«Apología del Franquismo»: peligro a la vista

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El pasado 9 de febrero, Adriana Lastra anunciaba que el Gobierno piensa incluir el delito de “apología del franquismo” en la reforma del Código Penal que prepara el Ministerio de Justicia. La cuestión sería digna de celebrar para cualquier persona antifascista, si no fuera por el contexto en el que se produce y por los indudables riesgos que conlleva.

La democracia burguesa española no es una “democracia militante”, como ha reiterado el Tribunal Constitucional (SSTC 13/2001, 48/2003, 235/2007 y 12/2008), “respetando formalmente cualquier posición ideológica, dentro del respeto al poder público”, esto es, dentro del respeto al poder capitalista. Sobre la base de un mismo carácter de clase del Estado, se trata de un modelo diferente, por ejemplo, al alemán, donde se proscriben de plano las ideologías contrarias a los principios recogidos en su Constitución. Sin embargo, en los últimos tiempos, en España aumentan las voces que pretenden empujarnos hacia un modelo de “democracia militante”, especialmente desde la aprobación de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de julio, de Partido Políticos o, en fechas más cercanas, a raíz del conflicto territorial en Cataluña.

La propuesta del Gobierno se enmarca en una estrategia comunicativa que busca el enfrentamiento directo con la derecha y la extrema derecha parlamentaria, identificando a unos y otros, mientras trata de provocar un cierre de filas de todos los sectores que, siguiendo la geografía política heredada de la Revolución Francesa, se sitúan a la izquierda. Evidentemente, no está en cuestión la naturaleza de clase del poder, sino el predominio de una de las dos formas de gestión capitalista posibles: la liberal o la socialdemócrata. Y, precisamente ahí, en la cuestión de la naturaleza del poder, se sitúa la clave que hace de la campaña de propaganda del Gobierno un juego peligroso.

La apelación de unos y otros a “las dos Españas” no se da en cualquier contexto. El Estado español es parte de la Unión Europea, a la que ninguna de las fuerzas que integran el Gobierno –o le prestan apoyo externo- cuestionan. Y, en la Unión Europea, que no es más que una unión interestatal de carácter imperialista, existen dos claras tendencias: el resurgir de fuerzas de extrema derecha y el avance de una intensa campaña anticomunista. No son elementos aislados, sino las dos caras de una misma moneda que se cotiza en el marco de un ataque constante contra los derechos obreros y populares.

La ofensiva anticomunista arreció con fuerza tras el memorándum anticomunista impulsado por el Consejo Europeo en el año 2005 que, si bien en aquel momento no obtuvo una mayoría suficiente para obligar a los países de la UE a adoptar las medidas que se contemplaban, fue la base de la moción anticomunista presentada en el Parlamento Europeo en 2006, de la Resolución del Parlamento Europeo, de 2 abril de 2009, “sobre la conciencia europea y el totalitarismo” y de la más reciente Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, “sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa” (2019/2819 RSP), aprobada por populares, socialistas, liberales, verdes, conservadores, gran parte de la ultra derecha y que, no olvidemos, contó con el voto favorable del PP, PSOE, Ciudadanos, ERC y PNV.

Esas posiciones anticomunistas, que son principios ideológicos de la Unión Europea desde su fundación, parten de la criminal comparación entre el nazi-fascismo y su principal verdugo: la Unión Soviética y las fuerzas comunistas que combatieron en la Guerra Antifascista. Calumnian al socialismo-comunismo, mientras reescriben la Historia y blanquean al nazismo. El pretexto ideológico es calificar al nazi-fascismo y al comunismo como sistemas “totalitarios”. Una manipulación que carece de cualquier base y que trata de ocultar que son precisamente el nazi-fascismo y la democracia burguesa quienes tienen una base económica común: la propiedad privada capitalista y la explotación de unos seres humanos por otros. Cambia la forma de dominación, pero el capitalismo permanece. El socialismo-comunismo es, precisamente, su negación.

