En un tuit, C. Galeote afirmaba que “No tengo ninguna duda de que si se pusiera educación sexual obligatoria en todos los cursos escolares las agresiones sexuales disminuirían”.
La ministra Montero iba en la misma línea al referirse a la acumulación de asesinatos de mujeres en una misma semana.
Entre el 23 y 29 de mayo de este año cuatro mujeres han sido asesinadas -presuntamente- por sus parejas o exparejas. Y en ese mismo periodo las denuncias por agresión a mujeres se cuentan por decenas.
El ministerio del Interior en un informe de 2019 señalaba el aumento de delitos sexuales entre 2013 y 2019, donde se pasó de 8.923 delitos (conocidos y registrados) a 15.319, un 71,6 % más.
Ante este panorama se entiende que la petición de una educación sexual sea vista por muchos como una solución. Se espera que una correcta formación sobre sexualidad y afectividad palie, si no todos, la mayoría de los delitos sexuales, o al menos reduzca su incidencia.
En España falta una estrategia general sobre la educación sexual en la escuela, y el Ministerio de Educación –con el apoyo de Sanidad- incluyó en la LOMLOE una visión de la promoción y educación para la salud afectivo-sexual de manera transversal en todas las etapas educativas.
La quieren integrar en la Estrategia Nacional de Salud Sexual buscando un «rotundo consenso de la necesidad de reforzar la salud afectivo-sexual en el entorno escolar». Se quiere recuperar algo de lo que contemplaba la LOE de 2006 y la LOMCE eliminó.
Ahora, con la LOMLOE se quiere recuperar lo que la LO 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ya contemplaba sin que llegase a llevarse a cabo; queriendo en la nueva ley que se vea en todas las asignaturas:
“Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa (…) la educación para la salud, incluida la afectivo sexual, la educación emocional y en valores (…) se trabajarán en todas las materias”.
De momento no hay nada en concreto, y las iniciativas que se han dado han sido locales o particulares de un AMPA, un claustro…, donde el embarazo de una adolescente, distribuirse una grabación entre el alumnado… han hecho saltar las alarmas.
Entonces, se organizan unas charlas apresuradas, casi siempre a cargo de un médico, para hablar de ETS, embarazos no deseados, cuatro cositas sobre la pubertad, la menarquia, y para de contar. Y hasta la siguiente.
Si llega a buen puerto esta iniciativa en la LOMLOE, y no se frustra, como en la LOE, por retrasos y falta de presupuesto, o por un nuevo gobierno de derechas, como en 2013, pasarán muchos años antes de que se vean sus resultados en esa hipotética disminución de delitos sexuales.
Pero bueno, que no sea eso lo que eche por tierra la buena intención de quienes creen que la educación sexual va a servir de algo para disminuir los delitos sexuales. Hay que darle tiempo al tiempo, y en una o dos generaciones todo tendrá otro cariz. Dirán los optimistas.
Porque si fuese cierta la idea de que una educación sexual en la escuela sirve para atajar el maltrato, agresión sexual, violación, etc.; países como Suecia (desde 1955), Alemania (1968), Austria, Dinamarca y Finlandia (1970), Luxemburgo (1973) o Noruega (1974) serían un oasis.
Y no es así ni por asomo. Y una de dos: o los programas de educación sexual en estos países son de pena o la relación entre educación sexual y disminución del maltrato, violación o feminicidio no relaciona ni por casualidad.
Es más, entre los veinte países con peores datos para la integridad de la mujer están Dinamarca y Finlandia, puestos 18 y 19 respectivamente, en un ranking que encabeza India, seguida de Siria y cierra Estados Unidos.
Y si nos centramos en la Unión Europea vemos que aquellos países que se han puesto de ejemplo por tener programas de educación sexual desde hace décadas la situación de la mujer no ha mejorado como se esperaba de esa idea utópica sobre la bondad de la educación sexual.
“Los países miembros de la UE que encabezan la lista de casos de violencia machista son Dinamarca (52%), Finlandia (47%), Suecia (46%)” informa Rosa María Fernández, coordinadora del Lobby Europeo de Mujeres.
En un estudio de María Paz Bermúdez y Montserrat Meléndez-Domínguez del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC). U. de Granada, se recoge una encuesta a 42.000 mujeres > 15 años sobre a la VdG sufrida en algún momento de su vida. Donde los países con una prevalencia mayor en todos los tipos de violencia fueron: Letonia, Dinamarca, Reino Unido, Suecia, Bélgica, Finlandia, Eslovaquia y Luxemburgo.
Varios de ellos, como Dinamarca, Suecia, Finlandia y Luxemburgo, donde la educación sexual lleva décadas en el currículo escolar están entre los peores índices de violencia machista sin que la educación sexual parezca que haya mejorado la situación.
Luego, si la educación sexual no parece incidir en la disminución de la violencia machista hay que buscar otras alternativas para erradicar la violencia contra la mujer, y, en mi opinión, ello pasa por recuperar la Educación para la Ciudadanía y una formación radical en Igualdad.
Que no comparta la idea de que la educación sexual sea el mejor método para combatir la violencia, no quiere decir que no sea necesaria. Lo es, pero no con la idea equivocada de que ésta será una solución, porque no es así y la experiencia a nuestro alrededor lo demuestra.
¿Y por qué la educación sexual no sirve en este caso? Porque lo que se juega en la violencia contra la mujer no es cuestión de conocimiento de la biología del sexo, de sexualidad o su erótica, sino el poder del hombre sobre la mujer asentado durante siglos en costumbres y leyes.
Porque en un delito sexual lo que hay es una afirmación de una masculinidad donde el deseo personal masculino no tiene límite, y menos marcado por la mujer. La agresión se da porque “él puede” y porque la otra parte “no es su igual”. Y al no ser su igual sus deseos no cuentan.
Se tendrá toda la educación sexual que se quiera, se conocerá todo sobre el cuerpo, sus cambios en la pubertad, el deseo, la masturbación, el placer… y nada cambiará si no hay un cambio interno de criterios respecto a los derechos e igualdad de las dos partes en la relación.
