Dos trabajadores del metal, Manuel Balber y Jesús Galván, permanecen subidos a una grúa a más de 20 metros de altura en los astilleros de Navantia en San Fernando, en una acción de protesta que ya ha paralizado parcialmente la actividad industrial y reavivado el conflicto laboral en la Bahía de Cádiz.
Los dos soldadores, con décadas de experiencia y padres de familia, denuncian que llevan años sin poder trabajar en su propia tierra debido a supuestas “listas negras” vinculadas a su actividad sindical. Según relatan, no bajarán de la grúa hasta obtener una solución que les permita recuperar su empleo en el sector del metal gaditano.
La protesta, iniciada tras semanas de acampadas y reuniones sin resultado con instituciones y empresas, ha generado importantes retenciones en los accesos al astillero y concentraciones de apoyo por parte de compañeros del sector.
Desde la altura de la grúa, ambos trabajadores han denunciado además restricciones iniciales para recibir alimentos y abrigo, una situación que, tras la presión de otros operarios, habría sido parcialmente corregida. A este escenario se suma, según denuncian trabajadores y allegados, la retirada o expulsión de compañeros que trataban de acercarse a mostrar su apoyo, así como la instalación de vallas y cartelería para limitar el acceso y frenar las muestras de solidaridad en el entorno del astillero.
Mientras tanto, Navantia y la patronal del metal niegan la existencia de dichas listas negras y defienden que los procesos de contratación se rigen por criterios de igualdad y capacidad. Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha asegurado que la existencia de vetos laborales “no está demostrada” y ha anunciado una investigación sobre cómo los trabajadores accedieron a una instalación de carácter militar.
Sin embargo, el conflicto trasciende lo laboral para adentrarse en el terreno político. La imagen de dos trabajadores encaramados a una grúa, reclamando algo tan básico como el derecho al trabajo, contrasta con el silencio institucional que denuncian y con la ausencia de interlocución directa por parte del Ejecutivo. Resulta inevitable la crítica: en un país donde se proclama un gobierno “más progresista de la historia”, la respuesta ante este conflicto parece limitarse a la negación, la investigación policial y el control del perímetro, en lugar de afrontar el fondo del problema.
La grúa, inmóvil y desafiante, se erige sobre la Bahía de Cádiz como una suerte de estatua de la libertad obrera, visible desde lejos para quienes aún creen en la dignidad del trabajo. En lo alto, Manuel Balber y Jesús Galván no son solo dos trabajadores en protesta: son el eco de una rabia contenida durante años, el rugido de toda una clase trabajadora que se niega a desaparecer en silencio. Frente a ellos, instituciones ausentes y comités de empresa cuestionados por muchos compañeros dibujan un escenario de desafección y conflicto. Y mientras el metal gaditano vuelve a alzar la voz, la imagen permanece: dos hombres suspendidos en el aire en una tierra donde se reclama mano de obra cualificada a diario, pero donde según denuncian hay quienes llevan una década sin poder ejercer su oficio.
