Como acostumbra a hacer este Gobierno, la ministra Ione Belarra ha anunciado a los medios la creación de las figuras de Coordinador de Bienestar Infantil y Delegado de Prevención Contra la Violencia. De lo anunciado a lo publicado en el BOE suele haber un gran trecho recorrido, por lo que el anuncio debe ser puesto en suspenso hasta conocer la literalidad del desarrollo normativo.
No obstante, de lo que se conoce hasta ahora, se pueden extraer algunas conclusiones primarias. Ante las difíciles condiciones de vida de la clase obrera de nuestro país se pueden tomar dos decisiones, abordar los problemas de raíz y ponerles solución, o limitarse a poner tiritas en las hemorragias. Este Gobierno a veces opta por lo segundo y, en ocasiones, por la tercera opción que es ensanchar y profundizar las heridas.
Entendemos que estamos ante la tirita, puesto que de haber optado por la primera opción, los problemas estructurales de la educación podrían haberse abordado, por ejemplo, en el marco de la LOMLOE. Las excesivas ratios, la carga lectiva del profesorado, la alta rotación de plantillas y la consiguiente inestabilidad tanto para el trabajador, como para los proyectos educativos de centro son solo algunas de las medidas que podrían haberse adoptado para garantizar unas mejores condiciones en los centros educativos, lo que tendría efectos notables en la reducción de los problemas de convivencia.
Por otro lado, están los problemas que sin tener su origen en el sistema educativo, se manifiestan en los colegios e institutos. Familias que ven cómo aumentan sus dificultades para llegar a fin de mes, paro, temporalidad, precariedad… son circunstancias que afectan muy negativamente para que los padres puedan atender a sus hijos y garantizar su bienestar. Esta situación acarrea además importantes problemas para la salud mental y esta circunstancia la sufren tanto los padres, como los hijos, que con todo este bagaje emocional acuden cada día al centro educativo donde, además, ponga lo que ponga el currículum educativo vigente, lo importante no es su desarrollo integral, sino su cualificación como futuro trabajador. En este caso, el Gobierno está optando por la tercera opción, agrandar la herida, pues con la reforma laboral en ciernes nuestras condiciones de trabajo experimentarán un deterioro.
Llegamos a la tirita, a las nuevas figuras aprobadas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Las funciones están recogidas en el Artículo 35 de la Ley Orgánica Integral de Protección a la Infancia, pero podrían resumirse en un batiburrillo entre las funciones propias de los tutores, equipos de orientación y jefaturas de estudio, sin que estas nuevas figuras aporten nada nuevo. Sabemos que dependerán de la Dirección del centro, pero ni siquiera se especifica si será de algún trabajador del centro o si irá asociado a complementos salariales o reducción de horas. Por no saber, ni siquiera podemos asegurar que estas funciones puedan ser otra vía de entrada a la privatización por ser servida en bandeja a las empresas que ya parasitan los centros educativos con sus programas de refuerzo, extraescolares y comedor.
En definitiva, mucho marketing para vendernos una tirita de dudosa calidad, frente a la hemorragia que estamos sufriendo en el deterioro de la calidad de la educación pública y en nuestras condiciones generales de vida y trabajo.
