Poco a poco va tomando forma la realidad de las políticas trans. El documental sueco “El tren trans” investigó las políticas sanitarias del país escandinavo, entrevistando a pacientes que se arrepintieron de iniciar el proceso pero que tendrán que pasar el resto de su vida con secuelas. El informe Cass y las repetidas denuncias de trabajadores y padres de pacientes pusieron el foco en las acciones del personal de la clínica Tavistock, lo que llevó a su cierre. También en Inglaterra, la serie de podcasts “Nolan Investigates: Stonewall” reveló la íntima relación entre la BBC y la organización trans Stonewall, advirtiendo de que los medios de comunicación estaban siendo censurados por los activistas, lo que llevó a la cadena pública a romper lazos con la organización.
Aquí no hemos tenido tanta suerte. Ha sido necesario que la Ley Trans provocara una crisis en la coalición de gobierno para que los medios se atrevieran a hablar del tema, y lo han hecho con reticencias. Sirva como ejemplo la escasa cobertura de la presentación de esta semana, a las puertas del Parlament, del informe que ha publicado Feministes de Catalunya sobre Trànsit, el servicio de acompañamiento a las personas trans de Cataluña.
Este informe es un documento clave para entender los efectos de las políticas de identidad de género. Vale la pena leerlo, aunque solo sea para entender la opacidad y el secretismo que las envuelve. La organización feminista tuvo que pedir información en el portal de transparencia de la Generalitat, presentar una queja y pedir una mediación, y aun así recibieron datos incompletos. Entonces tuvieron que recurrir a informes de activistas trans que sí tuvieron acceso a datos de calidad.
Tampoco hay datos en los organismos públicos. Quienes cambiaron radicalmente la atención sanitaria de las personas con disforia, adoptando un nuevo modelo cuyos riesgos y beneficios aún deben demostrarse, no han considerado oportuno informar a la ciudadanía. Lo mismo sucede con la Ley Trans. Dicen que es urgente atajar una problemática que afecta a las personas más vulnerables de la sociedad, especialmente a los menores. Pero las madres y padres de estos menores apenas tienen información. Se enfrentan a decisiones dificilísimas sobre cambios de nombre, de sexo legal, tratamientos hormonales y cirugías que podrían afectar a sus hijos de por vida, y lo hacen prácticamente a ciegas.
El afán legislativo en las cuestiones trans no va acompañado de un afán informativo. Ni el gobierno central ni el autonómico, en una de las primeras autonomías en aprobar su propia Ley Trans, han compartido los resultados de su experiencia. El trabajo que deberían hacer los representantes públicos, explicar los resultados de una apuesta muy arriesgada y convencernos de que fue la decisión correcta, recae sobre organizaciones de mujeres feministas, aquellas a las que llaman despectivamente TERF, tránsfobas, odiadoras. La conclusión de su trabajo dice que no, que la apuesta no valió la pena.
El informe demuestra, con los datos en la mano, que el servicio Trànsit cada vez atiende a más mujeres adolescentes y preadolescentes. Se está repitiendo la tendencia que ya se vio en el Reino Unido, Suecia y Finlandia, países que han hecho marcha atrás después de adoptar políticas similares a las de Cataluña.
El tipo de pacientes que atiende Trànsit ha cambiado desde su fundación en 2012 hasta ahora. Al principio la mayoría eran hombres mayores de 30 años, ahora el 51% son mujeres, y de estas el 63% son menores de 25. La diferencia es más clara en la franja de 10 a 18 años, donde las mujeres son el 67% de los pacientes. En total, casi el 40% de los pacientes de Trànsit son menores de edad, que sumaron 1300 personas entre 2012 y 2020. 1300 niños, preadolescentes y adolescentes a los que probablemente se les han recetado tratamientos hormonales cuyos efectos a largo plazo desconocemos. Y digo probablemente porque los datos oficiales no distinguen a qué pacientes se les recetan hormonas u otros tratamientos. Feministes estima que como mínimo al 78.6%, sin poder precisar la proporción de menores.
Esta no es la única carencia en la información que recibieron. Cada vez hay más pacientes de los que no se registra el sexo, lo que podría obstaculizar estudios sobre cómo afecta la disforia a mujeres y hombres. No se ha obtenido ningún dato del año 2021. Y el número de pacientes que aparece en los datos oficiales no se corresponde con el publicado en otros informes, que además tenían información más detallada, como el sexo de los pacientes que se identifican como no binarios.
A pesar de todas las dificultades, el informe de Feministes de Catalunya cumple su función. El muro de opacidad que rodea al lobby trans empieza a agrietarse, como ya ha sucedido en otros países, revelando unas políticas temerarias. Estas políticas afectan al sector de la educación, con los protocolos para detectar posibles casos de menores trans; a la sanidad, recetando tratamientos hormonales a estos mismos menores sin realizar una mínima evaluación psicológica; y a la libertad de expresión para denunciar estos hechos, con las durísimas amonestaciones por transfobia contempladas en la Ley Trans, que serán decididas por el Ministerio de Igualdad y no por un juzgado. Gracias a informes como este vemos cada vez más claro a quién benefician y a quién perjudican las políticas impulsadas por el lobby trans. Todo indica que las más afectadas serán las personas a las que pretenden ayudar.
Se puede leer el informe en https://feministes.cat/publicacions/informe-transit-catalunya-2022
