800.000 empleos y modernización económica, objetivo del Gobierno con el plan de recuperación europeo

800 mil puestos de trabajo, una subida de 2,5 puntos de PIB en tres años y la modernización de la economía española, esa es la promesa del Gobierno de Coalición para su legislatura a través de los fondos europeos

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El Gobierno ha presentado las líneas generales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, documento ideado para reactivar la economía española tras los desastres causados por la pandemia y la ineficacia a nivel global del sistema, en especial en Occidente, para paliar sus efectos a corto plazo. Para ello contará con una importante ayuda, una inyección de 140.000 millones en fondos europeos, con los que se pretende crear la mencionada cifra en puestos de trabajo, subir el PIB en un par de puntos y medio y una modernización de la economía española, con gran dependencia del turismo y el automóvil.

El plan no está desarrollado aún en su letra pequeña, pero el Gobierno señala tres aspectos principales que empiezan a vislumbrarse con algo más de claridad. En primer lugar la inversión verde y la transformación digital coparán el 70% del presupuesto. En segundo lugar se aprecia lo que parece una intención de establecer, al menos en un periodo de tres años, políticas expansivas como el aumento del techo de gasto de más del 50% (hasta casi 200.000 millones) hasta recuperar el nivel de PIB anterior a la crisis. Y además el Gobierno pretende movilizar hasta 500.000 millones de euros públicos y privados, a través de instrumentos financieros y la colaboración público-privada.

No es la primera ocasión en que un ejecutivo promete una cifra tan alta de empleos durante su mandato. Felipe González prometió 800.000 puestos de trabajo en 1982. Zapatero se comprometió a crear un millón de empleos en 2008, en la que anunció como «la mayor inversión en obra pública». No fue menos el señor M.Rajoy que aumentó la cifra prometida hasta los dos millones de empleos, poco antes de la famosa moción de censura.

Tampoco es el primer plan de medidas keynesianas que la UE plantea, el más reciente fue el Plan Juncker, con el que se trató de paliar otra de las crisis capitalistas, aquella sin virus mediante. Pero ¿en qué consiste el plan de recuperación?

La UE con este plan del fondo de recuperación moviliza 750.000 millones de euros en total, de los cuales tocan a España los 140 mil millones indicados. Los fondos son una emisión masiva de deuda conjunta, considerados como eurobonos, cuyo objetivo es financiar distintas iniciativas para reactivar la economía tras el caos producido por el coronavirus.

La medida central del plan, es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (resiliencia es la capacidad de sobreponerse a un estado traumático), apoyado en su inicio por los países sureños con oposición de los llamados «frugales» y que finalmente salió adelante ante la evidencia por parte de Francia y Alemania de que la economía debía reactivarse de ese estado de shock.

La novedad es que el dinero procede de una masiva emisión de deuda conjunta por parte de la Comisión Europea. Los Estados miembros se endeudarán de forma conjunta y a un alto nivel. La pregunta clave es ¿de dónde saldrá el dinero? La respuesta ofrecida hasta el momento es que saldrá de todos. Es decir, el dinero que llegue a España no será dinero de los frugales. Será dinero europeo obtenido con la emisión conjunta de deuda. Los pagos de deuda se realizarán en los próximos compromisos europeos, fijados a partir de 2027.

Los gobiernos deberán enviar a Bruselas un Plan Nacional de Reformas en las que se detallen las inversiones y reformas a realizar. Lógicamente esos planes están condicionados, deben seguir las recomendaciones específicas por país (CSR, por sus siglas en inglés) a instancias de la Comisión Europea. Para hacernos una idea del carácter de esas condiciones, Bruselas se mostró crítica recientemente cuando España quiso vincular las pensiones al IPC y exigió medidas para garantizar la sostenibilidad.

Además, existe el llamado ‘freno de emergencia‘, medida incluida para frenar las inquietudes de los países frugales. Ese freno de emergencia se activa cuando un Estado miembro considera que algún país no está cumpliendo los objetivos. Con este mecanismo la Comisión Europea puede analizar -y sospechamos que fiscalizar- el destino de las inversiones realizadas y la forma en que se recuperarán las cantidades prestadas.

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