¿Dinero a fondo perdido o préstamos a devolver?

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Como en el pasado, la UE pone precio a sus operaciones de salvamento, sin novedad en el frente.

La UE puso en marcha el NextGenerationEU (NGU), un instrumento temporal de recuperación dotado con más de 800 000 millones de euros que contribuirá a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia del COVID-19 en los países comunitarios, y para financiar la transformación y modernización de la economía europea en clave verde y digital.

España tiene previsto recibir las ayudas directas procedentes del fondo extraordinario puesto en marcha por la UE, los datos avanzados por la Comisión Europea fueron ratificados  por el ECOFIN (Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE formado por los 28 ministerios de Economía y Finanzas de los estados de la UE), que dio la aprobación definitiva al reparto de un dinero para el que por primera vez, los 27 se endeudarán de forma conjunta. 

España recibirá las transferencias «no reembolsables» de los planes de gasto a largo plazo adoptados por la UE que se denominan Marcos Financieros Plurianuales (MFP) y tienen una duración de entre cinco y siete años. Este presupuesto a largo plazo establece las prioridades y los límites de gasto de la UE, el MFP actual será de 2021 a 2027, del que España tendrá que hacer su aportación proporcional asignada. Como si de un fondo estructural se tratase, se financia con una ampliación extraordinaria del Presupuesto Comunitario 2021-2027.

Además España podrá disponer, si quiere, de hasta 63.00 millones de euros en créditos voluntarios; otros 24.900M del fondo de rescate (MEDE), también voluntarios, y hasta 15.000M del SURE (sistema de reaseguro del desempleo), que aliviará el coste de los ERTEs.

Ninguno es gratuito. Los que se financian con emisión de deuda exigen la aportación de los correspondientes avales en la parte alícuota del Reino de España, se utilicen o no, y se contabilizarán como “contingentes pasivos” o “gasto potencial”: es el caso del SURE, el MEDE y el programa de 250.000 millones de créditos voluntarios que se financiarán con deuda de la Comisión Europea. En cuanto al paquete de medio billón de euros de transferencias no reembolsables, como si de un fondo estructural se tratase, se financia con una ampliación extraordinaria del Presupuesto Comunitario para el periodo 2021-2027.

La letra chica

Las cantidades adjudicadas a España servirán para hacer frente a las necesidades financieras de España y relanzar los sectores más dañados por la crisis, a cambio de las ayudas España deberá llevar al día el cumplimiento de su plan nacional de reformas, que será supervisado y sancionado por Bruselas.

En total, el desembolso de los 69.500 millones de euros en transferencias no reembolsables para España depende de 416 hitos y objetivos que España tendrá que ir resolviendo en los próximos años y cada seis meses para desbloquear nuevos tramos según el calendario pactado. España aboga por concentrar en los tres primeros años del plan la mayor parte de inversiones y reformas. La Comisión Europea obliga a España a presentar un informe previo sobre los efectos que tendrá la reforma laboral comprometida para antes de que acabe el año.

En el caso de las pensiones, obliga a España a concretar los cambios que anunció sobre los años de cotización que se utilizan para calcular la cuantía de la pensión. Bruselas comprobará que, a finales de 2022, estos cambios están publicados en el BOE con su fecha de entrada efectiva y también comprobará que “extiendan el período de cómputo para calcular la cuantía de la pensión”.

De la línea de créditos voluntarios habilitada por la UE España podrá disponer de:

  • Hasta 63.00 Millones euros en créditos en un periodo de 7 años
  • Hasta 24.900 Millones euros del fondo de rescate MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) que se financiarán con deuda de la Comisión Europea. 
  • Hasta 15.000 Millones euros del SURE  (Sistema de reaseguro del desempleo) que aliviará el coste de los ERTEs

Nada es gratis

Asimismo España podrá acceder voluntariamente al programa de préstamos del BEI (Banco Europeo de Inversiones) pero que conllevará unas condiciones importantes, es la letra pequeña de la contratación. Aquellos que se financian con emisión de deuda exigen la aportación de los correspondientes avales en la parte proporcional del Reino de España, y se contabilizarán como “contingentes pasivos” o “gasto potencial”, es el caso del «SURE» para garantizar que los trabajadores reciban ingresos y que las empresas mantengan su personal.

