La insoportable levedad de la justicia sobre los implicados por el caso de las tarjetas black de Bankia y Caja Madrid está abriendo el debate en la sociedad sobre la imparcialidad de la misma. De los 14 condenados, siete de ellos han sido puestos en libertad condicional desde que estalló la pandemia del coronavirus, mientras que otros seis han pasado en confinamiento cómodamente en sus casas controlados por una pulsera electrónica.
Así, Miguel Ángel Abejón Resa, Javier de Miguel Sánchez, Rodolfo Benito Valenciano, Gonzalo Martín Pascual, Francisco Javier Pérez Fernández, José María de la Riva y Antonio del Rey de Viñas, que sólo iban a dormir a prisión los jueves desde el verano de 2019, pasaron a cumplir sus condenas en un arresto domiciliario al llegar la pandemia el COVID-19 y, ahora, se les ha concedido la libertad condicional.
Por otro lado, Rubén Cruz Orive está en puertas también de acceder al tercer grado mientras Estanislao Rodríguez-Ponga, Antonio Romero Lázaro, Francisco Baquero, Jorge Gómez Moreno y José Antonio Moral Santín disfrutan de un régimen abierto.
El ex-ministro Rodrigo Rato es el único que permanece en prisión, por tener procesos penales abiertos, si bien ya se le han concedido dos permisos de seis días cada uno.
Hay que recordar que estos presos son culpables del desfalco de Caja Madrid-Bankia, una entidad financiera que tuvo que ser nacionalizada por el Estado y reflotada con más de 23.500 millones de euros, la cantidad necesaria para sufragar ocho años del Ingreso Mínimo Vital o la cuarta parte de lo que se gasta al año en Sanidad por todas las administraciones del Estado Español.
