La Confluencia Movimiento Feminista pide a Pedro Sánchez el cese de la ministra Irene Montero

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La Confluencia Movimiento Feminista, constituida por hasta 53 organizaciones, que suma una amplia representación de mujeres de todos los ámbitos territoriales del país, ha presentado en el día de ayer una carta remitida al presidente del Gobierno donde le insta el cambio de rumbo en las políticas de igualdad y el cese de la ministra de Igualdad. La presentación ha tenido lugar por videoconferencia y ha tenido un gran éxito de participación completando el aforo de la sala.

La carta realiza un balance negativo del primer año de gestión del Gobierno en materia de igualdad, reprobando enérgicamente la inacción frente a la violencia, opresión y discriminación que sufren las mujeres, y la deriva antifeminista del ministerio que preside Irene Montero.

La Confluencia hace especial hincapié en que se revise y se reconduzca toda la actividad política y legislativa sobre las leyes de “identidad de género” y desglosa las decisiones y políticas antifeministas de un año marcado por los despropósitos de un ministerio que – considera- ha dado la espalda al feminismo.

En el texto se recoge la necesidad de que se reviertan las autonómicas de “identidad de género” y las propuestas legislativas que consagran este concepto,presentadas durante el curso de la presente legislatura.

Para la Confluencia Movimiento Feminista resulta imprescindible frenar este proceder y escuchar al movimiento feminista para que el sexo –y no la llamada «identidad de género»- sea considerado la causa material que determina las desigualdades entre mujeres y hombres, tal y como reconoce la normativa nacional e internacional.

Las feministas destacan “el gran retroceso que supone en la lucha feminista y el singular peligro que reviste para las mujeres el reconocimiento de la autodeterminación del sexo –sin ni siquiera informe psicológico previo-, que permitiría que, cualquier hombre autoidentificado mujer, accediera, libremente, a cuotas reservadas y a espacios seguros de mujeres, como viene siendo denunciado en países donde se aplican las políticas transactivistas.

Por otro lado, la Confluencia señala “la irresponsabilidad de medicar, con los mal llamados “bloqueadores de la pubertad”, a niñas, niños y adolescentes, en vista de las recientes informaciones reveladas en Reino Unido que apuntan hacia graves efectos secundarios irreversibles, entre los que destacan el incremento de ideas suicidas y autoagresiones, la esterilidad y la incapacidad de disfrutar de una vida sexual sana”.

Además, las feministas denuncian la opacidad y tergiversación del Ministerio de Igualdad en su propósito de regular la autodeterminación del sexo y destacan tanto “la falta de rigor en lo relativo al reconocimiento de esta ficción jurídica -que pone en jaque toda la normativa de Igualdad en vigor–”,  como “la ausencia del necesario debate social y científico previo a su aprobación; así como la negativa continuada de Irene Montero a recibir o considerar la documentación remitida por cualquier organización o plataforma feminista, crítica con las políticas transactivistas” y, en último término, “la vulneración de la normativa vigente (incumplimiento del deber de acusar el recibo de las aportaciones realizadas por la ciudadanía, punto 4 del acuerdo tercero de la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales) y “la perversión de los datos arrojados por el trámite de consulta pública previa a la elaboración de la meritada ley”.

Adicionalmente el documento aporta otra serie de motivos que “engrosan las conclusiones del balance negativo del primer año de políticas de igualdad del gobierno”.

En este sentido:

●        Consideran “un agravio contra el Movimiento Feminista el hecho de que la ministra de Igualdad, en representación del Gobierno, avalara con su presencia y aplauso, el pasado 18 de diciembre, el escarnio público que una organización privada (COGAM), defensora de los vientres de alquiler y perceptora de subvenciones públicas, promovió, en la sede del Ministerio de Cultura, contra una ciudadana particular (Lucía Etxebarria), por su crítica fundada a la Ley Trans y su denuncia pública de la experimentación con menores. Recalcan las feministas que ni el Gobierno debe prestarse al vilipendio a particulares en el ejercicio de sus derechos fundamentales, ni el dinero público debe emplearse para el fomento de prácticas antidemocráticas.

●        Denuncian el silencio político y la inacción frente a la modificación de la Ley catalana 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, consintiendo que se separe del mandato de la CEDAW y pervierta su contenido, para que los nacidos y socializados como hombres sean considerados víctimas de violencia de género.

●        Manifiestan igualmente clamoroso el silencio del Ministerio frente a los efectos que la moción aprobada en ese mismo parlamento autonómico ha tenido contra los derechos fundamentales de las mujeres, pues ha sido el cauce que ha permitido que la Fiscalía actúe contra la histórica feminista, la Sra. Lidia Falcón, por sus declaraciones políticas sobre el transactivismo.

