Las trabajadoras han presentado una denuncia contra dos empresarios agrícolas por intimidación, grabaciones sin consentimiento y la ausencia de condiciones básicas como acceso a baños durante la jornada laboral.
Cinco trabajadoras agrícolas han presentado una denuncia ante el juzgado de guardia contra dos empresarios de una explotación hortofrutícola en la provincia de Almería. Las jornaleras denuncian una situación continuada de vulneración de derechos laborales, acoso e intimidación en su lugar de trabajo.
Según la denuncia, en la explotación donde desarrollan su jornada laboral solo existe un baño, que permanece habitualmente cerrado y es utilizado exclusivamente por los propios empresarios. Ante esta situación, las trabajadoras aseguran verse obligadas a realizar sus necesidades fisiológicas en los márgenes del invernadero.
De acuerdo con su testimonio, mientras se ven forzadas a hacerlo son vigiladas e incluso grabadas con teléfonos móviles por parte de los empresarios denunciados, lo que supondría una grave vulneración de su intimidad y dignidad.
Las trabajadoras también describen un clima constante de hostigamiento durante la jornada laboral. Relatan gritos, insultos y actitudes intimidatorias por parte de los responsables de la explotación. En varias ocasiones —según consta en la denuncia— los empresarios se acercan a escasos centímetros de sus rostros mientras graban con el teléfono móvil, se ríen y profieren comentarios vejatorios.
Asimismo, señalan que es habitual que los empresarios permanezcan durante largos periodos cerca de ellas mientras trabajan, gritando o zarandeando los carros donde transportan los calabacines recolectados, generando un ambiente de presión y humillación constante.
El caso está siendo acompañado por el Sindicato de Obreros del Campo/Sindicato Andaluz de Trabajadores (SOC-SAT) en Almería, que ha anunciado apoyo legal y sindical a las jornaleras denunciantes.
Desde la organización sindical denuncian que este tipo de situaciones no son hechos aislados, sino que reflejan problemas estructurales en parte del modelo agrícola intensivo de la provincia, donde miles de trabajadoras —muchas de ellas migrantes— desarrollan su actividad en condiciones de gran precariedad.
El sindicato también señala que la empresa denunciada cuenta con certificaciones emitidas por auditoras que supuestamente garantizan el cumplimiento de estándares laborales. Sin embargo, los hechos denunciados cuestionan la eficacia real de estos mecanismos de control dentro de las cadenas de producción hortofrutícola que abastecen a mercados europeos.
Desde el SOC-SAT subrayan que la defensa de los derechos laborales y de las mujeres en el campo sigue siendo una tarea pendiente. En este sentido, han hecho un llamamiento al movimiento feminista y a las organizaciones sociales de la provincia para mostrar su apoyo a las trabajadoras y participar en las movilizaciones que próximamente se convocarán frente a la empresa.
“Cuando una trabajadora se levanta para defender su dignidad, no está sola”, señalan desde el sindicato, que insiste en que la lucha por unas condiciones laborales dignas en el campo andaluz continúa siendo una prioridad para el movimiento jornalero.
