Este pasado martes, 11 de enero varios conductores de Uber y Lyft, aplicaciones de servicios de transporte VTC, han presentado una demanda en la Corte Suprema de California alegando que la Propuesta 22 «es anticonstitucional».
De igual manera, el sindicato de trabajadoras y trabajadores de plataforma SEIU ( el más grande de Estados Unidos y que forma parte de la Red Transnacional de Trabajadores junto con asociaciones del estado español como Taxi Project o Riders X Derechos ) ha solicitado el archivo de esta ley alegando también que es inconstitucional.
Está controvertida ley elimina de un plumazo todos los derechos adquiridos por las trabajadoras y trabajadores de las aplicaciones digitales, por el hecho de permitir que no sean considerados como empleados de la empresa, sino como «contratistas independientes» (lo que conocemos en el estado español como falsos autónomos).
Uber, Lyft y el resto de empresas que forman el núcleo de la economía de plataforma, invirtieron grandes sumas de dinero (205 millones de dólares) las pasadas elecciones para conseguir que se aprobara la medida, que contó con el respaldo en su campaña electoral del próximo presidente, el demócrata John Bien y la vicepresidenta, Kamala Harris.
«Esta ley inconstitucional por el hecho de que las empresas la han comprado con cientos de millones de dólares en gastos políticos, es un insulto a las protecciones y derechos fundamentales que todos los trabajadores merecen y debe ser rápidamente revocada por los tribunales». dijo Art Pulaski, secretario y tesorero ejecutivo de la Federación Laboral de California.
