Por Karina Castelao
Supongo que muchas recordareis el caso de Keira Bell.
Cuando Keira Bell tenía 14 años acudió a la Clínica Tavistock en Reino Unido para tratar su problema de “disforia de género”. Tras tres sesiones de una hora le dijeron que era un chico trans y que debía iniciar su «reasignación de sexo«. Keira se reasignó y se “convirtió” en chico. En el proceso irreversible perdió su útero y senos, la tersura del rostro y su voz.
Pero Keira cada vez se sentía peor y más deprimida. Y a los 23 años se dio cuenta de que en realidad era una mujer. Decidió entonces demandar a la clínica porque no le escucharon cuando hablaba, porque no atendieron a las causas de sus problemas y porque le convencieron de que hiciera la «reasignación» sin haberse sentado siquiera a disipar sus dudas. El 1 de diciembre 2020 la justicia británica le dio la razón.
La sentencia del caso Keira Bell, que exigía autorización judicial para el tratamiento hormonal en menores con disforia de género y las críticas posteriores vertidas en un informe independiente, motivó el cierre en 2022 por parte del Servicio Nacional de Salud británico (NHS) de la clínica de «cambio de sexo» que desde 1983 operaba en el Centro Tavistock de Londres y, tal y como ha sido anunciado oficialmente estas últimas semanas por el mencionado NHS, supone la prohibición definitiva del suministro de bloqueadores de la pubertad para los niños y adolescentes del Reino Unido.
El informe realizado por la reputada pediatra Hilary Cass fue encargado por el propio NHS tras años de denuncia de pacientes, familiares e incluso antiguos empleados que habían sido despedidos por razones de conciencia, es decir, por no querer ser responsables de los experimentos realizados con los menores. Este informe concluye con que la clínica «Tavistock facilitó tratamientos hormonales y quirúrgicos a menores que en realidad no los necesitaban».
Con estas decisiones el Reino Unido da marcha atrás, igual que ya han hecho otros países europeos como Suecia y Finlandia, priorizando un enfoque cauteloso a la hora de atender a menores que manifiestan disconformidad con su cuerpo.
En España tenemos nuestra propia Keira Bell.
Susana Dominguez, una chica coruñesa de 15 años con antecedentes familiares de problemas de salud mental, acudió al Servicio Galego de Saude (SERGAS) solicitando hormonas masculinas porque, según ella misma se había «autodiagnosticado» tras pasarse horas y horas en foros de Internet, su estado de depresión obedecía a ser “un chico atrapado en un cuerpo de chica”. Y dicho y hecho. Sin ningún tipo de cuestionamiento por parte de ningún especialista, y apoyados en la Ley para la No Discriminación de las Personas LGTBI aprobada por la Xunta en 2014, el psicólogo que la trataba, y pese a reconocer en su informe la inmadurez de la paciente, diagnosticó disforia de género en Susana, le afirmó que en realidad era un chico y la remitió al endocrino para que le recetaran bloqueadores de la pubertad y, posteriormente, testosterona.
Como paso siguiente en su «transición», a los 18 años fue operada de doble mastectomía. Y al seguir menstruando pese al chute hormonal, a los 20 años fue histerectomizada como colofón a su «cambio de sexo». “Yo tenía 15 años. ¿Cómo me dejaron hacer eso?”.
Pero los problemas depresivos no desaparecían, es más, se acrecentaban con varias intentonas de suicidio. Hasta que en 2020 y con 23 años, Susana se dio cuenta de que siempre había sido una mujer y que lo que le había ocurrido era que la habían hecho creer que todos sus problemas de salud mental eran fruto de haber nacido en un «cuerpo equivocado» que había que adecuar.
Así que el año pasado y con la salud y la vida destrozados, Susana Domínguez decidió denunciar al SERGAS por un diagnóstico incorrecto de disforia de género y la ausencia de acompañamiento psicológico durante su “transición”. En concreto hace una reclamación por mala praxis de 314.000 euros en la que incluye la posibilidad de que la hormonación cruzada agravara sus problemas de salud mental, tal como se recogen entre los efectos secundarios indeseados de dicho tratamiento.
Sin embargo, el “caso Susana”, al contrario de lo ocurrido con el “caso Keira”, no ha provocado ninguna alarma por parte del SERGAS que haya derivado en una investigación de cómo se estaba aplicando la Ley Trans del 2007, con las consiguientes ampliaciones propiciadas por las leyes trans y LGTBI autonómicas, ni mucho menos, sobre cómo se va a aplicar la actual que aun es mucho más permisiva en cuanto al tratamiento hormonal en menores. Ni tampoco ha puesto sobre la mesa la pertinencia de tomar medidas más prudentes en la atención de los niños y adolescentes que se encuentran incómodos con su cuerpo.