●        De igual manera, denuncian que, “frente al escándalo sobre las menores tuteladas por el Estado prostituidas en Baleares, ni el Ministerio de Igualdad, ni el Ministerio de Asuntos Sociales, ni el Ministerio de Justicia han llevado a cabo ninguna acción para investigar estos graves hechos en los que el propio sistema de protección ha fallado a las menores.”

●        Recalcan que, “pese a formar parte de los contenidos del pacto de Gobierno – dado a conocer en diciembre de 2019- el Ministerio de Igualdad se ha manifestado contrario a redactar una ley abolicionista de la prostitución, una de las más graves violencias contra las mujeres y niñas, alegando que este ámbito de actuación política divide al feminismo. Y, más recientemente, también se ha mostrado contrario a una de las medidas que se han demostrado más eficaces para acabar con esta violencia contra mujeres y niñas, manifestando que la criminalización y sanción de los puteros no es eficaz”.

●        Denuncian, asimismo, que el Ministerio de Igualdad no se ha dignado a recibir a ninguna organización feminista en ningún momento del proceso de redacción de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad sexual, ni después de dar a conocer la propuesta pública, ignorando sistemáticamente las peticiones de audiencia solicitadas por varias organizaciones feministas. Sobre ello, baste decir que este menosprecio sería incomprensible si se tratara del Ministerio de Trabajo negándose a negociar con los agentes sociales sobre las acciones legislativas que competen a su área de actuación.

●        Otro ejemplo de la deriva señalada se puede constatar en la ausencia de condena por parte del Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad y/o de sus instituciones asociadas (Instituto de la Mujer, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género), de las múltiples agresiones ejercidas por transactivistas contra feministas. Entre estas, destacan las cometidas por miembros del cordón de seguridad de la Asamblea 8M de Madrid contra el Bloque Abolicionista de la manifestación el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres de 2020, y las cometidas por grupos transactivistas el pasado 23 de septiembre, Día Internacional contra la Trata y la Explotación Sexual, en la ciudad de Barcelona. Todas ellas dirigidas a impedir el libre ejercicio del derecho fundamental de manifestación y concentración de mujeres feministas, cuya comisión fue denunciada tanto pública como judicialmente.

●        Resaltan también el nivel de incompetencia mostrado por el gobierno, a través de la ministra de Igualdad, en una entrevista publicada el 20 de agosto, en la que no supo contestar qué es una mujer.

En consecuencia, la Confluencia Movimiento Feminista, solicita que se reactive el diálogo con el Movimiento Feminista, crítico con las políticas transactivistas, para abordar, entre otras cuestiones:

1.     La paralización de la tramitación del proyecto de Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans y la iniciación de los estudios pertinentes para valorar su impacto social. En este sentido, la Confluencia Movimiento Feminista ha propuesto ya a los grupos parlamentarios, como marco para ello y garantía de objetividad y transparencia, la creación en sede parlamentaria de una Subcomisión, a fin de que se sucedan en ella las comparecencias necesarias y se dé audiencia pública al tejido asociativo feminista, a profesionales de la salud y de la educación, a asociaciones de madres y padres y a entidades que representan el interés general.

2.     La derogación o modificación de todos los protocolos educativos que introducen ideología transactivista en los centros educativos y en los programas de formación del profesorado, pues refuerzan la idea neurosexista de que son los comportamientos de niñas y niños los que definen su sexo en función de los estereotipos sexistas asignados socialmente, adoctrinamiento de consecuencias incalculables para la salud psíquica y física de la infancia y la adolescencia, e instituyen en policía del género al personal docente, respectivamente.

3.     La investigación a fondo de la trama de abusos sexuales a menores tuteladas por el Estado, revisando las decisiones tomadas.

4.     La aprobación de una ley abolicionista de la prostitución para erradicar la desigualdad y la violencia contra las mujeres y las niñas, contra la explotación sexual, centrada en la protección, el apoyo y la reinserción de las mujeres víctimas, que persiga al proxeneta y al putero, así como todas las actividades asociadas a esta forma de violencia de género.

5.     La adopción de las medidas necesarias para perseguir criminalmente las prácticas de explotación reproductiva, dentro y fuera de nuestras fronteras, y se anulen las disposiciones que posibilitan soslayar la ley española para llevar a cabo esas prácticas en el extranjero.

Por último, la Confluencia Movimiento Feminista se pone a la entera disposición del presidente del Gobierno, solicitándole audiencia personal con el fin de tratar los temas mencionados en la carta; referenciando que han solicitado, en diversas ocasiones, una entrevista a la Sra. Montero sin éxito alguno.

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