que llegan a España buscando una mejora de vida para los hijos que dejan atrás, en su país, a cargo de sus abuelas o de otros familiares. Se proyectan ahorrar en estos empleos alguna cantidad que les permita poder darles una educación a sus hijos o simplemente ofrecerles una vivienda más saludable o una calidad mínima de vida. Podríamos decir que esa doble opresión que hemos mencionado aquí se triplica: trabajadora, mujer e inmigrante. Saben que aceptarán peores condiciones, que consentirán mayores esfuerzos, pues su necesidad es más perentoria. De ese modo, la calidad laboral se deteriorará aún más, aumentando el ejército de reserva hacia sectores aún más desfavorecidos.
La sagrada estabilidad presupuestaria
La continuidad de la lógica que estamos analizando (apropiación por capitalistas del producto social, obtención del beneficio a partir de la explotación) se manifiesta en sucesivas contradicciones, como es la concentración de capital.
Los datos que aporta el sindicato CGT, promotor de la acampada de Sevilla, señalan que esas grandes empresas no son ni pequeñas. Es el caso de CLECE, líder de la explotación y precariedad en el sector, u otras con licitación en Sevilla como DOMUSVI, o la empresa SACYR SOCIAL, perteneciente al grupo Sacyr, que cotiza en el IBEX35.
Cada vez sucede menos que una empresa de tamaño medio, que posea por ejemplo alguna residencia de ancianos en una localidad, pueda hacerse con el contrato de la gestión del SAD en una localidad del tamaño de la capital hispalense. Incluso mucho menor. Ahora son enormes empresas, que se reparten el monopolio del sector. Empresas que, además pertenecen a grandes grupos especializados en el sector de servicios (telemarketing, administración, limpieza, etc).
Estos grandes grupos empresariales llaman la atención de los inversores, de modo que los fondos de inversión (algunos de capital de un tamaño brutal como BlackRock) encuentran el este sector un interesante nido donde colocar algunos de sus huevos, de modo que la preversión y complejidad del entramado económico se multiplica y extiende a nivel globalizado. Pues, como sabemos, los inversores de esos fondos hallan en esas inversiones la comodidad de poder obtener beneficio desde cualquier parte del planeta y sin necesidad de hacer mayor esfuerzo que manejar una aplicación de móvil (y por supuesto teniendo el riñón bien cubierto por si la jugada les sale mal).
En teoría, los ayuntamientos presentan en concurso público y libre las licitaciones. En Sevilla, el concurso se publicó en 2022 por un plazo de 2 años y con un presupuesto base de 108.806.444€ y un valor estimado del contrato de 239.374.178€, dividido en cuatro lotes por zonas territoriales (engloba diferentes grupos de distrito, Macarena, Triana, Centro, Este, etc). Para su cumplimiento, las empresas deben cumplir una serie de requisitos expuestos en un pliego de prescripciones técnicas, que incluyen las condiciones del servicio, número de horas que se ofrecen, actuaciones que comprenden, organización del servicio, etc.
Lógicamente, esas grandes empresas, pertenecientes a enormes grupos, no encuentran rival en las empresas de tamaño mediano, ni pueden ofrecer las condiciones tan ventajosas (realizar a menos coste el servicio) que los ayuntamientos prefieren, si ello consigue reducir la partida de los presupuestos dedicada a ello. ¡Todo sea por la sagrada estabilidad presupuestaria!
Si hilamos los razonamientos que venimos explicando, el lector entenderá enseguida que esa famosa y nunca suficientemente ponderada «estabilidad presupuestaria» proviene por tanto del abaratamiento de la fuerza de trabajo. De la capacidad de la empresa concursante por reducir los costes, resultará su éxito en la licitación.
Estas grandes empresas logran su prestigio de cara a los Consistorios en su mayor capacidad para, por ejemplo, resolver una baja laboral repentina con la sustitución inmediata de una suplente, que acudirá al servicio con la mayor velocidad. O de la habilidad de las coordinadoras -las agentes que administran los cuadrantes- en lograr que las empleadas se plieguen a las rigurosidades de jornadas partidas, o de servicios colocados en una punta u otra de la ciudad. Esa es, en la realidad, la efectividad de estas grandes empresas, acostumbradas a manejar grandes reservas de plantilla, personas dispuestas a aceptar un trabajo a la mayor velocidad a través de una simple llamada o el uso de una aplicación.
No hace fata explicar que todo esto agudiza, profundiza, persevera no sólo en las diferencias sociales entre trabajadores y capitalistas, sino entre los propios capitalistas en sí, de manera que la posibilidad de acumular capital se concentra en menos manos y acelera el proceso, aumentando ese ejército de reserva de personas desempleadas (o empleadas, es decir, aunque figuren como activas en los maravillosos datos que ofrecen los responsables de la cartera de Trabajo) dispuestas a aceptar cada vez peores condiciones con tal de llevar algún sueldo a su casa.
¿Qué concluimos? Que no les interesa que este tipo de servicios funcionen, al contrario, les interesa deteriorarlo
Según estudios sobre la situación del SAD que vimos en la primera parte, leyes como la de dependencia de 2006 supuso uno de los pilares en el llamado estado del bienestar, pero este se ha machacado con numerosos recortes. La sostenibilidad sirve de arma contra un derecho social indiscutible. En el caso de España, la dedicación del PIB al SAD es muy inferior al de otros países miembros (un 0.7% en 2018), lejos del 4.5% de Dinamarca e incluso del 1.9% tampoco boyante en estas cuestiones como Italia.
Sindicatos señalan que en Andalucía la gestión del servicio sufre una «devaluación a pasos agigantados», con 564 días para resolver una solicitud. El plazo legal es de 6 meses, 180 días. Esta demora causó que en 2023 un total de 8.771 personas falleciera antes de poder cobrar la prestación en Andalucía y que en lo que va de año ya sean más de 1.000 fallecidas sin acceder a este derecho.
Como tratamos de resumir en la imagen inicial, la comparación entre un servicio municipalizado (y controlado por las trabajadoras) frente a un servicio privado, muestra una vez analizado su verdadero rostro: al capitalismo nunca le va a interesar que una actividad tan lucrativa, aunque sea esencial, esté manejada por trabajadores.
Un SAD entendido como una cuestión esencial de la sociedad, y dentro de una lógica social en la que su producto es compartido por la comunidad, se convertiría en una fuente prioritaria de enormes beneficios sociales: crearía empleo, enriquecería el tejido social no sólo dando calidad de vida y dignidad a las personas dependientes sino aportando libertad a sus familiares, acabaría con la condena de las mujeres a soportar el rol de cuidadoras exclusivas, y además acabaría con la lista de esperas y las muertes sobrevenidas sin haber recibido la prestación.
Juzguen ustedes qué tipo de sociedad es la que permite, en cambio, que esto no se produzca sino que se consienta el deterioro social, la pobreza y la indignidad, todo por aumentar el beneficio de unos cuantos miserables.
