Por Mara Ricoy Olariaga
El sábado 17 de Junio en una marcha improvisada a última hora, cientos de mujeres se concentraron en varias capitales británicas para reclamar la despenalización del aborto.
Dicha marcha fue motivada por la reciente sentencia dictada contra una mujer, madre de tres (incluido un niño con discapacidad) y condenada a veintiocho meses de prisión por abortar, durante la pandemia, a un bebé de edad gestacional entre 32 y 34 semanas, según estimaciones médicas.
Esta sentencia se dicta en base a una ley del sistema penal británico que data de 1861.
En este caso según leo, la mujer buscó ayuda online para poder acceder, durante la pandemia, a las pastillas que se estaban suministrando por aquel entonces por correo, gracias a la labor de la organización BPAS (British Pregnancy Advisory Service) y para ello era necesario decir de cuántas semanas de embarazo se está (aproximadamente) ya que este método se estableció únicamente para embarazos de hasta 10 semanas.
Y según el juez esta mujer: “mintió sabiendo sobradamente que no estaba de 10 semanas”.
(En mi experiencia profesional los hombres siempre encuentran difícil entender que las cuestiones fisiológicas en un embarazo no sean tan fáciles de medir y pecan de inexactitudes para con quienes parimos).
El límite legal en Reino Unido para abortar son 24 semanas y después, en circunstancias excepcionales, y cito y traduzco: «si la vida de la madre está en riesgo o si el bebé va a nacer con discapacidad severa«. Me dan ganas de decir “defina riesgo” y también de preguntar “¿y la ética en la cuestión eugenésica?”.
La mujer del caso que ha movido a la movilización tenía dos parejas y dudaba de la paternidad de la criatura. Cuando se le preguntó que por qué había ocultado su situación dijo que por vergüenza.
En los tiempos que vivimos todas las búsquedas que esta mujer hizo en Google fueron utilizadas en su contra. Desde el buscar “cómo ocultar la barriga durante el embarazo” a “cómo abortar sin ir al médico” o “cómo perder un bebé de seis meses”. Para quienes no lo sepan, muchas asociaciones feministas han alertado sobre el uso de datos que hacen ciertas aplicaciones de fertilidad, menstruación y similares. Las mujeres vigiladas, supervisadas, sospechosas, nada nuevo.
Este caso es una tragedia, se mire por donde se mire. Las estadísticas nos dicen que es un porcentaje ínfimo el de las mujeres que buscan abortar tan tarde. La ley de 1861 es en realidad de 1803, y es una ley que ni siquiera mencionaba a las mujeres ni buscaba perseguirlas en sus inicios, fue una ley creada en un tiempo en el que los abortos no eran seguros, los médicos buscaban tener mayor control profesional sobre las matronas, tradicionalmente aliadas de las mujeres, y su autonomía sexual y reproductiva. La ley, en cierta forma, se hizo para reducir la mortalidad de las mujeres. En 1861, como apunta la Doctora en Derechos Reproductivos Emma Milne, las mujeres se añadieron en esa última versión sin que sepamos muy bien por qué.
Y hoy en día ha sido utilizada para meter a una madre en la cárcel.
Una madre con estrés post traumático desde que parió a un bebé muerto por un aborto mal hecho, a la desesperada y tarde, y por lo que dice no poder olvidarse de su cara y tener pesadillas.
El sistema nos sigue fallando, nos sigue dejando de lado en los momentos de crisis y vulnerabilidad. Seguimos siendo víctimas de la misoginia general que aún estigmatiza nuestra libertad sexual y reproductiva. Se nos carga con la responsabilidad y la culpa.
La sociedad se rasga las vestiduras, pero no tiene ningún problema con los hombres que abandonan económica, emocional y afectivamente a bebés y niños.
Ni parece tener ningún problema en dejar a tres criaturas sin madre más de dos años.
Ni le preocupa la precariedad y que haya mujeres haciendo lo imposible para alimentar a sus hijos.
Porque la cuestión aquí no es que esta mujer represente un peligro público, sino que debe ser aleccionada y servir de ejemplo. Y el ejemplo que nos ofrece es para reiterar que el aborto es un acto criminal.
No se trata de defender el aborto a las 32 semanas de gestación ni de defender a esta mujer en particular. Se trata de oponerse de manera rotunda a que el aborto siga siendo entendido desde lo penal. Debe ser sacado del contexto y del lenguaje criminal por completo y sin ambages.
Necesitamos entender de una vez por todas y sin excepciones que el aborto es una cuestión de salud pública y que criminalizarlo y prohibirlo pone en peligro a las mujeres y a sus criaturas.
Acorralar a las mujeres con límites, estigmatizarlas, no dar opciones, utilizarlas como casos ejemplarizantes, hablar en términos delictivos, investigarlas y juzgarlas sin tener idea de las implicaciones socio-económicas, físicas y psíquicas que supone un embarazo y las razones por las que las mujeres abortan y lo que necesitan, es un riesgo para nuestra salud y para nuestra libertad.
Las mujeres que buscan abortar necesitan cuidados, opciones y una mirada compasiva no acusatoria.
Con la derogación de Roe vs Wade en Estados Unidos después de 50 años, y estando aún prohibido en 24 países y restringido a situaciones muy específicas en 50, el aborto sigue sin ser una cuestión de salud y autonomía reproductiva.
En 2021, una cría de 15 años fue investigada durante un año en Reino Unido por haber sufrido un aborto espontáneo y sus mensajes de texto y sus emails fueron revisados.
Fue denunciada por el hospital. ¿Qué clase de impacto tiene eso en la vida de esa niña y sus compañeras de instituto?
Para quienes hemos abortado superando la propaganda católica en nuestras colegios de monjas y teniendo que pasar entre pancartas que nos condenan como asesinas, con la advertencia de la clínica de ignorar a los manifestantes a sus puertas.
Para las que crecimos con historias de matronas en el pueblo, en la época de nuestras abuelas, que acabaron en la cárcel en otro tiempo por ayudar a las mujeres en secreto y en los ochenta con relatos machistas de los adultos sobre “señores que habían mandado a sus secretarias a Londres un fin de semana, tú ya me entiendes”.
Sabemos perfectamente que el aborto no es ni libre, ni seguro, ni gratuito.
Sabemos que su estigma histórico pesa y que nuestra sexualidad sigue sujeta a un entramado social que aún sin ir a juicio nos juzga. Sabemos que pese a lo luchado aún queda mucho para llegar a la maternidad deseada. Y sabemos que nuestros derechos no se cincelan en mármol, se escriben a lápiz y en papel.
