Dos de cada tres muertos por coronavirus en España vivían en residencias de mayores

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Los datos de personas fallecidas por coronavirus en residencias de mayores superan los veintiún mil casos, según los datos que aportan las distintas comunidades autónomas. El último informe sobre la incidencia de la COVID-19 en España publicado por el Ministerio de Sanidad, perteneciente a finales de este pasado octubre, señala que los brotes de coronavirus de mayor tamaño en España durante estos últimos días están sucediendo en residencias de mayores. Este dato supone que más del 59 % de las muertes notificadas oficialmente por el Ministerio de Sanidad de personas con coronavirus se ha producido en personas que vivían en residencias de ancianos, esto es, dos tercios del total.

Los datos en algunas comunidades autónomas superan incluso esa cifra de casi el 60%, como es el caso de Castilla y León (81%), Castilla la Mancha (77%) o Cataluña (70%), según informa mediante una interesante infografía la página de RTVE. Estas tres comunidades junto con Madrid acaparan el mayor número de fallecimientos.

En la última semana de octubre se han detectado 134 nuevos focos que han producido 2.326 contagios, con una media de 17,4 casos por cada brote. Los brotes en residencias de mayores son 12 veces más frecuentes y tres veces más intensos que en la población general.

Como recordamos en el inicio de la pandemia, las residencias de ancianos se convirtieron en uno de los principales focos hasta el punto de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, llegó a informar de que el Ejército había encontrado ancianos fallecidos conviviendo con otros residentes. También asociaciones como Médicos sin fronteras advirtieron de esta dramática circunstancia al hallar residentes que habían muerto días antes. La Fiscalía General del Estado recibió cientos de diligencias civiles y otras tantas investigaciones en relación con la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias.

Que el colectivo de mayores sea el más afectado por la pandemia no se debe únicamente a su especial vulnerabilidad. El coronavirus ha puesto en evidencia la escasez de recursos que padecen este tipo de centros, que no es ajena como hemos podido comprobar en la asistencia primaria y en las unidades intensivas. Décadas de recortes han venido finalmente a sentenciar a los más frágiles.

Algunos estudios, como el informe Efectos del covid-19 en las residencias de mayores en Navarra, realizado en mayo y que puede consultarse en las redes, pudo comprobar que la incidencia de casos era mayor en los centros con más de 100 residentes (en ellos murió uno de cada 10), mientras que la mortalidad se reducía a la mitad al bajar de esa ratio de usuarios. La proporción se mantiene también en cuanto a los profesionales que desempeñan su trabajo en este sector, con más contagiados en los centros con más ocupación. En el mismo estudio se expone otro dato relevante: las residencias públicas tuvieron un menor impacto -un 36% con algún contagio-, frente al 44% de las privadas con ánimo de lucro y el 50% de las sin lucro.

La relación entre posibilidad de crear distancia social y la ratio de profesionales por residentes tienen obviamente una correspondencia fundamental para la vida de los mayores que viven en estos centros, así como la posibilidad de recibir ayuda externa sanitaria de la Administración.

Otro factor decisivo es la titularidad pública o privada. Como es sabido muchas de las residencias privadas pertenecen a grupos de accionistas cuya vinculación es puramente económica y que tienen su localización en paraísos fiscales. Del mismo modo que ocurre en cualquier otro aspecto de la sanidad privada, los centros de titularidad empresarial destinan menos medios profesionales y con peores condiciones laborales (horarios más extensos y condiciones precarias) y también emplean menos medios con la intención de incrementar sus beneficios.

De este modo se manifiesta el verdadero rostro del sistema capitalista en que vivimos. La capacidad económica establece la calidad y extensión de la vida habitualmente, y en momentos de crisis el capital supone para un anciano la diferencia entre recibir el merecido respeto o morir abandonado en la habitación de una residencia.

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