La sanción impuesta a la empresa Naturgy -antes Gas Natural- por la muerte en un incendio a finales del 2016 de una anciana de Reus, a la que se le cortó el suministro de electricidad por un impago de 200 euros y que se vio obligada a alumbrarse con velas, ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El tribunal ha declarado la anulación de la sentencia tras admitir el recurso de la compañía, aunque resta el recurso de casación que consecuentemente ha cursado la Generalitat.
La multa ascendía a 500.000 euros pues fue considerada como una infracción de carácter muy grave. No en vano el caso sumaba una serie de considerables agravantes: se trataba de una mujer mayor a la que le fue cortada la luz sin haber sido solicitado un informe de los servicios sociales para comprobar si la persona se encontraba en situación de riesgo residencial, tal y como establece la ley 24/2015 sobre «pobreza energética».
El Ayuntamiento de Reus era conocedor de la situación de vulnerabilidad de la señora desde unos años antes de que se produjera el estado de impago. El corte de luz se prolongó durante dos meses en los cuales la empresa no alertó a los servicios sociales. Se da la circunstancia además de que la mujer percibía una ayuda por el mismo motivo para el suministro del agua.
Durante los meses en que la anciana, de 81 años, permaneció sin luz, empleaba velas para iluminarse. En la madrugada del 14 de noviembre de 2016 una de esas velas prendió el colchón donde dormía y se produjo un incendio del que no pudo salir con vida. Con ella residía una nieta que no se encontraba en casa en el momento del suceso. El piso incendiado se encontraba en el bloque de una calle céntrica del municipio de Reus, cerca de la zona comercial y rodeado de tiendas y cafeterías.
Pese a que la sentencia no es firme y ha sido recurrida al Tribunal Supremo, sorprende que el tribunal equivalente en Cataluña haya aceptado el recurso y se haya alineado de este modo con la compañía. Ni la supuesta concienciación social adquirida frente a lo que hoy se denomina «pobreza energética» ni la puesta en marcha de normativas legales al respecto parecen haber afectado al tribunal catalán, cuya anulación mueve a pensar que existen conexiones más que probables entre los poderes judiciales y los oligopolios energéticos.
La excusa que argumenta el tribunal regional es que el principio de precaución no está suficientemente desarrollado en el reglamento en cuanto a su aplicación, como esgrimían los abogados de Naturgy, aunque sí avala la constitucionalidad de esa norma. Asociaciones como la Alianza contra la pobreza energética consideran que la ley es clara y que las excusas del desarrollo reglamentario son empleadas habitualmente por estas compañías para no aplicarla.
La situación de Naturgy, significativa en la tesitura actual de la economía española
Naturgy proviene de la anterior Gas Natural Fenosa y es una empresa española que opera en los sectores eléctrico y gasístico, con sede operativa en Barcelona aunque su sede social está en Madrid. Es una de las tres grandes compañías del sector eléctrico en España, junto a Endesa e Iberdrola.
Estas tres grandes empresas poseen la práctica totalidad del mercado eléctrico español. Naturgy derivó de Gas Natural a partir del cambio de denominación en el 2018 para abarcar las líneas de negocio de aprovisionamiento de gas natural y la generación y distribución de electricidad tanto en territorio nacional como internacional. Opera en los cinco continentes y sus acciones cotizan en las bolsas españolas. Como es obvio, forma parte importante del índice IBEX 35.
Destacados personajes nacionales, tales como el ex presidente Felipe González o los ex ministros Garmendia y Narcís Serra, sintieron la necesidad de colaborar como asesores con esta gran empresa una vez terminada su labor política.
En plena pandemia y ajenos a los movimientos vecinales que protestan por la escandalosa subida de la factura eléctrica durante los meses de mayor frío, además de por los cortes de luz producidos por el deterioro de las infraestructuras en los barrios obreros, Naturgy está pendiente de aprobar la oferta de un fondo de inversión, el fondo IFM con origen australiano, que pretende hacerse mediante OPA con un 22% del capital social, lo que supondría un movimiento tan importante que repercutiría en las bolsas españolas, y que dejaría prácticamente en manos de fondos de inversión extranjeros, si no lo está ya de modo virtual, a la tercera parte de un sector estratégico de la economía patria.
Pese a que en un principio miembros del Gobierno como el propio Sánchez se mostraron reticentes a esta maniobra (dado que la operación necesitaría el visto bueno del Ejecutivo, pues una compra de capitales de un 10% de estas empresas estratégicas debe estar autorizada por la CNMV y por el Consejo de Ministros), son crecientes los indicios de que esta compra se hará efectiva y cuenta con el apoyo de la ministra económica Calviño, quien ha llegado a expresar que esta venta pone en evidencia la buena salud de las empresas nacionales, y cuenta también con la inhibición de la ministra del ramo, Reyes Maroto, que ha manifestado su intención de no valorar el expediente dado que su marido es trabajador de la propia empresa.
Los accionistas de este gigante energético español son el propio Estado en un 22%, el fondo de inversión Global Infrastructure Partners, la empresa Rioja Bidco propiedad de la familia March y la sociedad Criteria Caixa, que posee la cantidad mayoritaria de acciones, casi el 25%. Criteria Caixa es el holding que gestiona el patrimonio de la Fundación la Caixa. Es la Caixa precisamente la parte más interesada en esta venta, pues se ha mostrado públicamente partidaria ya que espera un suculento ingreso de capital de llegar a producirse la operación. Este aumento de capital permitiría a la Caixa consolidarse en el primer puesto de las entidades bancarias españolas, tras la fusión con Bankia, el banco que se fue a pique tras el escándalo de las acusaciones de falsedad contable y estafa mercantil que involucraron al ex ministro Rodrigo Rato.
Sin embargo, Rato ha sido recientemente absuelto de estos cargos y ya no se cuestiona el enorme gasto del rescate de Bankia, cifrado en más de 22000 millones de euros del erario público. De este intrincado modo, propio de una telenovela de enredos y que recuerda a la habilidad prestidigitadora de los tahúres, la economía española sigue su curso, a través del salto de unas empresas a otras, del movimiento de capitales de unas compañías mediante la absorción de otras, bajo cuya circulación se diluye el dinero público como el agua entre los dedos de las manos. Ese dinero público que proviene en su gran mayoría de las aportaciones de los trabajadores y que tanto se han recortado de necesidades fundamentales, caso de la Sanidad Pública, cuyo deterioro estamos experimentando en propia carne durante esta pandemia. Nada importa. Ni las muertes de ahora ni las de hace años. Para el capital las personas no son más que meras mercancías mientras son activas laboralmente, luego ya incómodos lastres que nadie recuerda si quedaron a dos velas.
