El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI).
«Esperamos que esta ley pueda ser aprobada con urgencia, porque las vidas LGTBI, particularmente las vidas trans, ya no pueden esperar más», ha señalado en su presentación la ministra, Irene Montero, quien se ha destacado como impulsora de esta polémica ley contra la que se han pronunciado amplios sectores del feminismo.
La norma establece el derecho a la libre determinación de la identidad de género y la despatologización de este reconocimiento. Este procedimiento de reconocimiento se hará mediante un sistema de doble comparecencia en un plazo máximo de cuatro meses para las personas mayores de edad, y también para las que tengan edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. Quienes tengan entre 14 y 16 años necesitarán la autorización paterna o materna y para los de 12 a 14 años el procedimiento se podrá realizar a través de expediente de jurisdicción voluntaria. Los menores de 12 años podrán cambiar su nombre en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Asimismo, las personas inmigrantes podrán cambiar los documentos expedidos en España.
En el régimen sancionador, además de las terapias de conversión, serán considerados infracciones muy graves los contenidos educativos discriminatorios en los libros de texto o en los materiales didácticos educativos y, salvo que lleguen a ser delito y se deriven a la vía penal, también los actos de acoso. Las infracciones leves, como insultos o mensajes discriminatorios, podrán ser sancionadas con cantidades de 200 a 2.000 euros y las graves, como por ejemplo no contratar a una persona por su orientación sexual, podrán recibir multas de hasta 10.000 euros.
