Un centenar de colectivos antirracistas y organizaciones de migrantes han remitido una carta al Gobierno pidiendo la regularización de las personas migrantes que se encuentran en situación irregular en todo el estado español. Unas 600.000 personas se calcula que se hallen en esta tesitura.
Se trata de residentes en nuestro país pero sin papeles, un nutrido colectivo que se queda fuera de las medidas aprobadas por el ejecutivo para afrontar la pandemia, lo que les deja en un estado de gran vulnerabilidad. Al desamparo al que se ven sometidos habitualmente, permanente indefensos ante la sobre explotación laboral puesto que están más expuestos al abuso, añaden ahora la incertidumbre por la alarma provocada a partir de la crisis.
En redes sociales se ha llevado a cabo una acción en la que personajes públicos y conocidos activistas con influencia en internet han apoyado esta petición bajo el lema #RegularizacionYa.
No es una exigencia insólita pues nuestros vecinos de Portugal anunciaron el mes pasado la inmediata regularización de las personas migrantes gracias a la acción del gobierno de Antonio Costa. El ejemplo opuesto lo vimos esta semana pasada en Nueva York, ciudad eminente del capitalismo USA, donde el alcalde de la ciudad reconocía que el veloz avance del coronavirus había sido impulsado por la tardanza de los colectivos de inmigrantes, principalmente latinos, para acudir a la asistencia sanitaria por miedo a ser deportados.
En nuestro país no nos quedamos atrás en emular la hipocresía en este asunto. Recientemente se abría la mano para la llegada de miles de inmigrantes para que realicen la labor de temporeros en las campañas agrícolas que han quedado desatendidas tras el cierre de las fronteras por el virus. Esto desvela la intención mercantilista con que se trata el tema de los migrantes en la UE. Además la normativa española obliga a los inmigrantes a permanecer 3 años en situación irregular y predispuestos a ser carne de cañón de la economía sumergida.
Además de los temporeros agrícolas, otro amplio sector afectado por la irregularidad es el de las empleadas de hogar, cuyos empleadores prefieren escoger a personas sin papeles para poder obtener un ahorro en el gasto sobre explotando a las mujeres que trabajan en los hogares y necesitan con urgencia el empadronamiento y sumar los años que se necesitan para poder iniciar los trámites de sus documentos.
Esperemos que, como nuestros vecinos portugueses, el Gobierno español comprenda que regularizar la situación de estas personas es hoy, además de un acto de justicia, una necesidad para poder combatir el coronavirus. Nativa o extranjera, es la misma clase obrera.
