Llevamos meses escuchando a la patronal repetir la misma cantinela: el absentismo laboral es uno de los principales problemas de la economía española. Cada informe de la CEOE, cada intervención de sus portavoces y cada editorial de los grandes medios vuelve a colocar el foco sobre las bajas médicas, la supuesta falta de compromiso de la plantilla o el coste que representa para las empresas que una trabajadora o un trabajador enferme.
La estrategia no es nueva. Consiste en convertir a la víctima en sospechosa. Se cuestiona a quien falta porque tiene una lesión, una depresión o un cáncer, mientras se invisibiliza a quienes hacen negocio incumpliendo sistemáticamente la legislación laboral. Se habla del coste del absentismo, pero nunca del coste de la explotación. El problema es que el verdadero absentismo no es el del trabajador que enferma. El verdadero absentismo tiene otro apellido: patronal.
No estamos ante una cuestión moral ni ante la existencia de empresarios especialmente deshonestos. Se trata de la propia lógica del capitalismo. Marx explicó que el beneficio nace de la apropiación del trabajo no pagado. La plusvalía no constituye una anomalía del sistema, sino su fundamento. Cuanto mayor sea la parte de la jornada que el empresario consigue apropiarse sin retribuir, mayor será su beneficio. Por eso resulta profundamente hipócrita que quienes viven de apropiarse del tiempo ajeno sean precisamente quienes pretenden dar lecciones sobre compromiso con el trabajo.
El absentismo patronal adopta muchas formas y todas tienen cifras.
Absentismo del salario. Según los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes a 2025, en España se realizaron 2,49 millones de horas extraordinarias semanales sin pagar ni compensar con descanso, lo que representa el 39 % de todas las horas extraordinarias realizadas. Cerca de 441.000 personas asalariadas regalaron cada semana una media de 5,6 horas de su trabajo a la empresa. Traducido a dinero, supone un ahorro empresarial estimado en 3.243 millones de euros anuales en salarios y cotizaciones sociales que nunca llegaron a abonarse. Traducido a empleo, esas horas permitirían crear aproximadamente 62.000 puestos de trabajo a jornada completa. Mientras la patronal habla de productividad, millones de horas trabajadas desaparecen de las nóminas. Eso sí es absentismo.
Absentismo del empleo. Si se suman todas las horas extraordinarias realizadas en España, tanto las pagadas como las no remuneradas, el volumen de trabajo equivale aproximadamente a 160.000 empleos a jornada completa. Es decir, mientras cientos de miles de personas buscan trabajo o sobreviven encadenando contratos precarios, numerosas empresas prefieren alargar la jornada de quienes ya trabajan antes que contratar nuevo personal. El desempleo deja de ser un problema para convertirse en un instrumento que presiona a la baja los salarios y debilita la capacidad de negociación de la clase trabajadora.
Absentismo de la legalidad. También desaparece la ley cuando estorba al beneficio. La propia Inspección de Trabajo reconoce miles de actuaciones e infracciones cada año relacionadas con el tiempo de trabajo, el registro horario, las horas extraordinarias o la contratación irregular. Solo en 2024 las sanciones por incumplimientos relacionados con el tiempo de trabajo y las horas extraordinarias superaron 17,2 millones de euros, afectando a 147.861 personas trabajadoras y dando lugar a 13.681 infracciones. A ello se suman otras 1.869 infracciones por incumplimientos del registro de jornada, con sanciones cercanas a 3 millones de euros y todo ello representa únicamente la parte del fraude que llega a detectarse. El fraude laboral no constituye una excepción. Es uno de los mecanismos mediante los cuales el capital incrementa la extracción de plusvalía cuando considera que incumplir la ley resulta más rentable que respetarla.
Absentismo de la seguridad. Cada vez que una empresa ahorra en prevención también está practicando absentismo patronal. En 2025, 735 personas murieron como consecuencia de accidentes laborales, de las cuales 584 fallecieron durante la jornada de trabajo y 151 en accidentes in itinere. Detrás de esas cifras aparecen demasiadas veces jornadas excesivas, ritmos insoportables, falta de formación preventiva, subcontratación en cadena, plantillas insuficientes o ausencia de inversiones en seguridad. Cada muerte suele presentarse como una fatalidad inevitable. Sin embargo, en demasiadas ocasiones responde a decisiones empresariales perfectamente evitables. Cuando la prevención se convierte en un gasto y no en un derecho, el resultado termina escribiéndose en las estadísticas de siniestralidad laboral.
Absentismo de la salud. Cada año se reconocen oficialmente decenas de miles de enfermedades profesionales en España. Sin embargo, los propios especialistas en salud laboral llevan años denunciando una enorme infradeclaración. Lesiones musculoesqueléticas, enfermedades respiratorias, patologías derivadas de agentes químicos o trastornos psicosociales terminan calificándose como enfermedades comunes para evitar responsabilidades empresariales. El coste económico y humano acaba recayendo sobre la Seguridad Social y sobre la persona trabajadora, mientras quien originó el daño desaparece del relato.
Absentismo de la sanidad pública. Uno de los argumentos favoritos de la patronal es que las bajas duran demasiado. Sin embargo, rara vez se preguntan porqué. La respuesta hay que buscarla en el progresivo deterioro de la sanidad pública. La patronal exige reducir la duración de las bajas por incapacidad temporal mientras guarda un silencio absoluto sobre la realidad del sistema sanitario.
