Solicitan penas de prisión para cuatro directivos de una eléctrica

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Penas de tres años de prisión junto con una indemnización de 107, 5 millones de euros es lo que la asociación de consumidores FACUA, personada como acusación particular ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha solicitado para los cuatro directivos de Iberdrola procesados por la paralización de centrales hidroeléctricas que provocó la eléctrica en 2013 con la finalidad de inflar el precio de la electricidad.

Además de la sanción a la compañía y las penas de prisión ya referidas, FACUA solicita para el Director de Gestión de Energía, A.C., el ex-responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, G.R.,el Jefe de Gestión de Activos, J.L.R.J., y el jefe de Gestión de Mercados a Corto Plazo y Generación Global, J.P., la pena de 18 meses de multa, con una cuota diaria de 400 euros, por la comisión de delitos contra el mercado y los consumidores en grado de autoría.

Asimismo, en su escrito de acusación la Fiscalía solicita una compensación económica de 85 millones, dos años de prisión e inhabilitación y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para las cuatro personas investigadas.

El procedimiento se inició cuando en 2017 la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia contra Iberdrola por un «delito contra el mercado y los consumidores» por aumentar, sin causa legítima que lo justificara, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, obteniendo un lucro ilícito de, aproximadamente, veinte millones de euros. La Asociación de consumidores ya había denunciado anteriormente los hechos, pero se había procedido a su archivo.

Como dato de interés, ya en 2017 la Comisión nacional de los mercados y la competencia (CNMC) había multado a la eléctrica con 25 millones de euros por haber inflado fraudulentamente el precio de la electricidad.

La Fiscalía calcula que el «artificio urdido y llevado a cabo» por los acusados elevó el precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 euros/MWh, y a tenor de ello, solicita también el decomiso de las ganancias obtenidas y la publicación de la futura sentencia que dicte la Audiencia Nacional en los periódicos oficiales.

Las cantidades solicitadas por FACUA y la Fiscalía serían en concepto de indemnización a las comercializadoras que han reclamado los perjuicios y a los consumidores finales que acrediten haberse visto afectados por la subida de la electricidad entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.

Recordemos, para concluir, que el Código Penal establece en el párrafo primero de su artículo 281 que «el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses».

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