Imagínense por un momento llegar a España con un fusil de asalto como los que hemos visto por la tele mil veces, de ésos que el “ciudadano medio” de EE.UU. tiene en su casa. O con marihuana. En cualquier caso, las autoridades españolas le informarían de la ilegalidad de sus actos y lo más seguro es que le enviarían desde el control de aduanas a la cárcel.
¿Pero qué pasa si tratamos de entrar en nuestro país con un recién nacido que hemos tenido por encargo, por medio de un contrato en el que se pagó a una mujer para que gestara y tuviera a ese bebé renunciando a todos sus derechos, incluidos la filiación y el control sobre su cuerpo durante todo el proceso? Que se puede entrar sin problemas.
No sabemos de otro supuesto en el que algo que es delito en España se permita hacer con todo el conocimiento de las autoridades. Cuesta creer que se permita la trata de seres humanos, que se permita la vulneración flagrante de derechos humanos y fundamentales ante nuestro ojos y no pase nada. Y no sólo eso, sino que, además, con la misma cobertura que cualquier otro nacimiento o adopción, con permisos de maternidad y paternidad. Todo legal y gestionado sin moverte de casa, porque existen agencias donde te asesoran, donde puedes contratar el paquete básico o el Premium, con reembolso del pago o bebé nuevo si viene defectuoso o si muere, o si muere la madre durante el proceso y hay que volver a empezar, con la posibilidad de realizar abortos selectivos si viene más de un bebé y no tienes sitio en casa.
Y mientras todo esto se tramita desde España, hay países donde la madre es confinada para tenerla controlada. A muchas de ellas se las somete a tratamiento psicológico para forzar el “desapego” del bebé, al que tienen prohibido acercarse una vez nacido y no pueden reclamarlo ni aunque los “padres intencionales” lo abandonen.
En nuestro ordenamiento jurídico, la ley 14/2006 de Técnicas de Reproducción Humana Asistida es muy clara: considera nulos de pleno derecho estos contratos; sin embargo, contempla la posibilidad de que el padre biológico pueda reclamar la paternidad (artículo 10.3), algo que debería ser derogado.
Pero (y esto es excepcional respecto a cualquier delito penado en España y cometido fuera de nuestras fronteras), existe una Instrucción de 5 de octubre de 2010, dictada a instancias de Pedro Zerolo, que, apoyándose en ese artículo 10.3, reconoce que se puede inscribir a los nacidos por gestación subrogada en el Registro Civil -atención a esto- «por el bien del menor». En esta disposición se habla de derechos de la madre, de garantías, de que se supone la legalidad del contrato en el país de origen, sin coacciones y, lo mejor de todo, “que no existe simulación en el contrato de gestación por sustitución que encubra el tráfico internacional de menores”. ¿En serio? ¿Hay garantías? No. Es tráfico internacional de menores: te has comprado un bebé en el extranjero porque en España no puedes.
En 2019 se publicaron otras dos instrucciones con pocos días de diferencia; la vigente es la del 18 de febrero de 2019, junto con la de 2010. Tal parece que por el “bien del menor que ya ha nacido” legalizamos algo que las agencias que venden personas por encargo saben perfectamente que es delito, y se concede una excepción para algo que en España no ha sido legal nunca. Beatriz Gimeno argumentaba que, claro, cuando se dictó esa instrucción 2010 no se podía saber lo que era. Ha tenido once años para enterarse. Once años. Y llevamos tiempo denunciándolo.
Lo mejor de todo este tema es que varios miembros del gobierno de España están en contra de esta práctica. O eso dicen. Grande Marlaska y Carmen Calvo se han manifestado públicamente en contra e Irene Montero ha anunciado que en la próxima ley que saque después de la Ley Trans se va a calificar la práctica de los vientres de alquiler como explotación reproductiva.
¿Es necesario esperar a tener una ley nueva -con todo el trámite parlamentario que supone- o reformar el código penal para perseguir este delito? Pues la verdad es que no. Con hablar con el ministro de Justicia y el departamento correspondiente bastaría para anular esas disposiciones, trámite que se podría hacer de un día para otro, sin pasar por el Consejo de Ministros o por sede parlamentaria. Se podría aplicar la legislación existente y actuar contra esas agencias que ofertan actividades comerciales ilegales, ya que su actividad no es posible y ya sólo su inscripción en el registro mercantil supone un fraude de ley. Se podría actuar contra los medios de comunicación públicos y privados que hablan de las bondades de la compra de seres humanos sin decir en ningún momento las penas de cárcel que conlleva hacerlo en tu propio país, haciendo apología de un delito. Se podrían haber aplicado las mismas restricciones de movimiento que al resto de los ciudadanos y no haber fletado un avión en pleno confinamiento para que esos compradores pudieran recoger a “sus hijos”. Que cada cierto tiempo hay que rescatarlos porque, oh sorpresa, el papeleo tarda y hay que disfrazar la ilegalidad. O llorar para que miren a otro lado. Porque ellos han pagado y el cliente manda.
Cada día que pasa sin que se haga nada contra todas esas trampas hechas para saltarse la ley, se demuestra la nula voluntad política de acabar con una aberración que va contra los derechos de menores y madres. Cada día que pasa sin que se anulen la Instrucción de 5 de octubre de 2010 y la de 18 de febrero de 2019, estamos posibilitando que siga existiendo la compraventa de seres humanos. Si de verdad estuvieran en contra de los vientres de alquiler, quienes ahora gobiernan y ya gobernaban en febrero de 2019 no habrían dictado una nueva instrucción, habrían derogado la de 2010.
Porque las personas no se compran y los deseos no se legislan.
La derogación de la instrucción del 2010 no implica la no inscripción de los menores. Todos los menores tienen q registrarse. Todos. Lo contrario vulnera los DDHH. Según stc del TEDH. Lo que dices es fundamentalmente falso. Así no funciona.