Antonio Gil
En junio de 2021 una investigación de la brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional culminó en la detención del empresario dueño de la conocida marca La Gilda del Norte, dedicada a la producción y comercialización de gildas, un pintxo típico de la zona que ha recibido cobertura mediática de TVE, ETB y otros medios de comunicación, además de personajes famosos.
El auto de apertura de juicio contra el empresario y su hija, que desempeña puestos de responsabilidad en la empresa, fue dictado el pasado 22 de abril. En él se les atribuyen tres delitos, “imponer condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo”, emplear reiteradamente a personas extranjeras e incluso menores de edad sin permiso de trabajo y poner “en peligro grave” la vida de sus trabajadores al no observar las normas de seguridad y prevención, particularmente forzando a personas con COVID-19 a trabajar durante la pandemia para así conseguir “inmunidad de rebaño” en su personal y reducir las bajas.
Todo comenzó a raíz de dos visitas de la Inspección de Trabajo en diciembre de 2020 y mayo de 2021 en las que se detectaron algunas irregularidades, a lo que se sumaban tres denuncias de trabajadores en comisaría. Fruto de estas pesquisas, se comprobó que la empresa empleaba habitualmente a numerosos trabajadores extranjeros a los que no daba de alta en la Seguridad Social, a los que pagaba por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y a los que daba instrucciones de esconderse (incluso en congeladores) cuando se producían inspecciones. También trató de convencer a una trabajadora de que abortase, la cual al negarse acabó despedida, y obligaba a los enfermos de COVID-19 de seguir en su puesto de trabajo.
La Fiscalía y las acusaciones particulares discrepan en las peticiones de pena: mientras que la fiscal da por probados los delitos, sólo pide un año de cárcel y exime de castigar a la hija del dueño.
No ocurre así con las acusaciones de algunos de los pocos trabajadores afectados que se han personado en la acusación; una de las abogadas se lamenta de que la investigación no haya determinado desde cuándo se producía esta situación y cuantas personas afectadas hay, pero considera constatados el caso de la embarazada, de los menores y de la nula formación y entrega de equipos de trabajo adecuados.
En este caso solicitan seis años y tres meses para el empresario, F.J.G.Á., y diez meses para la hija, además de multas de 16.200 y 7.200 euros respectivamente e indemnizaciones para los dos afectados de 7.500 euros cada uno.
Otra empleada, a través de su representación legal, solicita las mismas cantidades referidas y penas de cinco años y nueve meses para padre e hija.Además de este procedimiento judicial, la Inspección de Trabajo ya sancionó a la empresa, Agricultura Creativa 2015, S.L., en 2022 con 40.313,83 euros.
Durante todo este tiempo, la empresa ha continuado con su actividad habitual, estando presente por ejemplo en ferias como el Salón Gourmet de Madrid como representante de Euskadi, recibiendo encargos de productos para eventos de organismos como la Diputación de Bizkaia o ayuntamientos de la zona, y desarrollando campañas con conocidos personajes mediáticos como Alaska y Mario Vaquerizo o las actrices Loles León, Marta Belenguer y Lucía Jiménez.
