La Secretaría de Estado de Comunicación acaba de comunicar que el Gobierno va a aprobar un acuerdo para declarar incompetente a la Junta de Castilla y León en cuanto a la Ley del Aborto. De este modo, el Consejo de Ministros aprobará hoy un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación a las actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior.
Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León «incluye aquellas actuaciones constitutivas de vía de hecho», que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla.
La Junta tendrá a partir de hoy un plazo de un mes para contestar. Según ha explicado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, si la Junta de Castilla y León no responde a este nuevo requerimiento, el Gobierno iniciará «acciones ante el Tribunal Constitucional en defensa de los derechos y las libertades de las mujeres».
El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), informó recientemente de la intención de su administración en que los médicos de esta comunidad estuviesen obligados a informar a las embarazadas del nuevo protocolo para evitar abortos, que entre otras presiones incluía la posibilidad de escuchar el latido del feto o ver una ecografía 4D antes de continuar con la interrupción voluntaria del embarazo.
