Cómo se pregunta: that’s the question

Pilar Aguilar Carrasco, Presidenta de Feministas al Congreso.
Juana Gallego Ayala, Vicesecretaria Primera de Feministas al Congreso.

El domingo, día 9 de enero, El País publicó el resultado de una encuesta sobre algunas medidas y leyes que el gobierno ha adoptado o piensa adoptar en un futuro inmediato (El País, sección España).

Concretamente, la encuesta preguntaba, entre otras cuestiones, si aprobaban “La ley para la igualdad efectiva de las personas trans”. El 56% de los y las encuestadas responden que sí. Tal y como está formulada la pregunta, lo que nos extraña (y nos apena) es que haya un 44% de nuestros conciudadanos que rechacen la igualdad efectiva de este o de cualquier otro colectivo o grupo humano.

Pero ahí está el quid: en la pregunta ¿Qué respuesta se busca cuando la pregunta se formula en esos términos? Quienes contestan negativamente ¿lo hacen porque no quieren que las personas trans (sea lo que sea que signifique este concepto paragüas) gocen de igualdad efectiva como las demás personas? ¿O es porque se han leído el proyecto de ley y saben que su contenido no legisla la igualdad sino la arbitrariedad y, concretamente, el laminado de algunos derechos de la mitad del género humano, o sea de las mujeres?

Hay que ser muy, muy ingenuo para ignorar que las respuestas que se obtienen en las encuestas dependen de cómo se formulen las preguntas.

Seguro que el resultado hubiera sido muy diferente si la encuesta hubiera preguntado, por ejemplo: ¿Aprueba usted que los menores puedan cambiarse de sexo sin permiso de sus progenitores e incluso sin informarlos previamente? ¿Aprueba usted que los menores puedan hormonarse y operarse sin que ningún profesional cualificado indague a qué se debe su malestar? Y si aprueba lo anterior ¿Aprueba usted que, de modo similar, puedan tomar hormonas de crecimiento con solo manifestar que, de mayores, desean ser, por ejemplo, jugadores de baloncesto? ¿Aprueba usted que, en pro de la igualdad efectiva de los y las ciudadanas, todos podamos cambiar libremente cualquier dato de nuestra identidad? (ejemplo: lugar de nacimiento, edad, nacionalidad, etc.). ¿Aprueba usted que, en pro de la igualdad efectiva entre ciudadanos y ciudadanas, si se ratifica esta ley, se dejen de exigir certificados médicos y/o legales para declarar discapacidad, soltería, situación de paro o jubilación, ingresos en la declaración de la renta o cualquier otra circunstancia? ¿Le parece igualitario que solo exista el privilegio de auto declarar el sexo que se quiera? Si alguien afirma que necesita calmantes o ansiolíticos ¿ha de pasar por “humillantes” exámenes médicos que certifiquen esa necesidad o le bastará con auto declararlo? Es decir: ¿A ciertas personas sí se les puede “patologizar” y a otras hay que creerlas sin trámite médico, ni legal, ni jurídico alguno?

Seguramente algunos no tardarán en preguntarse ¿por qué las feministas somos tan “poco comprensivas”?

Conviene repetir esta verdad innegable: la igualdad efectiva entre las personas es la meta que el feminismo ha defendido y defiende rotunda y inequívocamente. Nadie ha sido más pertinaces y entregadas que las feministas en esa lucha por la igualdad. Llevamos tres siglos reclamándola para las mujeres (que somos la mitad de la población). Y en esas seguimos.

Precisamente por ello, porque nuestra meta es la igualdad, es por lo que nos oponemos a esta ley, falsa y torticeramente llamada “Para la igualdad efectiva de las personas trans” porque no solo no es una ley de igualdad para las personas trans, sino que universaliza la autodeterminación de sexo, cosa que lesiona derechos duramente conquistados por las mujeres, además de convertir el sexo en una ficción jurídica.

Pero los partidos, lejos de explicar a la ciudadanía el contenido de la ley, lo ocultan. Si por ellos fuera, habrían obrado a nivel estatal como lo hicieron a nivel de las autonomías: aprobarla sin luz ni taquígrafos, sin debate, sin que ni siquiera muchos parlamentarios –guiados por la disciplina de partido, cuando no por la incuria– supieran lo que estaban votando. Todas las leyes autonómicas son un “corta y pega”, elaboradas por activistas trans sin participación ni de grupos feministas ni de juristas con experiencia. Igual que el proyecto de ley estatal, que parece redactado por activistas sin ningún conocimiento jurídico.

Solo las feministas hemos hecho un trabajo de difusión y explicación del articulado de la ley. Los partidos, lejos de informar a la ciudadanía y lejos de debatir públicamente, se dedican a difundir slogans simplistas y falsos tales como que “los derechos de las personas trans son derechos humanos”, dando a entender que las personas trans carecen de ellos. Es inútil preguntar ¿de qué derechos carecen? Porque nunca responden. Así, por ejemplo, los fieles de cualquier religión –y los ateos, o los de cualquier otra afiliación política– tienen derecho a ser respetados y a practicar sus creencias libremente, pero solo los trans (y los talibanes, dicho sea de paso) exigen que los demás compartamos su fe, so pena de sanciones y penalizaciones.

En definitiva, sabemos que la mayoría de nuestros conciudadanos y conciudadanas desconocen las propuestas concretas de la ley y las graves consecuencias que originará, como ya está ocurriendo en otros países. Nos consta que los medios de información sí lo saben, igual que saben que según cómo se formulen las preguntas, se obtienen respuestas muy diferentes. Pero en este asunto hay millones (muchos millones) en juego y hay modelos de futuro (o de no futuro) para la humanidad.

¿Nos pasará como con la crisis climática, que empezaremos a despertar (si es que de verdad lo estamos haciendo) cuando sea demasiado tarde?