La verdad que acorrala al estado colombiano

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Jaime Cedano Roldán, ex-integrante de la Dirección Ejecutiva Nacional de la UP.

Esta semana hubo en Colombia una noticia bomba: la presunta participación de un presidente de la república y la cúpula de las Fuerzas Militares en el asesinato de más de 6 mil personas, la desaparición de centenares, y el desplazamiento forzado interno y el exilio de decenas de miles. Se trata de una acusación muy grave sobre el origen del genocidio de un partido político, la Unión Patriótica, un hecho sin precedentes en América latina y en el mundo y que ocurre en un país supuestamente democrático. No es un genocidio cometido bajo una dictadura militar, sino en un país que era llamado “la suiza latinoamericana”, para diferenciarlo de los países centroamericanos o del Cono sur sometidos a dictadura a militares en aquello tiempos.

Durante 34 años las víctimas y sobrevivientes del Genocidio se han preguntado ¿quién dio la orden? Ahora se afirma que fue el presidente Virgilio Barco, la cúpula militar y un espía  israelí, perteneciente al Mossad. Es una información develada por el periodista Alberto Donadio, conocido por la rigurosidad de sus investigaciones.

Vamos a hacer un poco de contexto. La UP es un movimiento político amplio, pluralista constituido como resultado del acuerdo de “Tregua, Cese al Fuego y Paz, firmado en 1984 entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Aquel no fue un acuerdo de paz definitivo, fue solo de tregua y cese al fuego, y el compromiso de una serie de reformas democráticas para poder avanzar a un acuerdo de paz definitivo. Se había firmado pese a la objeción de  militares y terratenientes, y muchas provocaciones. La UP serviría como el instrumento, el mecanismo para que la guerrilla hiciera el tránsito de la lucha armada ilegal, a la política, a la legalidad y se presentara a las elecciones. Llegó mucha gente, ilusionada con la idea de la paz.

En las elecciones de 1986 la UP obtuvo unos resultados, que aunque modestos, fueron un salto significativo en la participación electoral de la izquierda, a pesar del hostigamiento de los medios y las falsas acusaciones de realizar “Proselitismo armado”, y que las oficinas de la UP empezaron a ser dinamitadas. La UP eligió 14 parlamentarios, 12 diputados regionales, 14 alcaldes y 350 concejales. Este hecho quizás motivó que se incrementaran las amenazas, los ataques a las sedes y empezaron los asesinatos. Se daba inicio a un Genocidio Político. Fueron asesinados la mayoría de concejales, alcaldes, diputados y parlamentarios, dos candidatos presidenciales y miles de dirigentes regionales. La vida diaria de la militancia de la UP y del Partido Comunista era de amenazas, seguimientos, atentados, encarcelamientos arbitrarios, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos forzados, exilio. Ante la mirada silenciosa o complaciente de gobierno, cuando no de la participación y autoría por parte de agentes gubernamentales. Uno de los miles de upecistas asesinados fue Jaime Pardo Leal, presidente de la UP y candidato presidencial. Lo mataron el 11 de octubre de 1987. El genocidio estaba comenzando y ya Jaime Pardo sentía que su vida había sido condenada y así lo denunció ante las autoridades y en la plaza pública.

En Colombia e perpetró el más grande genocidio por razones políticas, contra un partido hasta entonces conocido, un exterminio continuado en el tiempo, durante todos estos años muchos sobrevivientes han sido asesinados, el último de ellos Omar Moreno, secuestrado y desaparecido el pasado 28 de diciembre. Pero no solo se perpetró el genocidio contra la UP, hubo un exterminio sistemático de líderes sindicales y sociales. Por un lado se desarrollaba la estrategia contrainsurgente de “quitarle el agua al pez” asesinando las supuestas bases sociales de la guerrilla, y por otro lado con el asesinato  de la dirigencia sindical se eliminaban a quienes se enfrentarían a la ofensiva neoliberal.

El periodista Alberto Donadio ha publicado una columna donde afirma tener fuentes que le confirman que  Virgilio Barco, presidente de Colombia en 1986 habría autorizado el exterminio, por recomendación de Rafi Eitan, un agente del Mossad contratado en forma irregular por un millón de dólares para asesorar al gobierno en materia de lucha contra la subversión. Hay un hecho escalofriante que narra Alberto Donadio, la indignación de los mandos militares, no porque se pensara en realizar una matanza generalizada de la militancia de un partido, sino que contrataran para ello a mercenarios extranjeros cuando ellos mismos podrían realizarlo.

Las revelaciones de Donadio han abierto un gran debate en Colombia entre quienes defienden en forma absoluta a Virgilio Barco y a toda la institucionalidad colombiana, y quienes señalan que hay elementos contundentes para que se profundice la investigación sobre un hecho  que en estrados judiciales internacionales ya ha habido sentencias sobre la responsabilidad del estado colombiano. La lucha contra la impunidad entra en Colombia en un nuevo escenario.

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