El Gobierno y las Comunidades Autónomas han acordado las medidas de prevención del Covid para el curso que está a punto de comenzar.
Las medidas orbitan alrededor de lo que no se hace, decretar para todo el sistema educativo la presencialidad total con una bajada de ratios para tener entre 15 y 20 alumnos por aula, reforzando por miles las plantillas de todos los perfiles docentes y no docentes. Ni en materia de prevención, ni en materia de calidad educativa existen varitas mágicas, pero existen condiciones objetivas en las que ambas mejoran, lo que pasa que suponen un gasto para las administraciones que parecen no dispuestas a asumir, tampoco exigir a la patronal de la educación privado-concertada que vería disminuidos sus pingües beneficios.
Una vez que no se abordan estas medidas estructurales o incluso otras como los filtros HEPA y medidores de CO2 en espacios cerrados, queda el comodín de la mascarilla en todo momento y circunstancia y desarrollar protocolos que solo se aguantan en el papel, eso sí, como sería difícil hablar de 1,5 metros de distancia de seguridad con las ratios habituales, se reduce arbitrariamente dicha distancia a 1,2 metros, que dicho sea de paso tampoco será posible mantener en muchas aulas.
«Grupos burbuja» que suena bien, pero obvian las interacciones sociales fuera del centro, en recreos, accesos y pasillos o en actividades extraescolares, ventilación cruzada sin atender las condiciones de frío durante los meses de invierno y organización escalonada en los accesos.
Los sindicatos de clase harían bien en movilizarse contra esta propuesta de inicio de curso que no garantizan una vuelta segura y suponen un grave retroceso al volver a las ratios máximas pasadas.
