Durante años, sectores como la agricultura, la construcción, la limpieza, la hostelería o los cuidados han funcionado gracias a trabajadores en situación irregular, a quienes se les exige esfuerzo máximo a cambio de protección mínima. La regularización extraordinaria llega tarde y se presenta como un gesto humanitario, cuando en realidad es una respuesta a la necesidad económica: la economía española no puede funcionar sin estos trabajadores, y ahora se reconoce su existencia solo cuando se necesitan formalmente. No es solidaridad; es cálculo: legalizar para poder explotar mejor.
El comisario europeo Magnus Brunner recordó que la Comisión Europea no tiene competencias y que la decisión depende del Gobierno español. Esto expone la responsabilidad del Estado, pero también revela una falla estructural: la medida se centra en formalizar la presencia, no en transformar las condiciones laborales. Sin salarios dignos, sin acceso real a seguridad social, sin inspección efectiva y sin poder de negociación, la formalización se convierte en un instrumento que asegura mano de obra barata y disponible. La precariedad se legaliza, se naturaliza y se perpetúa.
La urgencia del decreto también evidencia un patrón preocupante: la regularización responde a necesidades inmediatas del mercado, no a un compromiso con la justicia laboral. Los trabajadores se vuelven útiles solo mientras cubren vacantes que otros rechazan, y no se cuestiona la explotación sistémica ni la desigualdad estructural. La medida puede incluso reforzar la dependencia de sectores enteros de trabajadores vulnerables, consolidando la idea de que la economía se sostiene mejor cuando se aprovecha de la inseguridad legal y social de las personas.
Si no se acompaña de cambios profundos, la regularización se limita a una formalización superficial. Sin fortalecimiento de derechos laborales, acceso pleno a la seguridad social y protección contra abusos, los trabajadores seguirán atrapados en un círculo de explotación: legalizados en papel, pero explotados en la práctica. La verdadera transformación pasa por reconocer que estos trabajadores no son recursos para cubrir necesidades puntuales, sino pilares de la economía y de la sociedad, y que su trabajo merece respeto, seguridad y compensación justa.
Además, la regularización deja fuera a quienes no cumplen los requisitos burocráticos o llegan después del plazo, reforzando una jerarquía que premia la precariedad y castiga la vulnerabilidad. Esto demuestra que el decreto, más que proteger derechos, responde a criterios de eficiencia económica: regularizar solo cuando conviene al mercado laboral y mantener invisibles a quienes no encajan en esa lógica. La explotación se vuelve así una herramienta estructural, disfrazada de política migratoria.
En definitiva, la regularización extraordinaria es insuficiente y limitada. Puede representar un alivio temporal para muchos, pero no corrige la lógica que ha permitido durante décadas que la economía dependa de la vulnerabilidad y el miedo de los trabajadores migrantes. Mientras no se garantice que quienes trabajan sosteniendo el país puedan hacerlo con derechos plenos, salarios justos y seguridad real, la formalización será apenas un espejismo. La lucha real es por dignidad laboral, por poner fin a la explotación y por construir un mercado donde el trabajo de todos se valore, no solo cuando conviene al sistema.
