Fuente: UGT.
La falta de correlación entre los precios de las viviendas y de sus alquileres (que en el 2020 subieron un 7,4% y un 1,9%, respectivamente, según el INE y Servihabitat) con respecto a las rentas de los hogares españoles ha intensificado el drama social que supone la dificultad para acceder a un hogar.
UGT insiste en que este es un problema de carácter estructural en nuestro país y en que constituye una violación del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. El sindicato recuerda que España acumula varias denuncias de la ONU por este motivo y que, pese a esto y a que el escudo social en esta materia ha aumentado, durante el último año se llevaron a cabo 29.406 desahucios (tres cuartas partes por impago del alquiler). La organización sindical subraya que, por añadidura, en la mayoría de los desahucios no se ofrece una alternativa habitacional, dado el exiguo parque público de viviendas existente.
Por tanto, el sindicato reclama que se ponga fin a la carencia de políticas públicas en materia de vivienda que venimos sufriendo en las últimas décadas, así como a la subordinación de estas a los intereses económicos. Urge, en este sentido, a que se implementen políticas públicas que protejan y garanticen el derecho a la vivienda como bien imprescindible para el desarrollo de una vida digna.
Entre las propuestas de UGT se encuentran una reforma legislativa que incorpore el derecho a una vivienda digna y adecuada como un auténtico derecho subjetivo que, además, se complemente con la garantía de acceso a unos suministros básicos para personas vulnerables. También considera necesaria la construcción de grandes Parques Públicos de Viviendas Sociales, preferiblemente en alquiler y con carácter permanente no descalificable.
El sindicato urge a adecuar los precios a los ingresos medios de los hogares, fijando un umbral máximo de 25-30% en zonas tensionadas a través de la nueva Ley Estatal de Vivienda; a regular el mercado de las viviendas turísticas; a aumentar el gasto público en vivienda hasta el 1,5% del PIB, estableciendo objetivos cuantitativos consensuados con los agentes sociales; y a abordar una estrategia de rehabilitación de nuestro actual parque público de viviendas con ayuda de los fondos europeos. Finalmente, el sindicato rechaza la política basada en deducciones y desgravaciones para el alquiler y defiende gravar fiscalmente las viviendas vacías.
