Por Karina Castelao
Dice Antonio Machado:
«La España de charanga y pandereta,
cerrado y sacristía,
devota de Frascuelo y de María,
de espíritu burlón y de alma quieta,
ha de tener su marmol y su día,
su infalible mañana y su poeta.»
Pero el día y ese marmol para esta España aun no ha llegado pese a casi medio siglo desde la muerte del dictador. Más bien, todo lo contrario. Un país acomplejado que da lecciones de progresía mientras no es capaz de sacarse la losa más rancia del sexismo secular. Ahora, eso sí, con purpurina de la no prohibida.
Mientras que países que ya respetaban derechos humanos cuando en España aún se apaleaban “desviados” le han visto las orejas al lobo a esto de dejarse autodeterminar del sexo que quieran a los varones, nuestro “gobierno más progresista de la historia” saca pecho de esos logros conseguidos para el colectivo LGTBIQ+ que nos colocan en el tercer lugar del mundo donde es mejor la vida para los miembros de dicho colectivo al mismo tiempo que omite el descenso al lugar decimosexto de entre los países del mundo donde es menos mala la vida para las mujeres. Por detrás de casi media Europa.
Mientras que en Suecia el nada irrelevante instituto Karolinska (ese que concede los Nobel) emite un informe donde se cuestionan los beneficios del bloqueo hormonal en menores de cara a aliviar la disforia de género por considerarlo experimental y no exento de riesgos y el gobierno decide paralizar su aplicación hasta la mayoría de edad, en España la Ley Trans garantiza el suministro de inhibidores de la pubertad por parte de la sanidad pública a niñas y niños a partir de los 12 años que lo soliciten y permite intervenciones médico quirúrgicas en los mismos términos que a los menores intersexuales.
Mientras que en el Reino Unido el primer ministro Rishi Sunak modifica la normativa implementada por Theresa May que eliminaba los lugares públicos segregados por sexo ante el incremento desmesurado de agresiones sexuales a mujeres en los espacios “para todos los géneros” (incluído el caso de la violación a una paciente en la zona “femenina” de un hospital perpetrada por una trabajadora que resultó ser “mujer trans”, como cuenta aquí Zuriñe Ojeda), al mismo tiempo que decreta la prohibición de por vida del cambio de sexo registral para los condenados por agresiones sexuales, en España nos despertamos estos días con la noticia cuasisecreta de “una trabajadora” de un centro de menores condenada por agresión sexual al haber mantenido durante dos años, y según la fiscalía, “relaciones sexuales completas” con una interna de 13 años (creo que todo el mundo sabe qué se esconde tras ese eufemismo de “completas”).
Y es que en el afán hispano por ser los más avanzados en derechos sociales del mundo y demostrar que 40 años de dictadura más todos los siglos anteriores de represión y de “charanga y pandereta, cerrado y sacristía” (brevemente interrumpidos por cinco años de República democrática) no nos han pasado factura, nos encontramos con situaciones tan rocambolescas como que el motivo de la denuncia a una feminista por no respetar los pronombres de un individuo autodeterminado trans sea exactamente el mismo que esgrime como argumento un juez para denegar el cambio de sexo registral a un militar de aviación.
Por poner en contexto, hace un par de semanas “cohabitaron” dos curiosas noticias relacionadas con lo trans. Por una parte, Lucía Echebarría tenía que ir a juício tras la denuncia de Marcos Ventura Armas por delito contra su integridad porque en el año 2020 la escritora se preguntaba en un tuit si ante el aspecto del activista canario (que tiene expresión de género masculina totalmente acorde con su sexo de nacimiento) alguien podía ver algo que no fuera un hombre.
Por otra parte, el juez Matías Martínez denegaba el cambio de sexo registral a un militar de aviación por considerar que tenía aspecto totalmente masculino pero pretendía beneficiarse de los ascensos por ser mujer y cometer así fraude de ley.
Marcos Ventura, a pesar de que se expresa como hombre porque (según él mismo ha declarado en varias entrevistas) sabe que ello le beneficia a nivel laboral y mantiene su aspecto masculino (con cerrada barba que dice aborrecer) pese a tener un diagnóstico de disforia de género, porque así liga más y satisface mejor sus necesidades, considera que nada de eso es óbice para que se respete su identidad trans y que el no hacerlo es causa suficiente para interponer una denuncia a Echebarría según recoge la nueva Ley Trans. En la actualidad en sus perfiles profesionales y en redes sociales se sigue presentando en masculino.
El juez Matías Martínez argumenta para denegar el cambio de sexo registral del mencionado militar que “se auto-refiere en masculino, no evidencia ninguna expresión de género en el contexto de las expectativas sociales ni en la relación con el modo de vestir ni en el uso de uno u otro nombre o pronombre, ni en el comportamiento, ni en la voz ni en la estética”, aunque alega que este no es el principal motivo del rechazo a su petición, sino el usar el cambio de sexo para ascender en el Ejército. Habida cuenta de que no existe ni una sola medida de discriminación positiva para las mujeres en las fuerzas Armadas y que lo de los ascensos no va así, no nos queda otra que pensar que la verdadera razón es la primera.
Es decir, Marcos Ventura cumple a rajatabla la Ley Trans pese a tener expresión de género de hombre, no haberse cambiado de nombre y tratarse a sí mismo en masculino. Y como nada de esto es exigible por la ley, quien no respete su identidad de género autopercibida incurre en un delito contra su integridad moral.
Sin embargo, el militar de aviación, que también cumple a rajatabla la Ley Trans, cuya expresión de género es de hombre, no se quiere cambiar el nombre y se trata a sí mismo en masculino, comete fraude de ley.
Hace unos días el juez canario daba una entrevista donde decía que “Los fraudes en la ‘ley trans’ se detectan en cuanto entran por la puerta” y aseguraba que, pese a lo necesaria que era una ley que no estigmatizara al colectivo obligándole a pasar por dos años de hormonación como la del 2007, eran necesarias unas directrices más claras para detectar el fraude de ley y que no se limitaran a ahondar en detalles en una entrevista en el momento de la ratificación por parte del juez del registro como estipula la instrucción de mayo de este año.
Teniendo presente que la propia ley define la identidad sexual como una vivencia interna y que prohibe taxativamente condicionar el cambio de sexo registral a cualquier modificación estética o corporal, incluída la expresión de género o el cambio de nombre, estoy ansiosa por saber cuales podrían ser esas directrices, aunque me temo que no podrían existir sin modificar la ley.
Ahora solo espero que el militar tenga los arrestos de recurrir la negativa del juez a ratificarle su cambio de sexo registral porque tiene la ley de su parte. Mientras tanto, los señores venideros que se quieran cambiar de sexo solo tienen que currárselo un poco más e infiltrarse y destacar en alguna asociación LGTBIQ+ o pintarse los morros y ponerse tacones cuando vayan a la entrevista para ratificar en cambio de sexo ante el juez del registro.
