El Consejo de Paz (Board of Peace), el organismo privado creado por Trump para supervisar el alto el fuego en Gaza, anunció el pasado 1 de julio en su cuenta oficial de X que la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) “no tiene cabida en la nueva Gaza”. Para la organización Euro-Med Human Rights Monitor, este anuncio es extremadamente preocupante porque significa una extralimitación muy grave e ilegal del mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que creó la UNRWA en 1949.
Para justificar su decisión, el Consejo compartió un vídeo que incluye unas declaraciones del representante de Estados Unidos en la ONU para Asuntos de Gestión y Reformas, Jeff Bartos, en las que plantea que los Estados miembro «tienen una opción: financiar el incitamiento, el terrorismo y el estancamiento con promesas a la UNRWA o financiar al Consejo de Paz». De esta manera, el Consejo respalda los argumentos israelíes, provocadores y ya desmentidos, contra la Agencia, mostrando además que la perspectiva política y jurídica del Consejo de Paz entra en conflicto directo con el Derecho internacional al considerar un mandato de la ONU como un obstáculo que hay que superar, en lugar de una obligación internacional que hay que respetar.
Sin embargo, la exclusión total de la UNRWA del futuro de Gaza es coherente con la política del Consejo de Paz, que se opone a los derechos de los palestinos. El presidente Trump anunció en septiembre de 2025 la creación del Consejo con el objetivo de «promover la estabilidad, restaurar un gobierno confiable y legítimo, y asegurar una paz duradera en áreas afectadas o amenazadas por conflictos». Sin embargo, el Consejo no incluye a ningún representante palestino, lo que muestra, como denuncia la organización Global Intifada, que el proceso de paz sigue un modelo de control externo y de exclusión del pueblo palestino. En el momento de su creación, incluso Benjamín Netanyahu fue invitado a formar parte del máximo órgano directivo del Consejo, ignorando las acusaciones y procedimientos judiciales internacionales por crímenes de guerra y genocidio que afectan al dirigente israelí.
El Consejo de Paz está presidido por el propio Trump y sus miembros son determinados únicamente por él mismo. El Comité Ejecutivo del Consejo incorpora a personalidades de confianza de Trump que son conocidas por su firme apoyo público a Israel. Por ejemplo, entre las figuras que integran el Comité se encuentran algunas directamente relacionadas con la administración Trump, como su yerno y asesor, Jared Kushner, el enviado especial de Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff, o el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. En el Comité Ejecutivo del Consejo también se encuentra el británico Tony Blair, quien fue primer ministro de Reino Unido entre 1997 y 2007, responsable de llevar a su país a la guerra ilegal contra Irak en 2003. Todas estas figuras comparten el compromiso de promover la visión israelí y de remodelar la región en consecuencia.
Según indica Global Intifada, el Consejo pretende proporcionar a Israel una renovada legitimidad política que proteja sus actuaciones, así como ocultar los procesos por crímenes de guerra y genocidio que continúan siendo examinados en instancias internacionales. En consecuencia, funciona como un mecanismo para eludir las decisiones de la Corte Penal Internacional (CPI), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y las Naciones Unidas. En relación con Gaza, el Consejo pretende varios objetivos: despojar al pueblo palestino de sus derechos y borrar los logros obtenidos, separar Gaza de su contexto geográfico y político y, finalmente, imponer una nueva administración sobre Gaza desprovista de identidad nacional y soberanía palestina.
Como denuncia Euro-Med Human Rights Monitor, el Consejo pretende además debilitar los organismos de las Naciones Unidas y los mecanismos jurídicos internacionales que exigen responsabilidades a Israel. La decisión adoptada el pasado 1 de julio busca poner fin por completo al papel de la UNRWA con el fin tanto de socavar el derecho al retorno de los refugiados palestinos, así como de desmantelar las bases del futuro Estado palestino y sustituirlas por organismos alineados con Israel.
Teniendo en cuenta todo esto, no es sorprendente que el genocidio contra los palestinos no se detuviera tras el anuncio de la creación del Consejo de Paz por parte de Trump. Según los responsables sanitarios gazatíes, son ya 1.098 las víctimas mortales y 3.535 los heridos desde la declaración de alto el fuego en Gaza en octubre de 2025. Así mismo, Israel intensificó la expansión de los asentamientos en Cisjordania mientras que en Gaza más del 65 % de su territorio está ya bajo ocupación de Israel.
La organización Euro-Med Human Rights Monitor exige que la comunidad internacional y los Estados miembros de la ONU se opongan a cualquier intento de debilitar el mandato de la UNRWA, detener sus operaciones en Gaza o sustituirla por estructuras políticas alternativas que socaven su reputación y desvinculen su labor de la cuestión de los refugiados palestinos. La Agencia, cuyo mandato ha sido renovado hasta el 30 de junio de 2029, constituye el núcleo de una red fundamental que presta servicios públicos a casi 5,9 millones de refugiados palestinos. Su mandato supone además la defensa del derecho de retorno de los refugiados palestinos y la oposición al colonialismo de asentamiento y la represión asociada a él. Por el contrario, los acontecimientos han demostrado que el Consejo de Paz ha servido únicamente a los intereses estratégicos de Israel y se ha convertido en una cobertura política para los objetivos que no logró alcanzar por medios militares. Como sugiere Global Intifada, el verdadero nombre del Consejo debería ser «Consejo de los Intereses de Israel» y no «Consejo de Paz».
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