Ante la convulsión política generada por la moción de censura en Murcia, transfuguismo incluido, y el adelanto electoral del Partido Popular en Madrid para el 4M, confirmado ya por el TSJM su prevalencia sobre las mociones de censura presentadas por Más Madrid y el PSOE, el panorama político se ha agitado enormemente.
A pesar de los llamamientos a la tan manida unidad de la «izquierda» o de que incluso para la moción de censura hubiera quien contara hasta con Ciudadanos para echar al PP bajo el paraguas de «fuerzas democráticas y progresistas», parece que las fuerzas del arco izquierdo del parlamento irán al 4M por separado, con desembarco de Pablo Iglesias y portazo de Mónica García incluidos. Ahora la unidad se utilizará como arma arrojadiza, sobre quién tiene más responsabilidad en no haber logrado confluir. Frente al ruido, giros de guion y viejas rencillas, nosotros insistimos en la necesidad de garantizar la independencia de la clase obrera, también el 4M.
La convocatoria electoral llega tras año y medio de políticas antiobreras impulsadas desde el Gobierno Regional que han tenido una contestación muy insuficiente en las calles, en parte porque las fuerzas de la vieja y nueva socialdemocracia han tenido un perfil muy bajo de oposición parlamentaria y han ejercido su influencia en amplios sectores del pueblo madrileño de manera muy negativa, limitando el alcance y la contundencia de las movilizaciones que se han producido en este periodo, más preocupados porque la movilización no se saliera de madre y se acabara señalando las políticas del PSOE y UP desde el Gobierno de España.
La gestión de la pandemia por la Comunidad de Madrid es catastrófica, anteponiendo siempre y en toda circunstancia el mantenimiento de la actividad económica para garantizar que los capitalistas puedan seguir obteniendo beneficios frente a las medidas de protección de la salud, mientras que han utilizado la pandemia para dar rienda suelta a la privatización de numerosos servicios por la vía de urgencia o se ha promovido el ladrillazo, con la nueva reforma de la Ley del Suelo, políticas para las cuales el Zendal se erige en todo un símbolo.
El problema es que un análisis detallado de las políticas aplicadas desde el Gobierno Central, por un PSOE blanqueado por enésima vez en aras de derrotar a la derecha y de Unidas Podemos, que de asaltar los cielo ha pasado a ser la muleta del primero sino directamente la comparsa, nos lleva a afirmar que han seguido la misma lógica anteponiendo las necesidades de la patronal a la protección de nuestra salud en lo que a la pandemia se refiere y descargando las consecuencias de la crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador, mientras han dedicado todos sus esfuerzos a salvar a los grandes monopolios. Vergonzante es la reciente pelea entre los socios del Gobierno por ver quién inyectaba más millones y más rápido a las empresas (finalmente 7.000 millones en ayudas directas), mientras el paro y la precariedad crecen, mientras las colas del hambre siguen siendo una dramática realidad.
Algunos alegarán que el IMV también ha sido aprobado, cosa diferente es a cuántas personas les llega efectivamente la prestación, que al dejar a criterio de cada Comunidad Autónoma su complementariedad con otras rentas, en la mayoría sustituye una ayuda por otra. Pero es que además, si no se atajan las condiciones laborales que condenan al paro, temporalidad y precariedad con cada vez mayor flexibilidad interna de las empresas, un proceso que hemos dado en llamar uberización el IMV y otras rentas pasan a garantizar que las empresas hagan uso de la fuerza de trabajo a demanda, porque ya se encarga el Estado de asumir la supervivencia de los trabajadores.
