Antonio Gil.
Los malos resultados electorales que ha cosechado Podemos en las dos últimas citas electorales tienen consecuencias para su personal técnico. Recordemos que tras la cita del 28M pasaron de 47 diputados autonómicos a 15, desapareciendo en importantes comunidades como Madrid o Valencia y perdiendo cinco de los seis gobiernos autonómicos en los que participaban de los consejos de administración que rigen los intereses colectivos de la clase burguesa, como definieron al Poder Público dos conocidos barbudos en 1848.
Además, el 23J les ha dejado con 5 diputados dentro de la marca electoral de Yolanda Díaz, Sumar. Estas debacles electorales pasan factura a sus finanzas: la caída en los ingresos territoriales se cifra en un 90%, y los estatales han caído un 70%.
Desde el punto de vista de la estructura organizativa, esto se traduce en el cierre de sedes y el despido de personal técnico, por medio de un Expediente de Regulación de Empleo que va a significar el cierre total de sedes en nueve comunidades autónomas y una reducción de la plantilla de la estructura estatal, en total 106 trabajadores afectados, 45 de las federaciones regionales y 43 de los 61 de la organización central.
Estas, en principio, son las estimaciones que hace Podemos, y que se irán concretando tras las negociaciones con los trabajadores. Una consecuencia lógica, por otra parte, de tener una estructura financiera apoyada no en las cuotas de la militancia, sino en las aportaciones institucionales que corresponden a los cargos obtenidos.
El número de despidos podría reducirse si la formación morada consigue hacerse con algún ministerio.