En el caso español, las líneas de continuidad entre el franquismo y la democracia burguesa son, si cabe, más evidentes. La criminal política de “No Intervención” de las democracias burguesas europeas, con Gran Bretaña y Francia al frente, jugaron un destacadísimo papel en ahogar en sangre a la España republicana. Una vez finalizada la guerra, tanto los Estados Unidos como esas mismas democracias burguesas, en el contexto de la “Guerra Fría”, fueron determinantes para que en España se mantuviera la dictadura. Es más, en la Transición, que algunos ahora ensalzan con entusiasmo, se produjo una clara continuidad entre el franquismo y la monarquía parlamentaria, siguiendo con el modelo diseñado ya en 1945 por los servicios de inteligencia estadounidenses. A quien tenga dudas al respecto, le recomiendo encarecidamente la lectura de Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles, de Joan E. Garcés. Y a quien quiera profundizar en las líneas de continuidad en la dominación de clase, le propongo sumergirse en la lectura de Franquismo, S.A., recientemente publicado por Antonio Maestre.

En Europa avanza la persecución anticomunista. En Polonia se persigue judicialmente al Partido Comunista de Polonia, a su periódico y a su consejo de redacción. En Letonia, Estonia y Lituania, tan del gusto de algunos nacionalistas catalanes, la cosa ya viene de lejos. En Ucrania, el Tribunal Constitucional impuso la ilegalización del Partido Comunista de Ucrania el 16 de julio de 2019. No son episodios aislados. ¿Sucederá lo mismo en España? El avance de las concepciones de la llamada “democracia militante” y las resoluciones de la Unión Europea empujan en ese sentido, España is no diferent.

Las fuerzas de extrema derecha no se dan por aludidas por la crítica al nazi-fascismo, como mucho se abstienen hipócritamente. Así lo ha hecho Vox en el Parlamento Europeo. Pero en los días siguientes, utilizando la resolución del pasado 19 de septiembre, los de Santiago Abascal lograban, con el apoyo de PP y Ciudadanos, que el Ayuntamiento de Madrid aprobara una moción anticomunista, indicando por dónde pueden ir los tiros. En España el franquismo no fue derrotado militarmente. Tampoco hubo Procesos de Núremberg. Aquí los criminales contaron con la asistencia directa de las democracias burguesas y se fue “de la ley a la ley a través de la ley”, como sentenciara Torcuato Fernández-Miranda (Ministro Secretario General del Movimiento y Presidente de las Cortes Franquistas, entre otras “virtudes democráticas”).

Todos estos aspectos deben ser considerados antes de proclamar el anuncio del Gobierno como una victoria antifascista. Entre otras razones, porque toda reforma del Código Penal va a requerir de una mayoría absoluta con la que no cuenta el Gobierno, como bien sabe Adriana Lastra. Claro está que, esa mayoría hoy inexistente, puede conformarse en los términos en que el pasado mes de septiembre PSOE, PP, Ciudadanos, PNV y ERC votaron juntos la resolución anticomunista en el Parlamento Europeo. Si eso sucediese, bajo el pretexto de combatir los “totalitarismos”, no serían precisamente las fuerzas herederas del franquismo quienes saldrían derrotadas. Para muestra, recomiendo ver la entrevista en La noche en 24 horas (RTVE) al Portavoz adjunto del PSOE, Felipe Sicilia, en la que reiteradamente hablaba de “dictaduras” y no de dictadura franquista. ¿Será delito defender la experiencia de construcción socialista en la Unión Soviética y en otros países? ¿Será delito defender la Revolución Cubana? ¿Será delito defender a cualquier Estado declarado enemigo por los monopolios? Un ejemplo de esto último acabamos de verlo con el affaire Ábalos, en relación con la Vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Si así operan ciertos mecanismos jurídicos en el capitalismo, incluso contra alguno de sus más avanzados gestores, qué no sucederá por tanto con quienes aspiran a destruirlo.

El huevo de la serpiente se incuba en el seno de la democracia capitalista, como ha demostrado la Historia. Ni hubo ni habrá reconciliación entre opresores y oprimidos, entre explotados y explotadores. Los verdugos nunca concederán honores a sus víctimas, salvo que con ello blanqueen sus propios crímenes, igualando a unos y otros, y la forma en que hoy ejercen su dominación. Recordemos el asunto de José Antonio Primo de Rivera, calificado no hace mucho por el PSOE como “víctima de la Guerra” para justificar que siga a día de hoy enterrado el Valle de Cuelga Muros. El capitalismo, en cualquiera de sus formas, no debe ser modernizado, sino destruido. Ese es y será el mejor homenaje a quienes nos antecedieron en la lucha.

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