El sexo no es un derecho

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España es uno de los primeros países del mundo en consumo de prostitución. Esta actividad que en nuestro país es alegal (es decir, no es delito pero tampoco lo contrario) devuelve unos datos escalofriantes sobre la utilización de las mujeres con fines de explotación sexual.

Según datos del CIS en 2008 un 32,1% de los varones reconocían haber hecho uso de la prostitución y su desglose divide la cifra en un 10,2% que reconocía su consumo una vez en su vida y un 21,9% más de una vez. 

En un estudio realizado por el INJUVE en 2020 a través de una encuesta poblacional, se obtuvieron unos datos realmente escalofriantes: el 10,6% de los jóvenes entre 15 y 29 años afirmaba haber acudido a la prostitución. De ellos el 3,9% no solo una vez. 

Estos datos de los últimos años son un claro indicador de que los hombres que se acercan a la prostitución son cada vez más jóvenes, no tiemblan al reconocerlo para datos estadísticos y aunque no son habituales, comprar mujeres para el sexo, no es una actividad esporádica. 

No es fácil calcular el número de mujeres en situación de prostitución que son explotadas en nuestro país. Algunos estudios llevados a cabo por organismos públicos hablan de 45.000 pero sabemos que esa cifra aumenta si agrupamos investigaciones hechas en las Comunidades Autónomas. Ahora mismo la horquilla se encuentra entre 100.000 y 130.000 mujeres y con un claro y vertiginoso aumento debido de las webs de servicios de prostitución. 

El ministerio de Trabajo, ya en 2005, estimaba una cifra de altas en la Seguridad Social de unas 113.00 mujeres si la prostitución se convirtiese en un “trabajo lícito”, algo cada vez más exigido por determinados sectores políticos. 

Las instituciones hacen mucho hincapié en las mujeres vendidas en trata de personas ya que sus víctimas son mayoritariamente llevadas a la explotación sexual (frente a la explotación laboral con cifras mucho más bajas). Pero si, tal y como defiende el feminismo, la prostitución siempre es un sistema explotador porque hay distintas causas que empujan a las mujeres a subsumirse a ese sistema de vida, la prostitución es un negocio altamente lucrativo para aquellos que ven a las mujeres como meros objetos sexuales. Hablamos de una estimación económica alrededor del 0.35% de PIB (unos 4.200 millones de euros anuales sobre precios de 2021)

Uno de los pilares fundamentales de la lucha feminista es la abolición de la prostitución y la persecución de los hombres que, por un lado se lucran con dicho sistema y por otro, los que hacen uso de él. Pero cuando nuestro gobierno tuvo la oportunidad de terminar con un sistema explotador y lesivo para las mujeres, ayudando a que puedan abandonarlo, no solo las víctimas de trata (qué sí es un delito en nuestro país) sino todas aquellas abocadas a ejercerla, las presiones políticas de algunos grupos parlamentarios obligaron al PSOE, que defendía la enmienda y al PP que la apoyaba, a retirarla para no impedir que se aprobase la llamada Ley de Solo Si es Si. Una de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad en manos de Irene Montero (UP) que, según palabras de la propia ministra, puso el consentimiento en el centro pero que olvidó que las mujeres prostituidas no consienten. Los partidos políticos españoles, al menos un número importante de ellos, siguen dudando de la efectividad de los sistemas abolicionistas que además persiguen al putero (modelo sueco). Barajan la idea del modelo alemán (regulacionista) pero no se molestan en leer los estudios llevados a cabo y que han demostrado el desastre mayúsculo que ha supuesto para las mujeres prostituidas que actúan bajo ese modelo. 

Una de las variantes que más “apoyo” está obteniendo últimamente es la llamada asistencia sexual para personas con discapacidad. Es decir, una forma de prostitución encaminada a la satisfacción sexual de personas con problemas motrices, emocionales, psicológicos o de cualquier tipo. Esta forma de prostitución pone el foco en las necesidades sexuales de estas personas y su incapacidad muchas veces, para mantener relaciones voluntarias, estables y satisfactorias. En la última entrega de los Premios Goya celebrada en Sevilla, ante las palabras de Telmo Irureta, «las personas con discapacidad también existimos y también follamos» y el acalorado aplauso de los invitados al acto, dejó claro que en este país el sexo, sobre todo en los hombres, sigue tomándose por una necesidad. Diversas asociaciones feministas han puesto el foco en sus palabras ya que la actividad sexual no es un derecho y por tanto no es lícito el eufemismo de asistente sexual cuando lo que se está demandando es prostitución. 

En palabras de la filósofa Ana Pollán, que además padece parálisis cerebral: “Tener sexo no es un derecho. Y tener una discapacidad no permite exigir sexo. Además, el sexo es un deseo, no una necesidad. Sin cobijo o alimento, las personas nos morimos; sin tener relaciones sexuales, no. Por eso, no es exigible que el deseo de placer sexual sea satisfecho a cualquier precio, mucho menos a causa del doblegar y someter a otra. Un hombre con discapacidad que se lamenta de su suerte por no tener relaciones sexuales y en ello se justifica para acudir a la prostitución, es perfectamente consciente de lo que hace: va allí donde las mujeres no pueden negarse a satisfacerlo sexualmente. Va allí donde no son libres de rechazarlo”. 

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