Por mucho que le pese a los partidos de la socialdemocracia y por muchos equilibrios que hayan realizado para criticar a Ayuso y Aguado, no se puede atacar la insuficiente respuesta de servicios sociales de los ayuntamientos gobernados por PP y Ciudadanos por las colas del hambre y la insuficiente respuesta de servicios sociales, sin que se les pueda exigir la derogación de las dos reformas laborales, que han provocado un aumento de la parcialidad y temporalidad en el empleo, que han permitido la bajada o estancamiento de los salarios frente al aumento del coste de la vida. No se puede clamar contra los desahucios, que para más sorna están «legalmente» prohibidos, mientras se envía a tus antidisturbios a garantizar que se expulsa a la gente de sus casas para que algún banco o inmobiliaria siga acumulando pisos vacíos.
Toda denuncia de las fuerzas del Gobierno central a la nefasta gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Ayuso, que se asienta sobre años de recortes y privatizaciones en la Sanidad Pública y sectores sociosanitarios como las residencias de mayores, queda en entredicho desde el mismo momento que está en su mano derogar la 15/97 que permite, en gran medida, la entrada del capital en el sistema público a hacer negocio con nuestra salud, o que en base al interés general el Gobierno está en condiciones de expropiar la sanidad privada y poner todos sus recursos al servicio de nuestras necesidades.
Ante las necesidades de la patronal lo que sí ha hecho el Gobierno es asumir gran parte de los costes laborales mediante los ERTEs, es decir, socializar las pérdidas de los capitalistas a costa de un importante aumento de deuda pública que los mismos capitalistas vendrán a cobrarse, exigiendo más recortes y privatizaciones en los servicios públicos. La grandilocuencia comunicativa del escudo social y del nadie va a quedar atrás chocan con la dura realidad, del brutal aumento del paro.
La voracidad de la patronal es implacable, porque les va en ello su supervivencia y sus demandas están lejos de ser saciadas, exigiendo más ayudas en todos los sectores, chantajeando a los trabajadores con la disyuntiva ayudas o paro, e incluso promoviendo movilizaciones en base a una falsa comunión de intereses entre patronal y trabajadores como en «Salvemos la Hostelería», lo que en el escenario de ofensiva reaccionaria actual es un campo abonado para el arraigo de las organizaciones fascistas. Todo ello se ha orquestado en el marco del diálogo social, con la complicidad necesaria de las cúpulas de CCOO y UGT, con la Ministra de Trabajo y futura Vicepresidenta Yolanda Díaz al frente de esta colaboración de clases, supeditación de los intereses de los trabajadores, a los de los capitalistas.
Es por ello un frente amplio democrático, antifascista o cualquier otra etiqueta que se le quiera poner, con quienes desde sus responsabilidades de gobierno han aplicado los dictados de la patronal contra la clase obrera y el pueblo, lejos de frenar a la reacción, le da alas. Por nuestra parte, entendemos que la mejor manera de frenar a la reacción pasa por derrotar los planes de la patronal, algo que no conseguiremos el 4 de mayo, sino construyendo una movilización sostenida, construida desde los centros de trabajo y de estudios, desde los barrios, en base a unas reivindicaciones concretas, y con la participación activa en los sindicatos, en las asociaciones vecinales, en las plataformas antidesahucios… confiando en nuestras propias fuerzas para conseguir victorias. La unidad que nosotros buscamos no es la de arrejuntar unas siglas hasta el siguiente divorcio. Nuestra unidad es la de la clase obrera, desde una posición independiente, que vaya fortaleciéndose en un proceso de acumulación de fuerzas en clave revolucionaria.
Tras un año de pandemia y el desencadenamiento de la crisis económica que ya apuntaban todos los indicadores económicos hacia finales de 2019, principios del 2020, queda claro que este sistema no tiene nada que ofrecernos y por eso ninguna esperanza podemos albergar de una gestión favorable a las mayorías en su seno. La disyuntiva no puede seguir siendo elegir entre lo malo y lo peor, la disyuntiva que planteamos para el momento presente y para el 4 de mayo, con toda claridad, es entre el socialismo o la barbarie. Y frente a sus burdos ataques al comunismo, podemos hablar más alto, pero no más claro, Comunismo Es Libertad.
