La Inspección de Trabajo ha multado con 79 millones a la empresa de reparto Glovo por trabajar con falsos autónomos. Las inspecciones fueron realizadas en las ciudades de Barcelona y Valencia y alcanza en total a la situación de unos 10.000 trabajadores.
Se trata de actuaciones enmarcadas en la autoridad laboral comenzada antes de la aplicación del nuevo modelo de autónomos de Glovo tras la Ley Rider, según explican desde Trabajo. Este ministerio considera confirmado que la empresa «no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, de modo que Glovo presta servicios de reparto y mensajería fijando las condiciones esenciales de prestación de dicho servicio». Quedaría certificado de este modo que en la relación entre la empresa y los repartidores «concurren las notas de dependencia y ajenidad propias de la relación laboral».
Es esta la mayor multa impuesta a Glovo hasta hoy, en lo que representa una respuesta contundente de Trabajo ante el desafío de la empresa al nuevo marco laboral aprobado con la finalidad de combatir el fraude de los falsos autónomos. La llamada «Ley Rider» se puso en marcha en agosto de 2021 y exige a las empresas con aplicaciones digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores.
En ese sentido, Yolanda Díaz, como titular de la cartera ha manifestado que «Glovo está obstruyendo la labor de la inspección de Trabajo. Es gravísimo en un estado social y democrático de derecho, en el que las empresas tienen también que cumplir la ley».
La empresa Glovo dobló sus ingresos en el 2020 hasta alcanzar los 360 millones en España. Está presente ya en más de 870 ciudades de 23 países del mundo. Actualmente es propiedad del gigante alemán del sector de reparto de comida a domicilio, Delivery Hero. Según esta multinacional de reparto, los ingresos totales aumentaron un 38% interanual en el segundo trimestre de este año, hasta los 2.130 millones de euros, sin contar Glovo. Los analistas esperan cumplir las expectativas de ser plenamente rentable, aunque ahora en España tendrá que reconsiderar su política de contrataciones.