En 2012 con Rajoy se recibió un rescate para el sistema financiero combinándolo con un autorrescate que consistió en subida de impuestos, recortes de gastos. En comparación con 2012 la diferencia estriba en que en aquel año el pasivo público era inferior al 50% del PIB y ahora es cerca del 100% y se proyecta llegar al 125% de la riqueza del país.

El MEDE y el rescate

Dentro de la respuesta financiera de la UE a la catástrofe del Covid-19 los países integrantes que lo necesiten podrán acceder voluntariamente al préstamo del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad). De todas las alternativas posibles es la peor, la más insuficiente y cruel para España. Este préstamo es «Deuda Pública» y el garante de que éste se devuelva es el Estado.

El MEDE, organismo intergubernamental creado por el Consejo Europeo en marzo de 2011, funciona como un mecanismo permanente para la gestión de crisis con el fin de salvaguardar la estabilidad financiera en la zona euro en su conjunto, un enorme fondo permanente de rescate europeo con capacidad para emitir deuda en los mercados a medio y largo plazo, con vencimientos de hasta 30 años, respaldados por todos los países miembros de la zona euro. Tiene una capacidad de 500.000 millones € para inyectar capital, con categoría de acreedor preferente, es decir, cobra antes que nadie. La Troika: Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo, evaluarán el riesgo para la estabilidad financiera de la zona euro en su conjunto y analizarán la sostenibilidad de la deuda pública del país que solicitó la ayuda además en los MOUs (memorándum de entendimiento) quedan explícitos los compromisos para recibir las ayudas.

El negocio de los rescates

El Transnational Institute publicó en 2017 el informe «El negocio del rescate», donde revela detalles de cómo los rescates bancarios en la UE se convirtieron en negocios que benefician a un pequeño grupo de empresas auditoras y asesoría financiera.

Entre 2008 y 2015, los Estados miembros de la UE perdieron 213.000 millones de euros en distintos tipos de paquetes y rescates bancarios. Los rescates en la UE conllevan un coste oculto para los contribuyentes. Contratos por valor de cientos de millones de euros a empresas de auditoría y asesoría financiera.

Las 4 grandes empresas de auditoría: (EY, Deloitte, KPMG y PWC), junto a un pequeño grupo de empresas de consultoría financiera, operan como un oligopolio en el negocio del rescate bancario.

Más sombras que luces

El Plan español «España puede» no deja claro hasta dónde podrían llegar los ajustes, le da mucha importancia a hacer sostenible el sistema público de pensiones y, a tal efecto, señala algunos cambios que ya se han empezado a llevar a cabo, como ampliar la edad de jubilación y promover la llamada jubilación senior. Se abren las puertas a que las prestaciones no estén solo financiadas por las cotizaciones a la Seguridad Social y aplicar así la llamada «mochila austríaca»,  una receta enfáticamente recomendada por el Banco Central Europeo.

¿Proyecto transformador?

El Plan no servirá para financiar un cambio de modelo económico, sino para perpetuar la matriz actual capitalista, prueba de ello es que en Cataluña los proyectos presentados para recibir esta financiación son empresas como Suez, Naturgy Group, HP, MediaPro o Celsa. De hecho el Ministerio de Transición Ecológica, por ejemplo, contrató a Deloitte para realizar la asistencia técnica previa al reparto de los fondos, la misma consultora que ha contratado a Cepsa para captar dinero de los fondos europeos. Igualmente facilita el «greenwashing» o lavado de cara de sectores industriales muy contaminantes hagan un lavado de cara verde a costa de dinero público debido a la falta de criterios y condicionalidades estrictas. El plan se queda paticorto, enfocado a financiar sectores estratégicos, como el constructor o el energético, ni siquiera apunta a garantizar la estabilidad de las PYMEs que son las que más ocupación generan.

En sanidad el gobierno español plantea invertir 1.069 millones de euros. Un porcentaje que representa únicamente el 1,54% del global del plan, de ese porcentaje el 74% de ese dinero se dedicará, no a más contratación o a formación de profesionales, sino a renovación de equipación, al desglosar las inversiones se ve claro, pensadas para la empresa privada, es decir acumulación del capital que responde obligatoriamente a la explotación y consecuente pauperización de otros.

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