La oligarquía empresarial que ostenta el privilegio en el mercado español de las infraestructuras y la construcción respira tranquila, pues pese a los escándalos aireados por los asuntos de corrupción de su figura embajadora, el rey emérito, y que han hecho cuestionar en la opinión pública la necesidad de la anacrónica figura de la monarquía, parece que la Casa Real no peligra en absoluto.
Esta semana era rechazada en la Mesa del Congreso una propuesta de la formación Unidas Podemos para investigar el asunto de las tarjetas opacas utilizadas por Juan Carlos de Borbón. La propuesta añadía informes de letrados que avalaban la oportunidad de admitir a trámite esta investigación. Sin embargo, el componente mayoritario del Gobierno de coalición rechazaba este planteamiento, de modo que el PSOE se alineaba junto a PP y Vox para vetarla en la Mesa. El rechazo se añade a las múltiples discrepancias que han mantenido los socios de Gobierno, en los que los de Pedro Sánchez no han cesado de eludir las explicaciones desde que saltaron a la palestra los escándalos y la posterior fuga al extranjero.
La circunstancia de que resulte especialmente deplorable la afloración de estas tramas de corrupción (que recordemos atañen a la adjudicación de obras de infraestructura por valores millonarios a través de presupuestos de organismos internacionales como la UE) sucedida en plana pandemia, en la que se están perdiendo vidas humanas y los servicios sanitarios no dan abasto con los escasos recursos con los que cuentan, tiene además un añadido que agranda su desastre.
Este jueves el Gobierno ha informado que el rey Juan Carlos sigue manteniendo la ayuda de asistentes personales, cuyo coste es asumido por Patrimonio Nacional, después de que el medio Eldiario.es haya desvelado que Patrimonio paga esos sueldos y viajes del personal desplazado a Emiratos Árabes Unidos para asistirle.
Esto es, aparte del capital que supuestamente posee en paraísos fiscales, obtenido a base de supuestas operaciones de mediación en obras públicas para grandes empresas españolas, los españoles pagamos también el gasto de sus asistentes, pese a que Felipe VI ya anunciara que dejaba sin sueldo a su padre como corrección por los casos de evasión aflorados, y también a pesar de que la vicepresidenta Carmen Calvo afirmara este miércoles que «El rey Juan Carlos no vive con los recursos públicos».
