Las mejoras salariales anunciadas por la multinacional contrastan con la preocupación de miles de trabajadoras gallegas que ven amenazadas conquistas históricas de la negociación colectiva provincial.
La imagen oficial es la de una gran victoria. Inditex, junto con CCOO y UGT, acaba de anunciar un acuerdo que contempla incrementos salariales acumulados del 12,5% hasta 2028 para cerca de 30.000 trabajadores de tienda en el Estado español. La multinacional presume de mejoras económicas, nuevas ayudas sociales y avances en conciliación. Desde Madrid, el mensaje es claro: el diálogo social funciona.
Sin embargo, en Galicia la celebración tiene poco eco entre una parte importante de las plantillas del sector. Para muchas trabajadoras, especialmente en las provincias donde la negociación colectiva había logrado condiciones superiores a la media estatal, la firma de estos acuerdos llega acompañada de una amenaza: la pérdida de derechos conquistados durante décadas de movilización y negociación.
La controversia gira en torno al nuevo convenio estatal impulsado por la patronal ARTE, organización de la que forma parte Inditex junto a otras grandes cadenas como Mango, Primark o H&M. Aunque sus defensores sostienen que el texto homogeneiza y mejora las condiciones laborales para más de 120.000 trabajadores, sindicatos como la CIG y UGT denuncian que el nuevo marco supone una recentralización de la negociación colectiva y una rebaja de derechos en territorios donde los convenios provinciales eran más favorables.
Las críticas son concretas. Según las organizaciones sindicales que rechazan el acuerdo, el nuevo convenio implicaría la desaparición de complementos de antigüedad en algunas provincias gallegas, la pérdida de complementos de permanencia en A Coruña, una mayor disponibilidad para trabajar domingos y festivos, una reducción de la capacidad de planificación de horarios y la introducción de modalidades contractuales más precarias. Además, alertan de que determinadas modificaciones en el cómputo de la jornada podrían traducirse en un aumento efectivo del tiempo de trabajo.
No se trata únicamente de una discusión técnica. Detrás del conflicto subyace un debate político y sindical de mayor profundidad: quién debe decidir las condiciones laborales de las trabajadoras. Mientras la patronal y los sindicatos firmantes defienden la creación de un marco estatal uniforme, las organizaciones críticas consideran que esa uniformidad se construye a costa de vaciar de contenido los convenios provinciales que históricamente habían permitido mejorar salarios y derechos.
La paradoja resulta especialmente evidente en Galicia. La comunidad que vio nacer a Inditex y que continúa siendo uno de los pilares fundamentales de su estructura empresarial es también el territorio donde se concentra buena parte de la oposición al nuevo modelo de relaciones laborales. Durante meses, miles de dependientas se han movilizado en ciudades como A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol, Lugo, Ourense y Santiago para exigir que se respeten las condiciones conquistadas en sus convenios territoriales.
Frente a estas críticas, CCOO sostiene que el acuerdo mejora las condiciones del 95% de la plantilla y niega que exista una pérdida generalizada de derechos. El sindicato asegura que se han incorporado garantías para evitar reducciones salariales allí donde los convenios provinciales establezcan remuneraciones superiores y acusa a sus detractores de generar alarma injustificada.
¿Qué derechos denuncia Galicia que se pierden con el nuevo convenio?
Las organizaciones sindicales que rechazan el acuerdo estatal del comercio textil sostienen que la nueva regulación supone una merma de derechos previamente reconocidos en distintos convenios provinciales gallegos. Entre los principales puntos de conflicto destacan:
-Pérdida de complementos salariales históricos, especialmente los vinculados a la antigüedad en determinadas provincias.
-Desaparición del complemento de permanencia existente en A Coruña, una mejora consolidada a través de la negociación colectiva provincial.
-Mayor obligación de trabajar domingos y festivos de apertura comercial, reduciendo la capacidad de conciliación de las plantillas.
-Menor previsibilidad en los horarios laborales, al ampliarse la flexibilidad empresarial para organizar jornadas y turnos.
-Recuperación de categorías profesionales más bajas, que podrían afectar tanto a las condiciones laborales como a la evolución profesional de las trabajadoras.
-Introducción o ampliación de contratos fijos-discontinuos a tiempo parcial, una fórmula que los sindicatos críticos consideran especialmente precaria en un sector altamente feminizado.
-Cambios en el cómputo de la jornada laboral, dejando de considerar como tiempo efectivo de trabajo determinados períodos que hasta ahora sí computaban, lo que en la práctica podría traducirse en un aumento de la jornada real.
-Debilitamiento de la negociación colectiva provincial, sustituyendo acuerdos adaptados a la realidad gallega por un marco estatal común que limita la capacidad de mejorar condiciones desde los territorios.
Para los sindicatos que se oponen al convenio, la cuestión de fondo no es únicamente salarial. El conflicto gira en torno a si un acuerdo estatal puede considerarse un avance cuando, en determinados territorios, implica la desaparición de derechos que ya habían sido conquistados mediante años de negociación y movilización sindical; pero, más allá de las interpretaciones sindicales, la realidad es que el conflicto sigue abierto. Las movilizaciones desarrolladas en Galicia durante los últimos meses evidencian que una parte significativa de las trabajadoras no se siente representada por un acuerdo que consideran ajeno a sus reivindicaciones.
Por eso, mientras en Madrid se presentan los nuevos acuerdos como un éxito de la negociación colectiva, en Galicia muchas trabajadoras observan el proceso desde una perspectiva muy distinta. Porque para quienes ven desaparecer complementos, reducirse la capacidad de negociación o diluirse derechos conquistados durante años, la palabra «avance» tiene un significado muy diferente y porque ninguna subida salarial puede ocultar una pregunta de fondo: ¿es progreso igualar condiciones cuando esa igualdad implica que algunos trabajadores pierdan lo que ya habían conseguido?
