Los últimos días de la Administración Trump no están dejando impasible a nadie. El presidente estadounidense acumula, presuntamente, actos delictivos, un reflejo fiel de lo que ha sido su mandato.
Durante su legislatura, se ha iniciado una campaña política, económica y jurídica contra el Gobierno venezolano. La construcción de una trama de acoso que se diversifica en varios tramos, desde la deslegitimación de las elecciones, intentos de golpes de estado, bloqueos comerciales o sustracción de fondos del pueblo bolivariano.
No debería extrañarnos esta estrategia, ni por parte de Trump, ni tampoco por parte del país del águila calva. Todos tenemos en nuestro conocimiento y así hemos contado en artículos anteriores, que EE. UU no es precisamente un país que respete la soberanía de los pueblos.
Varios son los ejemplos que podríamos añadir para la comparación con el caso actual, el mejor conocido es el caso cubano y el bloqueo comercial que afecta a la isla y ahora también al país de Bolívar. En definitiva, la aplicación del concepto «patio trasero de EE. UU.
El último conato de está estrategia es la puesta en venta de las acciones de la empresa PDV Holding, propiedad legitima del Estado venezolano. El comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela transmite lo siguiente: » Está administración impulsa el odio, el saqueo, la venganza y el abuso del poder como ejercicio criminal».
El Ministro del Poder para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, ha sido el encargado de emitir el comunicado que adjuntamos a continuación:
La Vicepresidencia de Venezuela ha señalado como orquestores y partícipes en el asalto al patrimonio Nacional al ex diputado Juan Guaidó y José Ignacio Hernández, prófugos de la justicia venezolana.
