Eva Manzanares García.
Diversos técnicos de Ministerio han presentado en estos días un informe que propone reducir la jornada laboral a 37,5 horas y, paulatinamente y hasta 2032 a 32 horas. Además, se incluyen varias medidas en materia de flexibilidad, conciliación, productividad y salud laboral. Dichas medidas serán incluidas en la ley de usos del tiempo y racionalización horaria que se está preparando actualmente.
En los plazos que se están manejando, alrededor de un 25% de los trabajadores de las empresas públicas estarían ya jubilados, teniendo en cuenta que la media de edad en las administraciones públicas es de más de 50 años.
Según declaraciones de la Ministra Yolanda Díaz: «vidas mejores son vidas con tiempo, jornadas laborales racionales y espacio para los cuidados y el bienestar de las personas. Ha llegado el momento de abordar la ley de usos del tiempo». Díaz también afirma que «tiempo para vivir, para pensar, para aburrirse y hacer lo que nos guste» incrementará la productividad en nuestro país, que está muy por debajo de la media europea.
Desde el Ministerio se apunta a una reducción de la jornada máxima», la cual «tiene que ser real y factible» y permitir la flexibilidad «para que el trabajo se adecue a las personas trabajadoras».
La introducción de las medidas será paulatina y con un sistema de incentivos. Habría también que analizar, en qué se traducirían dichas ayudas en términos de gasto de público y de qué manera se manejará la flexibilidad, que, según el sistema actual, se basa en horas extras (a menudo no retribuidas ni fiscalizadas) y la difusa costumbre de poca previsión en los calendarios laborales por parte de las personas trabajadoras.
Además, tampoco se ha especificado qué rol mantendrá la Inspección de Trabajo, ni qué medidas o recursos se emplearán para garantizar la correcta aplicación de esta adaptación.
Por otro lado, es destacable que esta medida sólo contempla, al menos a primera vista, una supuesta mejora para aquella persona que trabaje por cuenta ajena, sin hacer ni tan siquiera alusión a los autónomos.
Por último, queda en el aire cómo afectaría a la jubilación de los trabajadores este cambio a efectos de cotizaciones y aportaciones y el coste a cargo de los presupuestos.
Esta propuesta, a diferencia de los programas piloto para tantear la implantación de la semana laboral de cuatro días, tendrá rango de ley y afectará a todos los trabajadores y empresas.
