El deterioro de los servicios públicos está directamente relacionado con las exigencias capitalistas e imperialistas. El caldo de cultivo militarista es el entorno ideal para el provecho de los intereses privados. La Unión Europea ejecuta el proyecto atlantista de cargar con cada vez más recortes y deterioro de los servicios a la clase trabajadora, a la vez que las grandes empresas -como las farmacéuticas y las sanitarias- y los fondos de inversión incrementan enormemente sus beneficios. España es un terreno abonado y pintiparado para que capitalistas y rentistas extiendan los tentáculos de sus especulativas inversiones. Mientras se dedican miles de millones a las armas, se producen situaciones que evidencian cómo son los trabajadores quienes pagan con su salud las consecuencias.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha anunciado que llamará por teléfono a 2.000 mujeres a las que se realizó una mamografía, pero pueden estar afectadas por una carencia en el protocolo de cribado del cáncer de mama, que estaría relacionada con la comunicación en ciertos casos en los que había lesiones dudosas y pueden precisar de seguimiento para observar su evolución.
Se trata de un error del que se han hecho eco asociaciones de mujeres con estas lesiones a través de las denuncias de usuarias a las que se les ha desarrollado un tumor sin que tuvieran un aviso del programa de cribado. El fallo detectado por el SAS se produjo en el no aviso a todas las mujeres con «lesiones posiblemente benignas» que requieren vigilar su evolución o a las que se les llamaba meses después, incluso un año.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, descartó ayer cesar a la consejera de Salud, Rocío Hernández, por los retrasos que se conocen hasta el momento de pruebas diagnósticas con demoras dentro del programa de detección precoz de cáncer de mama, aunque ha pedido «disculpas» y ha lamentado «profundamente» lo ocurrido.
Situaciones como esta crean desasosiego en los usuarios de la sanidad pública y se añaden al malestar debido al deterioro de la atención primaria y a las largas colas de espera para la atención especializada. El Gobierno de España se vanagloríó hace meses del acuerdo con las aseguradoras privadas para «salvar» los contratos con MUFACE a la vez que reduce la inversión en el sector público en general y recorta personal y recursos en todos los servicios que precisan la contratación de personal público. Se trata de un verdadero ERE encubierto a los servicios públicos, que apenas refrescan sus plantillas con la contratación de personal nuevo.
Al mismo tiempo, informes en los últimos años señalan que el Gobierno ha invertido menos en Sanidad, en proporción a las variaciones anuales del PIB. En 2023, mientras el presupuesto de Defensa aumentó un 26,31%, el Ministerio de Sanidad contó con un presupuesto que suponía un incremento del 6,4% respecto a 2022.
Este reparto tan desequilibrado se ha mantenido en los años sucesivos a causa de la prórroga que sufren los PGE. El Ministerio de Mónica García (Más Madrid o alguna de las marcas de Podemos) se esfuerza en difundir la idea de que existen aumentos en los presupuestos en Sanidad, pero estos resultan ridículos en comparación a la auténtica carrera armamentística en la que el Gobierno ha involucrado a España, dentro de su alineamiento con la OTAN.
La situación que vive la sanidad no sólo andaluza sino la española en general proviene de una nueva agenda de ataques contra la clase trabajadora, a la que las exigencias militaristas e imperialistas de la Unión Europea carga con cada vez más recortes y deterioro de los servicios públicos, a la vez que las grandes empresas -como las farmacéuticas y las sanitarias- incrementan de manera exponencial sus beneficios y los fondos de inversión encuentran en España un terreno abonado y accesible para extender sus especulativas inversiones.
