Ambigüedad sería la palabra que mejor definiría el comunicado del Gobierno emitido tras la reunión convocada entre el presidente Sánchez y las vicepresidentas Calviño y Díaz para resolver diferencias de los posibles futuros cambios de la tan cacareada Reforma Laboral que regula el mercado de trabajo desde 2012.
Yolanda Díaz apostaba fuerte su programada imagen electoralista en el intento, en el Congreso de CC.OO. de octubre, declaraba convencida: «Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas, compañeros», defendiendo así la propuesta que venía recogida en el programa de Unidas Podemos.
El texto del comunicado oficial habla del «compromiso» de PSOE y Unidas Podemos para la «derogación» de dicha Ley pero si lo seguimos al pie de la letra a renglón seguido viene la dura realidad: las modificaciones tienen que contar con el beneplácito de la patronal y todos sabemos que la CEOE considera condición sine qua non para todo pacto que se mantengan intactos aspectos clave de la reforma, tal como la posibilidad de que las empresas se descuelguen de los convenios sectoriales.
Y la segunda salvedad que se plantea en el comunicado oficial y que sobrevuela como la sombra del poder real sobre el compromiso conseguido, la postura de la UE para que libere el paquete grueso de las ayudas económicas del Programa Next Generation, el comunicado puntualiza que la derogación se realizará «….dentro del acuerdo establecido con la Comisión Europea en el Componente 23 del Plan de Recuperación», y aquí se acabó la fiesta señores, todos sabemos quien está por encima de la soberanía nacional. Recordemos que la UE es contraria a cualquier cambio que reste flexibilidad al mercado laboral y defiende la reforma de 2012.
Dicho punto 23: «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» señala que el Gobierno de España se compromete a recuperar la ultraactividad -que un convenio no decaiga hasta que entra en vigor el siguiente-, que prevalezca el convenio sectorial sobre el de empresa y que se impida la externalización de servicios a través de la subcontratación. A ello se añadió el compromiso de atajar la temporalidad, reducir el número de contratos y que el contrato indefinido sea el primordial y causalizar la contratación temporal para combatir la temporalidad injustificada.
Los otros agentes
En octubre, durante su participación en los «Desayunos de Europa Press» el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, expresó su confianza en que la reforma laboral comprometida por el Gobierno español responda a las preocupaciones de Bruselas para la segmentación del mercado de trabajo y el elevado número de contratos precarios sin que ello debilite el dinamismo del sistema empresarial del país, es decir la homogeneización del modelo de producción imperante en la UE, lo que viene a decir la vicepresidenta Calviño en el Financial Times: «Necesitamos europeizar el mercado de trabajo«
Por su parte otra pata de la mesa de los interesados dentro del Aparato de Estado, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja para informar del proyecto de cuentas públicas para 2022, ha incidido en la necesidad de proporcionar «flexibilidad» a las empresas para que realicen «ajustes», en un momento en el que se vayan a dar «las mayores reasignaciones» en las empresas y trabajadores, consecuencia de la pandemia y de cambios estructurales como las políticas de lucha contra el cambio climático de acuerdo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Se vislumbra del equilibrio de fuerzas que intervienen en el producto final que el término «derogación» viene ancho, es puramente retórico y triunfalista, la correa del amo sigue tirando del collar en la dirección que quiere.
