Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat valenciana, presentó finalmente su dimisión, unos días después de su imputación por el caso de abusos a una menor tutelada, en el que fue condenado su exmarido y por el que ha sido imputada por presunto encubrimiento. Pese a que haber manifestado que no renunciaría, ha sido la presión de sus propios compañeros de partido la que ha llevado a Oltra a aceptar el cese de sus responsabilidades.
En una comparecencia en la que se mostró claramente emocionada, Oltra aseguró que se va “con la cara bien alta, aunque con los dientes apretados”. Como orígenes de esas presiones señaló a los partidos próximos a su formación y a la de la prensa. «No voy a ser la coartada para que se expulse a Compromís del Gobierno -manifestó- ni comprometeré el cambio que se inició en 2015».
En la conmoción de su visible malestar, añadió que con esta decisión «ganan los malos» y que se trata de una «infamia judicial que pasará a la historia». Sobre el origen de la imputación, dijo que «no es posible hacer política contra los poderosos, a los que van contra los poderosos se los cargarán uno a uno».
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana entiende que, supuestamente, se encubrió el caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido en diciembre de 2019 y que existen indicios de la creación de un expediente que obstaculizaría la investigación y que permitiría a la responsable eludir las consecuencias en su carrera política.
La polémica suscitada a raíz de la dimisión divide a la opinión pública nacional en dos visiones opuestas. Por un lado, y principalmente de dirigentes que son o han sido afines a Compromís y a la propia Oltra, se entiende que la imputación es una maniobra de acoso de la ultraderecha para desestabilizar.
Sería, según destacadas personalidades de la política nacional, como Pablo Iglesias, Irene Montero, Enrique Santiago o Íñigo Errejón, quienes han manifestado su rechazo en redes sociales, un claro caso de guerra judicial o lawfare. Aprecian una similitud con otros casos como el del propio Iglesias o el diputado Alberto Rodríguez, que respondería a un mismo patrón: el de la trama de fuerzas de ultraderecha que utiliza su influencia en el mundo jurídico y su poder mediático para obstaculizar mediante artimañas legales el trabajo de sus adversarios políticos.
Tras las presiones legales parece encontrarse además la fundadora de VOX en Valencia, Cristina Seguí, quien además es responsable de una asociación que ha demandado a una docena de funcionarios de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas supuestamente relacionados también con el caso.
Por otro lado, desde otra perspectiva se interpreta que la situación de Oltra era insostenible y que incurría en diversas incoherencias que hacían inadmisible su permanencia en los cargos.
Estas incoherencias serían la propia historia de exigencias de responsabilidad a otros cargos que ha caracterizado la carrera política de Oltra, quien siempre se ha erigido como defensora de la limpieza y transparencia de los cargos públicos y de la necesidad de retirarse cuando surgiera la menor sospecha o imputación.
Además, desde algunas voces de feministas se señala que no es congruente anteponer las prioridades de un cargo en las circunstancias de un caso en el que se han sentenciado los abusos a una menor.
Se da la circunstancia de que es el informe de la fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, el que decantó finalmente la balanza en la dimisión de Oltra, un informe comprometedor en lo que se refiere a la responsabilidad de la imputada.
Gisbert, primera mujer Fiscal Provincial de Valencia, no es sospechosa de participar de ese entramado ultraderechista al que aluden los defensores de la Vicepresidenta, pues se trata de una fiscal con una larga experiencia en menores y de perfil progresista, que en su toma de posesión ya aclaró su intención de comprometerse firmemente contra la violencia machista y la explotación sexual de las mujeres.
En ese informe, la fiscal estima que Oltra sugirió una «orden verbal» para «desvirtuar la credibilidad de la menor», cuando la menor se encontraba en un centro de acogida y que contaba entonces 14 años. Fue en febrero de 2017 cuando la menor confesó a una asistente social que un educador abusaba de ella. El educador resultó ser el marido de Mónica Oltra en aquellas fechas, actualmente se encuentran separados.
Gisbert expone en su documento que no se puso en conocimiento de la Policía o de la Fiscalía de Menores este hecho desde la consejería de la que Oltra era responsable, consejería que era además competente en las tutelas de menores. Esos presuntos abusos acabaron siendo confirmados por la Justicia posteriormente.
Luis Eduardo Ramírez, entonces pareja de Oltra, fue apartado durante un tiempo, pero después se reincorporó a su puesto. En cambio, la menor fue evaluada por una psicóloga de la Consellería de Igualdad y se concluyó que su testimonio no era creíble. Su nombre completo no figura en el expediente interno del caso, sólo Luis R. y añade que resulta poco creíble que no se pusiera en conocimiento de su mujer.
Es a partir de la salida del ámbito de la Consejería, cuando la menor aprovecha la presencia de unos agentes de la policía en el centro para referirles los abusos, cuando el asunto llega a la Fiscalía.
Gisbert solicita que se hagan «cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos y la determinación del grado de participación de la persona aforada». Oltra tendrá que comparecer, por tanto, como investigada el próximo mes de julio.