España arrastra un grave déficit de profesionales en Atención Primaria y unas listas de espera que retrasan diagnósticos, revisiones, pruebas complementarias y altas médicas. Según el Barómetro Sanitario 2025, el 68,8 % de los pacientes tuvo que esperar más de un día porque no había citas disponibles, con una espera media nacional de 8,78 días para ser atendido por su médico de familia.
La situación en Andalucía es todavía peor. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad sitúan a nuestra comunidad como la que registra la mayor demora de toda España para acceder al médico de familia, con una espera media de 11,16 días entre quienes no consiguen cita el mismo día o al siguiente. En estas condiciones resulta profundamente hipócrita culpar a los trabajadores por la duración de sus bajas. Es imposible acortar una incapacidad temporal cuando ni siquiera existen recursos suficientes para diagnosticar, tratar o revisar a tiempo a quienes enferman. Primero se deteriora deliberadamente la sanidad pública mediante recortes e infrafinanciación; después se responsabiliza al trabajador de las consecuencias de ese deterioro.
El problema es el abandono deliberado de la sanidad pública. Ese también es absentismo patronal. Porque quienes hoy denuncian el coste de las bajas son, en muchos casos, los mismos que llevan décadas reclamando menos impuestos, menos gasto público y más espacio para la gestión privada de la sanidad.
Absentismo de la independencia médica. A esa presión se suma otro fenómeno preocupante: el creciente protagonismo que la patronal reclama para las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la gestión de las incapacidades temporales. Formalmente, las mutuas son asociaciones privadas colaboradoras de la Seguridad Social, pero resulta ingenuo ignorar cuál es su función dentro del sistema: controlar el coste económico derivado de las contingencias profesionales y participar cada vez más activamente en la gestión de las bajas laborales.
Desde hace años, organizaciones sindicales vienen denunciando presiones sobre trabajadores para reincorporarse antes de haber recuperado plenamente su salud, cuestionamiento sistemático de informes emitidos por facultativos del Sistema Nacional de Salud y una insistencia creciente en acortar los tiempos de incapacidad temporal. No se trata de negar la necesidad de evitar fraudes. Se trata de preguntarse quién debe decidir cuándo una persona está en condiciones de volver a trabajar. La respuesta solo puede ser una: el criterio médico independiente. Cuando el alta comienza a depender más del ahorro económico que de la recuperación clínica, la salud deja de ser un derecho para convertirse en una variable de la cuenta de resultados.
Absentismo de la responsabilidad. Resulta llamativo comprobar cómo funciona el discurso patronal. Cuando un trabajador enferma, inmediatamente se habla de control, inspección, fraude y reformas legales. Pero cuando desaparecen millones de horas extraordinarias de las nóminas, cuando se incumple la normativa preventiva, cuando proliferan los contratos en fraude de ley, cuando se falsean registros horarios o cuando cientos de personas pierden la vida trabajando, entonces las mismas organizaciones empresariales reclaman menos regulación, menos inspección y menos intervención pública.
La responsabilidad siempre parece recaer sobre quien vende su fuerza de trabajo, nunca sobre quien obtiene beneficios comprándola.Todo ello responde a una lógica perfectamente coherente con el capitalismo. El sistema necesita convertir a la víctima en sospechosa, necesita que la sociedad crea que el problema son quienes enferman y no las condiciones que provocan la enfermedad, necesita que discutamos sobre el coste económico de las bajas mientras permanecen invisibles los miles de millones de euros que el capital obtiene apropiándose de trabajo no remunerado, deteriorando la salud laboral o incumpliendo sistemáticamente la legislación.
Las estadísticas sobre horas extraordinarias impagadas, accidentes laborales, fraude en la contratación o enfermedades profesionales no son fenómenos aislados. Son expresiones diferentes de una misma realidad: la subordinación de la vida al beneficio.
Allí donde el sindicalismo de clase retrocede, aumentan las jornadas interminables, la disponibilidad permanente, el miedo a denunciar abusos y la resignación. Allí donde la organización obrera pierde fuerza, la explotación deja de parecer una injusticia para convertirse en normalidad. Quienes hoy hacen campaña contra el llamado absentismo laboral son los mismos que guardan silencio ante las horas extraordinarias robadas, las muertes evitables en el trabajo, el fraude empresarial, el deterioro de la Atención Primaria o la presión creciente para acortar bajas médicas sin garantizar una recuperación efectiva.
Cada hora extraordinaria sin pagar es tiempo de vida robado. Cada contrato fraudulento es un derecho arrebatado. Cada enfermedad profesional ocultada es una responsabilidad empresarial eludida. Cada accidente mortal es el precio que el capital considera aceptable para mantener su tasa de beneficio.
Por eso, la próxima vez que escuchemos hablar de «absentismo laboral», conviene preguntarse quién falta realmente. Porque quien desaparece todos los días no es el trabajador; desaparece el salario que nunca se paga, desaparece el empleo que nunca se crea, desaparece la prevención que habría evitado una muerte, desaparece la sanidad pública capaz de reducir los tiempos de recuperación, desaparece la independencia del criterio médico cuando se pretende subordinar la salud a intereses económicos, desaparece la responsabilidad empresarial cuando toca asumir las consecuencias de un modelo productivo que enferma, precariza y mata. Ese es el verdadero absentismo: el absentismo patronal. Un absentismo estructural que no consiste en faltar al trabajo, sino en ausentarse sistemáticamente de todas las obligaciones que el capital tiene con quienes generan la riqueza.
Mientras el beneficio siga siendo el principio rector de la economía, ese absentismo seguirá teniendo el mismo apellido: patronal.