La respuesta oficial al «caso Susana» han sido unas declaraciones de la anterior Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, donde aprovechaba para mentir sobre la necesidad de la actual Ley Trans, que no exige modificaciones corporales para hacer el cambio de sexo registral, como forma de evitar situaciones como la de Susana Domínguez. Eso sí, obviando intencionadamente que la Ley Trans de 2023, no solo prohibe a los facultativos cualquier tratamiento de la disforia de género que no sea la intervención médico-quirúrgica bajo amenaza de inhabilitación y multa de 150.000 €, sino que rebaja la edad para iniciar dichos tratamientos en menores a los 12 años de edad.
No existe ningún protocolo sanitario en Galicia sobre cómo se deben de afrontar los casos de los niños y niñas que se autodiagnostican de disforia de género. Lo único que ha trascendido a este respecto son las declaraciones de algunos especialistas como Eduardo Pena, Jefe de Endocrinología del CHUVI, quien en 2022 declaraba que hasta no hace mucho las consultas sobre personas transgénero eran casi inexistentes pero ahora “es rara la semana que no veo un par de casos”. Y aunque también alerta de que “existe el riesgo de que haya un efecto llamada, de personas que estén confundidas, y es a nosotros a los que nos corresponde aclarar la situación”, evidentemente con Susana esta aclaración no ocurrió.
En las comunidades autónomas donde ya se habían desarrollado protocolos sanitarios al amparo de las leyes trans autonómicas así como los desarrollados bajo la ley trans estatal del 2023, como es el caso de Cataluña, el Servei Catalán de Salut pauta el bloqueo hormonal y posterior hormonación cruzada a partir de los 12 años, con la advertencia de que, y siempre en aras de ese inconsistente principio del interés superior del menor, los niños y niñas a los que sus progenitores no autoricen el tratamiento hormonal pueden ser considerados en situación de riesgo.
Precisamente en Cataluña sí se ha hecho un informe independiente por parte de la asociación Feministes de Catalunya sobre el impacto de la ley Trans Catalana donde ya se contempla la autodeterminación de género y se exige el abordaje terapéutico de la disforia de género en menores según el modelo afirmativo, siendo cualquier otro tratamiento considerado terapia de conversión.
Bajo el título de “Informe Trànsit: De hombres adultos a niñas adolescentes”, informe presentado en el año 2022, han salido a la luz datos tan significativos como que, entre el año 2012 al 2021 “el volumen total de casos atendidos en el Servei Trànsit ha sido de 5.500 personas, con un aumento exponencial de más del 7.000%”. Asimismo, dicho informe revela que el aumento de casos de transiciones de género es alarmante entre las niñas preadolescentes y adolescentes: “el 70% de los casos en los grupos de edad de 10 a 14 años y de 15 a 18 años son niñas y chicas” y que solo en 6 años, “entre el 2015 y el 2021, se ha producido un incremento del 5.700% en niñas de 10 a 14 años entre los casos tratados por el Servei Trànsit”.
En los últimos 17 años la posición de la Xunta de Galicia y en concreto del SERGAS respecto a la aplicación de la terapia afirmativa de género y las consiguientes intervenciones médico- quirúrgicas en personas supuestamente trans, incuídos menores, ha ido del rechazo más absoluto al bufé libre, sentando las bases de la autodeterminación de género ya desde el ámbito educativo, lo que ha dado lugar a transiciones sociales en niños de hasta 4 años de edad.
Inspiradas e alentadas por el gran trabajo de Feministes de Catalunya y su Informe Trànsit, en este 2024 la Plataforma do Feminismo Radical de Galicia-Asociación de Mulleres Abolicionistas Galegas (PFRG-AMAG) han decidido poner en marcha su propia investigación en la comunidad autónoma de Galicia, solicitando la información equivalente a la Consellería de Sanidade del SERGAS.
El plazo de respuesta finaliza en pocas semanas sin la certeza de cuál va a ser la respuesta de la Xunta. En cualquier caso, la PFRG-AMAG trabaja bajo la premisa de que, obtenidos o no los datos estadísticos oficiales, realizarán un informe que se publicará de forma incontestable.
Las promotoras del proyecto aseguran que obtendrán datos de calidad por sus propios medios mediante la investigación de artículos científicos, con entrevistas a expertas clave, testimonios de pacientes y familiares de afectados por los protocolos sanitarios y educativos, o de trabajadores obligados al cumplimiento de los mismos. Asímismo, tienen intención de realizar una campaña de denuncia y concienciación, destinada a toda la ciudadanía gallega, sobre lo que sucede con la infancia y la juventud a espaldas de la sociedad bajo una falsa campaña de justicia social, progresista y feminista.
El caso de Susana Domínguez y el de tantas niñeces, vidas y futuros destrozados son la motivación de la PFRG-AMAG para emprender este proyecto.
Galicia, Cataluña y el resto del estado español no son un caso aislado, sino que se trata de un gran plan de ingeniería social a nivel internacional, un nuevo nicho de mercado con grandes intereses económicos.
Ojalá el caso de Susana termine como el de Keira.
