Ayer, miércoles, la alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera y su equipo de Gobierno, se vieron obligados a dar explicaciones sobre la situación actual del servicio de limpieza de su municipio y de todas sus instalaciones, a raíz de una publicación del Partido Popular en sus redes sociales, donde aparecen reunidas las trabajadoras y una representación del partido.
Según explica, el conflicto surge de la propia externalización del servicio, de la cual culpa a la Ley Montoro y al gobierno del PP, y ha venido pasando por todos sus mandatos, sin que, a día de hoy, le hayan puesto solución.
La licitación, publicada el pasado mes de junio, a raíz del incumplimiento por parte de la empresa Top Limpi con las trabajadoras, tendría ya una empresa adjudicataria, ASI CGB, pero ésta se habría retirado finalmente al haber sido conocedora a posteriori de la ingente deuda en salarios y Seguridad Social, «de la cual no habrían sido informados anteriormente ni constaba en la licitación».
A pesar de que durante la rueda de prensa la alcaldesa insiste en «un interés primario en la situación de las trabajadoras y en no sacar tajada política de su sufrimiento», éstas aseguran no haber recibido respuesta a una solicitud de reunión que habrían formalizado por registro el pasado 13 de este mes.
Isabel Herrera alega que «no se va a reunir con su enlace sindical ni con su sindicato, pues es de una empresa privada, con cuyas partes el ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad».
Si bien es cierto que se produjeron reuniones entre la empresa Top Limpi, el PSOE que está legislando en estos momentos en Gelves, las trabajadoras afectadas y sus asesores del Sindicato Andaluz de Trabajadores, la alcaldesa asegura en sus declaraciones «que el Ayuntamiento no tiene ningún conflicto y que no le consta ninguna deuda».
El SAT, por su parte, asegura que «en las reuniones y conversaciones mantenidas con el ayuntamiento, donde jamás se le ha faltado al respeto ni se le ha insultado, sí que se le ha puesto en conocimiento de todas las cantidades a deber, que, sin embargo, no han sido incluidas en la licitación, ya de por sí muy ajustada».
Esto habría provocado que la primera empresa adjudicataria finalmente se retirase al no poder asumir una deuda con la que no contaba, no sin antes intentar negociar con las trabajadoras, instando a «Firmar documento personal por cada trabajador que con la cantidad recibida y con esto quedara saldado el total de la deuda de la anterior empresa y exenta la responsabilidad de la empresa ASI CGB de todas reclamaciones; todos los trabajadores deben aceptar el acuerdo; renunciar a cualquier acción legal contra la empresa adjudicataria y sobre la empresa saliente deudora». Este acuerdo, que ha sido rechazado por el grupo de trabajadoras «por ser tendenciosamente ilegal y por vulnerar sus derechos», tendría, finalmente, que ser visado por el Ayuntamiento, que respaldaría esto con varias actuaciones para que la empresa pueda desarrollar en el servicio.
Al haberse ya retirado la empresa adjudicataria, la alcaldesa, en respuesta a la pregunta de la prensa sobre cómo se está gestionando por parte del ayuntamiento el servicio de limpieza, asegura que «por encima de cualquier interés, de cualquier empresa o sindicato, está la limpieza del Ayuntamiento y este servicio se va a seguir prestando con los instrumentos que pueda, como es el SAE o a través de una ETT».
En este sentido cabe destacar que hay actualmente 7 trabajadoras, aún contratadas por Top Limpi para este servicio, con contrato fijo discontinuo, que no han recibido su llamamiento, el cual se debería haber producido alrededor de una semana antes del inicio del año escolar, y que están siendo sustituidas, dentro de un marco posiblemente no ajustado a la legalidad, por personas trabajadoras contratadas por una ETT.
«Nos extraña y nos llama la atención que un gobierno socialista y obrero agradezca públicamente el servicio de una ETT, con la precariedad que eso supone, cuando en la misma rueda de prensa se está quejando de la ley Montoro, promovida por el PP en su momento. Nos duele, además, que se den afirmaciones imprecisas sobre el conflicto, ya no sólo desde un punto de vista sindical sino jurídico, sobre los vínculos de este sindicato con la empresa privada aludiendo a que de alguna manera al defender a unas trabajadoras contratadas por una empresa privada, estaríamos haciendo sus intereses. Es incluso impreciso y más grave si cabe, no reconocer el impago de las nóminas desde hace ya 4 meses, es decir desde junio, incluido.
Por otro lado, por mucho que se insista en que no son trabajadoras del ayuntamiento, éstas habrían recibido órdenes directas por el equipo de gobierno de Isabel Herrera, incluso interrumpiendo sus vacaciones», continúan desde el sindicato.
En esta rueda de prensa, la alcaldesa deja claro que no existe intención de subrogar a las trabajadoras y lanza toda la responsabilidad al SAT y a su asesoría jurídica.
https://x.com/gelvescomunica/status/1707080822015066119?s=48
